Las actuaciones aplazadas por el paro en la justicia sobrepasan ya las 5.000
Asociaciones de padres divorciados y abogados alertan del «perjuicio gravísimo» que se está causando a las familias en proceso de divorcio
Los juzgados encaran su tercera semana de huelga indefinida con unos perjuicios cada vez más evidentes. La cifra de actuaciones aplazadas por el paro que mantienen desde el 24 de enero los letrados de la administración de justicia (LAJ), uno de los engranajes cruciales dentro de la administración, sobrepasa ya las 5.000, según precisó Mar Garcerán, portavoz regional de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ).
Los datos facilitados por esta organización, una de las convocantes del paro junto al Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y la asociación independiente de letrados de la administración de justicia, incluyen las cerca de 400 actuaciones que se quedaron en el aire este mismo lunes en una nueva jornada de bloqueo en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que maneja los datos hasta el pasado viernes –no incluye los de este lunes–, cifró en 4.306 las actuaciones las actuaciones aplazadas desde que se inició la huelga. Solo en la última semana no pudieron celebrarse 952 juicios y 1.351 diligencias que estaban señaladas.
En la jurisdicción civil y mercantil, conforme al balance, se suspendieron 320 juicios, en la penal 232, 67 en el orden social y 147 en contencioso administrativo. Además, dejaron de practicarse 169 vistas y 243 diligencias en los registros civiles.
«Ya llevamos diez días de paro con lo que eso supone», remarcó Garcerán, incidiendo en que el Ministerio no se ha sentado con el comité de huelga. Este parón, advirtió, «va a suponer la muerte de la administración de justicia así que cuanto antes se siente a la mesa, antes podremos solucionar este tema».
«Muchos ciudadanos llevan esperando más de un año para un divorcio y ahora tardarán en citarnos otro año o más», alerta la asociación de abogados de Familia
La incidencia de la huelga de los LAJ se está dejando notar en todas las áreas, pero el ámbito de Familia es especialmente sensible. La asociación española de abogados de Familia (Aeafa) explica que se está produciendo una avalancha de suspensiones de procedimientos de divorcio, de fijación de pensiones alimenticias... ya que solo se celebran algunos casos muy urgentes. «El perjuicio es gravísimo», alerta la letrada María Dolores López-Muelas, vocal de la Aeafa. «Muchos de los ciudadanos llevan esperando más de un año y ahora tardarán en citarnos otro año o más». Esta letrada subraya el perjuicio adicional que supone para los ciudadanos el hecho de que no se comunique previamente la suspensión de las vistas u otros trámites. «A los peritos, por ejemplo, hay que pagarles por ir ese día al juzgado».
Reunión de la Sala de Gobierno del TSJ
Ignacio Herranz, abogado y coordinador de la Asociación de Padres de Familia Separados de Murcia, incidió también en que la huelga está creando «situaciones difíciles» en este ámbito. «Los divorcios en Murcia capital están tardando un año mínimo y, si entran en juego los equipos psicosociales, la espera puede llegar a dos», precisó. «Ahora no sabemos cuánto se alargarán. La huelga está siendo la gota que colma el vaso».
Fuentes judiciales subrayaron la «enorme preocupación» del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, por la «grave situación» que atraviesa la justicia murciana. La Sala de Gobierno tiene previsto celebrar mañana una reunión para abordar «un paquete de medidas o recomendaciones para que la afectación a profesionales y ciudadanos sea la menor posible».
«Preocupación por el bloqueo»
La Comunidad exige a Sánchez una solución «inmediata» al paro
El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, exigió este lunes al Gobierno central que adopte las medidas «necesarias e inmediatas» para resolver la huelga indefinida que mantienen los letrados de la administración de justicia. «Estamos muy preocupados por el bloqueo de la actividad judicial como consecuencia de la huelga indefinida», incidió. «Tiene paralizadas actuaciones importantes, como pensiones alimenticias o indemnizaciones económicas».
El consejero de Presidencia mantuvo este lunes una reunión con Mar Garcerán, portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y con José Manuel Martínez Sánchez, representante del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Estas dos organizaciones, junto a la asociación independiente de letrados de la administración de justicia, se encuentran detrás de esta medida de presión que arrancó el pasado 24 de enero.
Ortuño hizo hincapié en que este bloqueo «no solo es cuestión de jueces y abogados, si no que nos afecta a todos y tiene graves consecuencias». Recordó, asimismo, que este «caos» se suma a la endémica falta de jueces y fiscales que sufre la comunidad y que, aseguró, el Ejecutivo regional lleva años denunciando. Estas demandas, sostuvo asimismo, quedaron recogidas en el Pacto Regional por la Justicia que se remitió el pasado año al Ejecutivo central.
Ortuño subrayó que el Gobierno de Pedro Sánchez «es incapaz de ponerse de acuerdo consigo mismo para dar marcha atrás en la chapuza de la llamada 'ley del sí es sí'». Está más preocupado, incidió, «por rebajar las penas a los malversadores y en derogar el delito de sedición que en solucionar los problemas que tiene la justicia en España y particularmente en la Región».
