La Administración regional dará equipos informáticos a los funcionarios que teletrabajen

La Administración regional está a la espera de recibir las propuestas de los representantes de los trabajadores, después de unas primeras reuniones en las que se han sentado unas bases que deben regir el teletrabajo en el área de administración y servicios de la Comunidad, que cuenta con más de 9.000 funcionarios.

Uno de los principios en el que ambas partes están de acuerdo es que el teletrabajo será siempre voluntario y reversible, según informan desde la Consejería de Economía y Hacienda. Además, estará supeditado a las necesidades del servicio y deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

La propuesta que está sobre la mesa de negociación recoge también que la Administración proporcionará a las personas que trabajen en esta modalidad un equipo informático y las aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para su actividad, así como formación específica en el uso de las herramientas técnicas, prevención de riesgos laborales, seguridad de la información y protección de datos en el teletrabajo.

Función Pública y los sindicatos pactaron unas condiciones extraordinarias para ejercer esta modalidad laboral con la aparición de la pandemia y el establecimiento del estado de alarma, lo que provocó que cientos de funcionarios pasaran a trabajar desde casa. Dicho acuerdo expiró en junio del pasado año, y la intención ahora es regularlo de forma permanente para que se pueda seguir practicando más allá de las circunstancias excepcionales que se generaron con la Covid-19.

Casi 1.800 empleados de administración y servicios (aproximadamente uno de cada cinco) llegaron a trabajar desde casa en los momentos más duros de la pandemia. Podían acogerse entonces a ella los funcionarios con hijos menores de 14 años o con dependientes a su cargo, los que pertenecían a grupos de riesgo y los que ocupaban despachos donde no se pueden cumplir las distancias de seguridad.

La intención ahora de Función Pública es ser más restrictiva en la ordenación de esta modalidad, por lo que pretende limitar el personal que pueda optar a ella. Así, por ejemplo, estarán excluidos del trabajo 'online' los que ocupen puestos de trabajo en oficinas de registro, atención directa e información al ciudadano, o los que lleven aparejadas funciones de dirección, supervisión, coordinación de equipos, inspección y control.

Los que ocupen jefaturas de libre designación y secretarías de altos cargos, los que desempeñen tareas que precisen el uso de información y acceso a datos no informatizados y los que generen información masiva en documentos no informatizados que necesiten ser archivados tampoco podrán optar al teletrabajo.

Función Pública quiere excluir también a los que requieran un contacto directo frecuente con el público o con otras personas que resulte incompatible con esta modalidad y cuando no se puedan establecer objetivos y un seguimiento, control y evaluación del trabajo desempeñado desde casa.

La intención de la Administración es realizar convocatorias periódicas para seleccionar a los empleados que puedan acogerse a la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo, e incluso se prevé establecer una lista de espera para el supuesto de que algunos de los empleados seleccionados no llegara a incorporarse por circunstancias extraordinarias.

El ejercicio de esta modalidad será, en todo caso, temporal. En la propuesta de negociación se baraja que la prestación del servicio mediante teletrabajo se autorice durante un periodo mínimo de seis meses y máximo de veinticuatro.

Otra limitación que se prevé fijar es que el tiempo que se dediquen al teletrabajo no podrá superar los tres días por semana, con preferencia a que dichas jornadas se cumplan de modo alterno. El resto de días el funcionario deberá desarrollar su labor de forma presencial y la jornada de trabajo diaria no podrá fraccionarse para su prestación en ambas modalidades.

Función Pública propone también que se establezca un horario fijo de disponibilidad y localización dentro de la jornada laboral, así como mecanismos de control del cumplimiento de jornada y seguimiento de la gestión y trabajos encomendados.