Piden la comparecencia de Valcárcel y Miras en la comisión que investiga el aeropuerto de Corvera

Por parte de Podemos, además de Valcárcel, López Miras y Ballesta, su diputado Víctor Egío añadió que harán lo mismo con «todos los responsables políticos de esta auténtica chapuza», un «cataclismo económico que va a costar a la ciudadanía de la Región de Murcia más de 400 millones de euros», según Egío.

«Casi con toda seguridad la Comunidad Autónoma no va a recuperar ni un solo euro», remarcó también Martínez Baños, debido a que la concesionaria se encuentra en situación de concurso de acreedores.

Desde Vox, Rubén Martínez Alpañez, criticó al Gobierno regional por «falta de transparencia» en relación a la documentación solicitada el pasado 2 de abril sobre el aeropuerto. «Un mes y medio después, no tenemos ni tan siquiera conocimiento de si la aportación está en trámite», dijo.

El diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco acusó a los tres partidos de fracasar «en su campaña de desprestigio del Aeropuerto Internacional de la Región».

«La actuación administrativa de las Consejerías de Fomento y Hacienda fue correcta» en lo referente a los recursos interpuestos por vía administrativa y judicial por Aeromur, la sociedad concesionarias del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Así lo aseguró ayer en la Asamblea Regional, Manuel Pino, letrado de la dirección de los servicios jurídicos de la Comunidad autónoma, que compareció en la comisión de investigación sobre la liquidación y gestión de la infraestructura aeroportuaria. La prueba de ello, según Pino, es que todos los órganos judiciales han dado la razón a la administración autonómica en las 30 demandas administrativas o judiciales presentadas por la concesionaria.

Según Pino, «la sociedad concesionaria incumplió su obligación de poner en funcionamiento el aeropuerto y por eso se optó por resolver el contrato». Además, detalló que la liquidación del contrato se aprobó en 2019 con una valoración de las inversiones de 143 millones y unos daños y perjuicios para la Comunidad de 180 millones, lo que arrojó un saldo a favor de la Administración de 36 millones de euros. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaró caducado el procedimiento, se emitió una nueva liquidación en enero de 2025.

«La sentencia del Supremo no la comparto, pero la respeto», dijo Pino. Explicó que el retraso en la tramitación se debió a los recursos y medidas cautelares presentadas por Aeromur. «La sociedad no facilitó la documentación requerida y obstaculizó la toma de posesión del aeropuerto», añadió el letrado.