El comisario de la CHS niega los cargos sobre la desecación de un río en Lorca
García Garay rechaza ante el juez que permitiera extracciones ilegales en el Turrilla por parte de un ganadero y afirma que se le sancionó por un arroyo
El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Francisco Javier García Garay, negó ayer en el juzgado de Instrucción 7 de Lorca ... haber permitido extracciones ilegales de agua para uso ganadero y agrícola en el río Turrilla, en Lorca, y negó la mayor: no hay tales tomas ilícitas. En una declaración como investigado dentro de la fase de instrucción, el 'número 2' del organismo de cuenca rechazó las acusaciones de Ecologistas en Acción y rechazó haber favorecido los intereses de la empresa propietaria de las explotaciones al omitir la aplicación de la ley.
Así lo aseguraron a LA VERDAD fuentes conocedoras de la investigación y de la Confederación. García Garay aportó, a través de la Abogacía del Estado, documentos acreditativos de la existencia de informes y expedientes sancionadores de la CHS contra Explotaciones Francés SL, cuya sede está en Fuente Álamo, por irregularidades en el uso de caudales, entre ellas no haber usado un contador.
Además, el comisario indicó que la denuncia de los ecologistas parte del error de localizar la toma en el nacimiento del río Turrilla y no en el Arroyo de los Campos, a 6,6 kilómetros de distancia. Se basa en la información de un visor o base de datos digital de la Confederación Hidrográfica.
En estas diligencias por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, la defensa de García Garay incluye que todo gira alrededor de una captación privada que tiene la oportuna concesión de la década de 1950, según el Plan Hidrológico de la cuenca. También este viernes defendió en el juzgado su actuación el jefe de servicio de Policías de Aguas, José Manuel Ruiz, también investigado.
El empresario Fernando Francés admite que careció de contador ocho años, pero alega que usó el tope de agua autorizado
Según las fuentes consultadas, el propietario de la empresa, Fernando Francés, imputado, admitió ante el juez que hasta 2022 no instaló el contador de agua que la Confederación le exigió ocho años antes. Alegó que pensaba que era suficiente con el que había en la finca y que no se le puede atribuir la situación del Turrilla.
Francés, uno de los grandes empresarios ganaderos del Campo de Cartagena, dijo que se ajustó al volumen de aprovechamiento permitido por la CHS (organismo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico); que destinó esos recursos a lo autorizado: 6.000 cabezas de ganado porcino y ovino; y que el agua sobrante se devolvía al medio natural por un aliviadero. Este periódico intentó contactar con el empresario en su mercantil sin éxito.
También comparecieron, como testigos, dos agentes medioambientales y un guarda fluvial de la Confederación. No estuvo presente la Fiscalía. Próximamente declararán, con la misma consideración jurídica, otros tres funcionarios públicos: el coordinador de los agentes y dos responsables de la Guardería Fluvial.
El juzgado recabó indicios de que la mercantil habría abusado de una concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas que bajan desde un manantial de Coy conectado al acuífero Bullas. El permiso de la CHS, para 50 años, fijó un máximo de 126.120 metros cúbicos al año por parte de esa sociedad y de una particular para el riego de 286 hectáreas de cultivos de cereal, vid y olivo y para 5 granjas: cuatro con 6.600 cabezas de cerda con su camada y una con 1.800 cabezas de ovino y caprino.
Bombeo «24 horas al día»
Ecologistas calculó que, con infraestructuras clandestinas, que funcionaban «las 24 horas del día», se bombearon como mínimo 275.000 metros cúbicos anuales, más del doble del tope legal. En la causa consta que, desde el año 2014 hasta al menos el 2022, la CHS exigió a los concesionarios desmantelar las instalaciones irregulares e instalar un contador para el «control efectivo» de las aguas.
Ecologistas en Acción insiste en el «daño grave» al ecosistema
A preguntas de este diario, el abogado de Ecologistas en Acción, José Manuel Muñoz Ortín, mostró su «extrañeza» sobre la localización del nacimiento del río Turrilla hecha por la CHS. Estudiará una eventual «manipulación» de la base de datos. Apuntó que, ayer, un agente medioambiental de la CHS declaró que, según sus averiguaciones, el río nace donde indicó Ecologistas, en la confluencia de Coy con la rambla de Clavijo. Muñoz lamentó que «un servidor público» como el comisario García Garay «no haya querido contestar a nuestras preguntas como acusación particular». Ecologistas atribuye a la CHS «responsabilidad indirecta» por omisión. Sostiene que, al menos desde 2019, la mercantil ha obtenido un volumen de agua «incalculable» y causado «graves daños» al ecosistema. El Seprona denunció la construcción de un dique de retención en el río; la derivación de agua a una balsa, con gomas y una arqueta; el envío de caudales a «múltiples pantanos» de La Paca; y el suministro a granjas de cerdos.
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