La CNMC dice que la norma sobre vehículos con conductor de la Región de Murcia es perjudicial para los clientes

El proyecto de Orden Reguladora de los servicios de alquiler de vehículos turísticos con conductor, los llamados VTC, que diseñó hace unos meses la Comunidad de Murcia, contiene varios preceptos que limitan los derechos de los usuarios, tal y como sostiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe al que ha tenido acceso LA VERDAD. En concreto, este organismo autónomo advierte de importantes restricciones, que de imponerse finalmente acabarían perjudicando a los clientes, como la prohibición de geolocalizar los vehículos por parte de los usuarios, la obligación de contratar el servicio con un mínimo de 30 minutos de antelación y la obligación de que el operador VTC notifique cada viaje a un registro electrónico antes de llegar a realizarlo.

La CNMC considera que tales exigencias no cumplen con los principios de necesidad y proporcionalidad que deben seguir las normas reguladoras de estos servicios, por lo que reclama que por parte de la Administración regional se valore introducir varias reformas en el citado texto legal. Así, pide que se valore la ampliación al ámbito urbano de las autorizaciones para transportes VTC y reconsiderar la obligación de que esos vehículos estén adscritos durante dos años a tal autorización; que se elimine la citada obligación de precontratar el servicio con media hora de adelanto, además de la obligación de comunicación previa de cada viaje; que se permita la contratación por plazas, lo que podría favorecer el cumplimiento de los objetivos de reducción de la contaminación; que se replanteen las limitaciones de geolocalización y de estacionamiento en vías o aparcamientos públicos y la exigencia de disponer de una base en la Región por parte de esas empresas; que se fomente la circulación de vehículos sostenibles sin discriminar entre los prestadores de los servicios de transporte; y que se replanteen, por último, los descansos semanales obligatorios.

En sus razonamientos, la CNMC pone de relieve que una sentencia del Supremo de 2018 ya recogió que era necesario mantener un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbanos –VTC y taxis–, para así garantizar el mantenimiento de estos últimos como un servicio de interés general. Pero añade que tal razón, que podía amparar algunas limitaciones a los vehículos turísticos con conductor, «no constituye una habilitación incondicionada de toda medida que se pueda adoptar, ya que el TS advirtió de que esas medidas «deberán ser necesarias y proporcionadas».

En este caso concreto, señala que «restringir la oferta de un servicio análogo al taxi redunda en contra de los intereses del consumidor al privársele de mayores opciones de movilidad, reducción de tiempos e espera, mayor disponibilidad de servicios y competencia en precios y calidad». Y acaba concluyendo que «el proyecto de orden introduce restricciones a la competencia que no cumplirían los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación», por lo que propone las correcciones antes señaladas.

La inclusión de todas esas recomendaciones en la normativa final supondría un golpe importante para el sector del taxi, que había exigido la imposición de algunas limitaciones a la actividad de los denominados VTC en la Región y que había conseguido que parte de ellas se recogieran en el proyecto de texto legal de la Administración regional.