Seis barrios y pedanías de Murcia concentran las denuncias por okupación remitidas a la Consejería

Lo que sí reflejan ciertas cifras es que el de la okupación es un fenómeno diverso, que en el caso de Murcia no se circunscribe a una zona o a un tipo de vivienda concreto. El municipio capitalino, en consonancia con su población, registra en torno a un tercio de las denuncias vecinales remitidas en la Región al buzón anónimo puesto en marcha por la Comunidad Autónoma. En total, este canal ha recibido por el momento 40 avisos, que pueden parecer pocos para una ciudad del tamaño de Murcia, y de los que tres tercios se concentran en tres barrios y en otras tres pedanías. No están todos los que son pero sí son todos los que están.

Se anota el registro más alto, con siete, la zona de Espinardo. La presidenta de su Junta Municipal, Nuria Pérez, indica que la mayoría de casos que ella conoce se circunscriben a la barriada del Espíritu Santo y a sus alrededores. Considerado como un gueto, se trata de una zona asociada ya de por sí a la delincuencia y al tráfico de drogas. La propia Junta de Gobierno Municipal aprobaba hace unas semanas iniciar el procedimiento para recuperar un piso de promoción pública municipal okupado en la zona. También se encuentra en este grupo de distritos, con cuatro denuncias, el conocido como Polígono de La Paz, barrio que, sin llegar a los niveles de conflictividad del Espíritu Santo, sí guarda ciertos paralelismos con este.

Hasta cinco avisos de este listado presenta El Palmar, la pedanía más poblada del municipio, con cerca de 25.000 habitantes. Sus vecinos volvieron a manifestarse ayer por tercera vez en un mes contra la «inseguridad». Su pedánea, Verónica Sánchez, suma al resto de problemas con los que cuenta la localidad el de la okupación, «algo que no es nuevo», pero que ha dejado varios casos más en los últimos meses. Un ejemplo claro es el de un edificio ubicado en la calle Gloria, propiedad de una entidad bancaria y que ha sido tomado en su totalidad por clanes de etnia gitana, gracias al efecto llamada. «Enfrentamientos con ellos no hay, porque no se les dice nada para no abrir conflictos más graves, pero molestias, sobre todo por ruidos, se generan», indican residentes de la zona. «Le tengo dicho a los vecinos que cuando vean movimientos raros o a alguien merodeando avisen a la Policía, porque una vez que se instalan es difícil desalojarlos; de hecho, hace poco yo tabiqué una entrada de mi bolsillo para evitarlo», concluye Sánchez.

Pero no siempre la presencia de okupas es sinónimo de la existencia de una 'ciudad sin ley' o de problemas de convivencia. La pedánea de Puente Tocinos, Marta Cano, localidad con seis denuncias, resta importancia a la problemática y la circunscribe a puntos específicos. «Muchas de estas personas intentan socializar con el resto y mantener una buena convivencia», añade. Porque el perjuicio que se genera es doble si al de la usurpación de la propiedad se suman los roces vecinales por comportamientos incívicos.

En la misma línea se manifiesta María Pilar Vivancos, pedánea de Cabezo de Torres, pedanía con cinco avisos. No obstante, la Policía Local se ha tenido que presentar hasta en 59 ocasiones en una vivienda de la zona por molestias. «Okupan tanto bloques vacíos de bancos, como viviendas deshabitadas en edificios de toda la vida o casas abandonadas y de huerta», señala Juan José García, presidente de la Junta Municipal de Santiago el Mayor, donde se registran otras cinco denuncias. «Conocemos casos de gente y familias con niños que han okupado porque simplemente no podían pagar un alquiler, pero que han intentado hacer frente a los suministros», explica.

Dos quejas incluye Beniaján. Allí un grupo de residentes reunió 1.200 euros, hace apenas una semana, para convencer a los nuevos e irregulares inquilinos de unos dúplex próximos de que abandonaran estas viviendas. Mejor prevenir que curar, pensarán.