Investigan a ocho trabajadores de una empresa de desokupas por el desalojo violento de un edificio de La Alberca

Agentes de la Policía Nacional de Murcia investiga a ocho trabajadores de una empresa de desokupación que el pasado viernes 12 de enero intentaron desalojar de forma violenta a los inquilinos una decena de viviendas de un edificio de cuatro plantas situado en la calle Lope de Vega, en la pedanía murciana de La Alberca.

Además, según fuentes policiales, de los ocho detenidos, a los que se les tomó declaración en dependencias de la comisaría del Carmen, en Murcia, este miércoles por la tarde estaban citados otros tres empleados de la empresa y previsiblemente se sumarán a la lista de investigados por los presuntos delitos de allanamiento de morada y coacciones. No se descarta que además se le impute a uno de ellos otro delito de robo con fuerza al sustraer un terminal móvil en una de las casas. El supuesto robo fue captado por una cámara de seguridad que había instalada en el domicilio. También prestaron declaración en calidad de testigos varios vigilantes de seguridad privada que participaron en el intento de desalojo.

Los vecinos denunciaron que comenzaron a escuchar golpes en el rellano del edificio sobre las nueve de la mañana y al poco, un grupo de hombres, algunos de ellos encapuchados, entraron a sus casas y les obligaban a salir a la calle por la fuerza al grito de «¡fuera, fuera!». En algunos casos, llegaron a agredir a los inquilinos.

«Han entrado reventando la puerta de mi casa. Han ido a por mi hijo, que tiene 17 años, le han tapado la boca, le han cogido del cuello y lo han sacado a la calle descalzo», explicó a LA VERDAD, Rosa María, una de las vecinas afectadas.

Esta residente niega que hayan ocupado las casas y mantiene que pagaban un alquiler hasta que la persona que acudía para recibir la mensualidad dejó de cobrarles hace dos años. «No somos ocupas. Firmamos un contrato con la promotora. Pagábamos un alquiler con opción a compra, hasta que la persona que venía a cobrar dejó de hacerlo hace más de dos años, porque la empresa quebró. Pero tenemos recibos de los pagos efectuados por transferencia, recibos de la luz y del agua», afirmó la pareja de Rosa María.

La abogada de otra vecina afectada por el intento de desalojo forzoso informó que las viviendas están en un proceso de lanzamiento. «La empresa propietaria del bloque quebró y vendió el edificio a un fondo buitre en 2020. Durante un periodo de tiempo no se requirió el pago de los alquileres, ya que se inició un procedimiento judicial de desahucio». Explica que tras recibir la demanda, presentaron al juzgado el contrato de arrendamiento y un certificado de empadronamiento. «Entendemos que no procede el desahucio y el caso se encuentra en apelación». La letrada señala que en virtud de la nueva ley de desahucios es probable que se paralice el desalojo hasta 2025. «Ante esto, el fondo buitre ha querido actuar por las bravas, y asustar a los vecinos para que se vayan».

Por su parte, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se sumaron a la denuncia de los residentes y expusieron que los empleados de la empresa pudieron cometer delitos, además de allanamiento y coacciones, el de agresiones, amenazas y daños.

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