Huermur acude al ministro Torres ante la desprotección de los muros de la Cárcel Vieja de Murcia
Anuncian que llevarán el caso ante la ONU, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo si no se rectifica
LA VERDAD
Martes, 22 de julio 2025, 13:54
La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) y la Asociación para la Memoria del Sureste presentaron sendos recursos de alzada dirigidos personalmente al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para exigir la protección completa e íntegra de la Antigua Prisión Provincial de Murcia, conocida como la Cárcel Vieja. Ambas entidades denunciaron que la reciente declaración del inmueble como Lugar de Memoria Democrática, publicada en el BOE el 20 de junio, deja implícitamente sin protección la mayor parte de sus muros perimetrales, pese a estar documentado que en ellos se llevaron a cabo más de 520 fusilamientos durante la dictadura. Una resolución que fue firmada una semana después de que el ayuntamiento y la Delegación del Gobierno anunciaran públicamente que ya estaba firmada.
Huermur y los colectivos memorialistas advirtieron de que permitir la demolición de esos muros sería una violación frontal de la Ley de Memoria Democrática y un atentado contra el patrimonio histórico de la ciudad. Los recursos denuncian que la resolución ministerial publicada en el BOE reduce la protección a simples «tramos ilustrativos» de fachada, permitiendo implícitamente que el resto sea derribado por el ayuntamiento. «Una cárcel sin muros no es una cárcel, y mucho menos un verdadero lugar de memoria y monumento histórico», afirmó el presidente de Huermur, Sergio Pacheco.
Ambas entidades remarcan que los muros no son un elemento arquitectónico cualquiera, sino el soporte físico y simbólico del horror y la represión de la dictadura franquista, y recuerdan que la propia resolución ministerial reconoce expresamente como hechos probados que en ellos se ejecutó sumariamente a más de medio millar de personas. «¿De qué sirve declarar un lugar de memoria si se permite destruir el escenario exacto de los crímenes?», se preguntaron las asociaciones.
El caso ha generado una creciente alarma en el ámbito patrimonial y memorialista, más aún tras confirmarse que el Ayuntamiento de Murcia había iniciado las obras que prevén el vaciamiento del edificio y el derribo total de los muros carcelarios, mientras ha abierto un restaurante con terraza en el interior del recinto penitenciario, «banalizando su valor histórico y despojándolo de todo contexto represivo».
Los recursos muestran que en otros lugares de España sí se protegieron de forma íntegra espacios similares. Es el caso de la tapia del Cementerio del Este (Almudena) en Madrid, donde se ejecutaron a miles de personas durante el franquismo. En ese lugar, el Estado ordenó conservar toda la estructura como testimonio de la represión. «¿Por qué allí se protege todo y en Murcia se permite el derribo casi completo? ¿Por qué un patrimonio merece más que otro?», se preguntaban desde las entidades.
Huermur y la Asociación para la Memoria del Sureste advirtieron que si el ministro Ángel Víctor Torres no actúa para modificar la resolución publicada en el BOE el pasado 20 de junio y proteger íntegramente los muros y patios de la prisión, llevarán el caso ante organismos internacionales como el Comité contra la Tortura de la ONU, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH), el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo. Afirmaron que «ya se han preparado los primeros informes para denunciar la actuación del Ministerio y del Ayuntamiento de Murcia por obviar la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos y memoria histórica».
«Esto no es una simple discrepancia técnica», señalaron. «Estamos ante un caso gravísimo de desmemoria institucional que banaliza los crímenes de la dictadura y pisotea los derechos de las personas represaliadas y el propio patrimonio histórico. Si no se frena, se sentará un precedente inaceptable para toda España». En el recurso presentado se solicita la protección íntegra de los muros originales en su trazado, forma y continuidad, la conservación de los patios carcelarios donde se produjeron fusilamientos, la paralización inmediata de cualquier obra de derribo o sustitución, la revisión del proyecto financiado con fondos europeos para excluir toda actuación destructiva, la reposición de los tramos ya derribados en febrero de este año, y la adopción urgente de medidas cautelares para evitar más daños mientras se resuelve el procedimiento.
En el propio recurso presentado ante el ministro, solicitaron expresamente medidas cautelares en vía administrativa, consistentes en la paralización inmediata de cualquier actuación que conlleve el derribo total o parcial de los muros de la prisión. Huermur y la Asociación para la Memoria del Sureste advirtieron de que «si el Ministerio no adopta dichas medidas de forma urgente, se interpondrán nuevas acciones judiciales inmediatas, en defensa de la legalidad, el patrimonio y los derechos fundamentales vulnerados».
Las asociaciones también recordaron que fue el propio Secretario de Estado de Memoria Democrática quien, el pasado mes de febrero, tras las presiones públicas, denuncias y advertencias de colectivos memorialistas y entidades patrimoniales, ordenó la paralización de los derribos de los muros de la prisión, reconociendo expresamente su valor y la necesidad de preservar su integridad. Por ello, afirmaron que «no entienden que ahora, apenas unos meses después, se firme una resolución que permite de forma implícita su demolición, cediendo de facto a los intereses del Ayuntamiento de Murcia». «Derribar los muros de la Cárcel Vieja es borrar la historia y nuestro patrimonio con una excavadora. No lo vamos a permitir» concluían.
