Familiares de dos fallecidos en el incendio de Atalayas ratifican la querella contra dos concejales del Ayuntamiento
La jueza deberá decidir, una vez formalizada la denuncia, si la admite e inicia diligencias de investigación, la devuelve al juzgado donde se interpuso o la archiva definitivamente
Los familiares de dos de las 13 víctimas mortales en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Atalayas el 1 de octubre del año pasado acudieron este martes a los juzgados de Murcia, acompañados por su abogado José Manuel Muñoz, para ratificar la querella contra el concejal de Urbanismo de Murcia, Antonio Navarro, del PP, y su predecesor, Andrés Guerrero, del PSOE, por presuntamente haber permitido el funcionamiento de los locales pese al supuesto incumplimiento de distintas normativas urbanísticas y de seguridad. La denuncia va dirigida también contra tres funcionarios municipales por su posible responsabilidad en la tragedia, como son el inspector del Servicio Técnico de Obras, el jefe de servicio de Prevención de Incendios y el jefe de servicio de Intervención y Disciplina de Actividades del Consistorio.
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La querella fue presentada inicialmente en el juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, que tras admitirla a trámite, se inhibió en favor del juzgado de Instrucción número 3, que es el que entiende de la causa. La jueza abrió una pieza separada y será ahora, una vez que ratifiquen la querella los dos familiares, cuando decida si la admite e inicia diligencias de investigación; si la devuelve al juzgado inicial, o si finalmente la archiva.
«Cada vez que se investiga un poco más, vas descubriendo la responsabilidad que tuvieron los órganos administrativos en los hechos ocurridos. El ingeniero encargado del proyecto para dividir Teatre declaró que antes de proceder a la colocación del panel divisorio, el Servicio de Prevención de Incendio informó favorablemente, y eso es una barbaridad. Se consideró la puerta que comunicaba un local con otro como salida de emergencia, cuando esas puertas nunca pueden ser una salida de emergencia porque no dan al exterior, a la calle, que es el único lugar seguro», ejemplificó Muñoz. El abogado señaló como otras irregularidades incluidas en la querella el hecho de que en Fonda Milagros solo hubiese una escalera, «cuando por aforo debía tener dos, o que desde 2013 la discoteca funcionara sin licencia. A eso tendrían que responder los querellados».
«Seguimos igual de mal o peor»
Jairo Correa y Kelly Gómez, el padre de Leidy Paola y la hermana de Kevin Alejandro, respectivamente, indicaron en la puerta de la Ciudad de la Justicia que a pesar de los meses transcurridos, la pena y la tristeza que sienten es aún mayor que cuando perdieron a sus familiares. «Estamos muy tristes, acongojados. Seguimos igual de mal o peor porque tampoco hemos notado que la Justicia esté haciendo mucho. Y lo que deseamos es que se haga justicia y las entidades que tienen responsabilidad en esto respondan. En este caso, que quienes hayan sido responsables de esto, en su totalidad, lo paguen y cumplan legalmente con lo que tengan que cumplir. Especialmente el Ayuntamiento de Murcia», explicó Jairo.
El Consistorio sostiene que «las declaraciones no aportan nada nuevo»
El Ayuntamiento de Murcia emitió un comunicado este miércoles para afirmar que «las declaraciones realizadas hoy por un letrado personado en la causa judicial por el incendio de la discoteca de Atalayas, frente al que el Consistorio ya anunció la interposición de acciones legales como consecuencia de acusaciones rotundamente falsas de destrucción de pruebas, no aportan nada nuevo al procedimiento».
El Ayuntamiento de Murcia aseguró que «ha aportado todos los expedientes administrativos referentes al incendio de la discoteca en la zona de ocio de Atalayas, tal y como ha certificado la juez instructora de la causa de forma reiterada en diferentes autos» y señaló que «la vista de la investigación y de la documentación obrante en autos, hasta en dos ocasiones la juez ha señalado de forma contundente la inexistencia de 'las mínimas sospechas razonables de que las acciones de los responsables del Ayuntamiento de Murcia' sean constitutivas de lícito penal, rechazando así la apertura de una pieza separada».
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