Destinan más de 3 millones a 4.000 ayudas familiares para abonar agua, luz y alquiler

Los últimos datos oficiales sobre la pobreza en Murcia demuestran que el municipio está por debajo de la media regional. De hecho, desde que se puso en marcha en 2016 la Red para la Inclusión Social del Ayuntamiento, coordinada por Servicios Sociales, la tasa de riesgo de pobreza ha descendido siete puntos en la ciudad, del 28,7 al 21,6% que presentó en 2018. Igualmente ha sucedido con la tasa Arope, que aglutina datos de pobreza, privación severa de material y falta de trabajo. Este indicador se situaba en el 31,4 en 2016 y ha bajado hasta el 27,7. Son datos del último informe regional de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región (EAPN), que demuestran que «algo está haciendo bien el Consistorio y eso hay que ponerlo en valor», reconoce su vicepresidente, Pedro López; y entre esas cosas que el Ayuntamiento ha mejorado, cita el refuerzo que se ha hecho en atención primaria y en concesiones de la renta básica de inserción.

Las ayudas económicas de emergencia social, destinadas al pago del alquiler, de alimentación básica, para adquisición de electrodomésticos o reparaciones en el hogar, incluso para pagar deudas de consumo energético, alcanzaron en 2018 un total de 4.085. Todas esas inyecciones de liquidez a las familias que más lo necesitan sumaron un importe total de 3.326.815.

Estos bonos, unidos a las tarifas reducidas de Emuasa para familias en riesgo de exclusión, «han sido una buena práctica, porque hemos visto que se ha avanzado en la reducción de la pobreza hídrica y energética», felicita López al Consistorio. En 2018, el Fondo Social de Emuasa dio de alta 4.485 contratos de tarifa plana exenta de impuestos, por cinco euros mensuales, para el recibo del agua. También se emitieron 830 acreditaciones de consumidores vulnerables, en el marco del convenio con Iberdrola.

Por su parte, la renta básica de inserción, cuya gestión y pago depende de la Comunidad a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), alcanza ya a 2.100 familias del municipio. El importe dedicado a esta prestación en la capital es de 5,9 millones de euros. En muchas ocasiones, son las entidades sociales quienes ayudan a tramitar la renta básica a las familias. En este sentido, López incide en que su gestión supone una «excesiva carga burocrática. Es un proceso muy farragoso, un laberinto insuperable para muchas familias que hace que abandonen su solicitud».

Además de estas ayudas, el Consistorio también invierte en bonos de transporte público gratuitos para familias sin recursos, que en 2018 sumaron un importe de 52.279 euros. También gestiona la adquisición de fármacos, que alcanzó un montante de 15.000 euros, y realiza programas de atención social de diversa índole. Por ejemplo, en 2018, Servicios Sociales registró intervenciones con 191 adultos y 101 menores de familias que requerían inserción social y acompañamiento profesional.

También se realizaron 530 informes de arraigo social para inmigrantes que cumplían los requisitos de regularización. «Aunque esta medida no tiene un coste directo, supone un paso significativo en el proceso de regularización de los solicitantes y de su acceso al empleo», explican fuentes municipales.

Pero no todo son felicitaciones. El vicepresidente de EAPN, una red que integra a 36 entidades de toda la Región, señala que a pesar del trabajo bien hecho, todavía hay cuestiones relacionadas con la lucha contra la pobreza que les preocupan, «porque se están volviendo muy crónicas y no vemos que se revierta la situación».

Se refiere, por ejemplo, a la territorialidad que se asocia a la exclusión. «La población más vulnerable se concentra en dos barrios de la ciudad, La Fama y La Paz, y en determinadas pedanías, como Patiño o Espinardo. Ya en el siglo pasado, estos eran territorios vulnerables y los planes municipales que se han desarrollado hasta ahora no han sido capaces de cambiar eso».

Además de este, a las entidades también les preocupa «muchísimo» la pobreza infantil. En el municipio, un 28,9% de los niños están en riesgo de sufrirla. «Aquellos menores que están creciendo en un entorno vulnerable son los candidatos perfectos para padecer carencias en el futuro». En este sentido, dice López que echan de menos «más ayudas para comedores escolares en periodo no lectivo, para acceso a materiales educativos, o para garantizar que las familias puedan comprar alimentos frescos de calidad». Por su parte, el Consistorio apuntó que, en lo que va de año, se han concedido 800 ayudas para comedores escolares y de verano, apoyo a la escolaridad, actividades extraescolares y campamentos, con un importe superior a los 500.000 euros.

A todas estas cuestiones se suma otro reto municipal, según López, que tiene que ver con la «crisis de asequibilidad de la vivienda, y con esto queremos decir que el parque de alquiler público es muy reducido y que el privado, para familias sin recursos, es cero. Esta realidad aboca a las familias a seguir en esos barrios que comentábamos antes, en los que los precios son más bajos porque se mantiene esa situación crónica. Otras, que ni siquiera pueden acceder a eso, quedan relegadas a los asentamientos de chabolas».

Que el municipio continúe trabajando para la erradicación de la pobreza supone, para López, que todos los agentes sociales se impliquen -«no solo la Administración y las entidades, también los empresarios»- en un trabajo coordinado, con menos burocracia, «participativo y evaluable».

Además de las entidades sociales que se coordinan con el Ayuntamiento, 40 unidades de trabajo social trabajan para erradicar la pobreza en el municipio. Ellas son las encargadas de informar, orientar y tramitar las prestaciones sociales, pero también desarrollan otros proyectos relacionados salud mental, adicciones, desempleo, rupturas familiares, aislamiento social o pérdida de la vivienda. La red se completa con dos oficinas para la atención de personas sin hogar y un equipo de emergencia social.