«Han tirado las puertas abajo y nos han echado a la calle a la fuerza»

Reventando puertas con marros y al grito de «¡todos fuera!». De esta manera, un grupo de unos diez hombres, empleados de una empresa dedicada al desalojo de viviendas, intentaron desocupar este viernes una quincena de viviendas de un bloque en la calle Lope de Vega, en la pedanía murciana de La Alberca. Los vecinos comenzaron a escuchar golpes en el rellano del edificio sobre las nueve de la mañana. Al poco, vieron cómo saltaban por los aires las cerraduras y sistemas de seguridad de las puertas de sus casas. Varios grupos de entre tres y cuatro personas, algunas de ellas con capuchas y el rostro cubierto, entraban a sus casas y les obligaban a salir a la calle por la fuerza. En algunos casos, llegaron a agredir a los inquilinos.

«Han entrado reventando la puerta de mi casa. Han ido a por mi hijo, que tiene 17 años, le han tapado la boca, le han cogido del cuello y lo han sacado a la calle descalzo», explica Rosa María, una de las vecinas de la segunda planta, mientras observa los destrozos en su casa.

Los vecinos, que aseguran que al menos otras dos personas han sido agredidas, niegan que hayan okupado las casas y mantienen que pagaban un alquiler hasta que la persona que acudía para recibir la mensualidad dejó de cobrarles hace dos años. «No somos okupas. Firmamos un contrato con la promotora. Pagábamos un alquiler con opción a compra, hasta que la persona que venía a cobrar dejó de hacerlo hace más de dos años, porque la empresa quebró. Pero tenemos recibos de los pagos efectuados por transferencia, recibos de la luz y del agua», explica la pareja de Rosa María. «Vamos a denunciar a esta empresa. Han pegado a la gente, han destrozado más de diez casas, lo han registrado todo. Se han llevado móviles, joyas y objetos de valor. Ha irrumpido de forma ilegal en las viviendas con nuestras familias, niños y personas mayores dentro», declara Francisca, otra residente en un piso de la primera planta del edificio.

Una vecina que tiene su casa en la tercera planta del bloque se queja con angustia de que cuando irrumpieron en su casa, su madre de 94 años estaba sola, durmiendo en una habitación y pasó mucho miedo. «La he tenido que medicar para que se tranquilice. Se asustó mucho al escuchar cómo tiraban la puerta abajo y entraban a su cuarto cuatro tíos grandes gritando. Lo que ha vivido ha sido una película de terror y podía haberle dado algo», lamenta la mujer.

Fue tal es escándalo que se formó que desde la calle el vecindario se alarmó por los golpes que se escuchaban. «Han empezado a dar golpes, hemos salido a la calle y hemos visto a varios hombres apostados en la puerta del edificio. Mientras, dentro se escuchaba cómo tiraban las puertas abajo y gritos. Luego ha salido una joven diciendo que habían pegado a su hermano menor de edad. También han golpeado a otro chico que tiene una enfermedad mental. Al poco, han empezado a llegar familiares de los que viven en el edificio y el ambiente se ha empezado a caldear, porque los de la empresa de desokupas estaban en el bloque y han empezado a gritarles e insultarles».

Ante la tensión que se estaba viviendo, varias patrullas de la Policía Nacional, entre las que se encontraban agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), acudieron al edificio y desplegaron un amplio dispositivo para calmar los ánimos en la zona. Asimismo, en una de las viviendas de la última planta del bloque, los agentes hallaron un centenar de plantas de marihuana y útiles para su cultivo.

La abogada de una vecina afectada por el intento de desalojo forzoso explica que las viviendas están en un proceso de lanzamiento. «La empresa propietaria del bloque quebró y vendió el edificio a un fondo buitre en 2020. Durante un periodo de tiempo no se requirió el pago de los alquileres, ya que se inició un procedimiento judicial de desahucio». Explica que tras recibir la demanda, presentaron al juzgado el contrato de arrendamiento y un certificado de empadronamiento. «Entendemos que no procede el desahucio y el caso se encuentra en apelación». La letrada señala que en virtud de la nueva ley de desahucios es probable que se paralice el desalojo hasta 2025. «Ante esto, el fondo buitre ha querido actuar por las bravas, y asustarlos para que se vayan».

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