Desalojan el poblado chabolista de La Fica de Murcia, dejando parte del asentamiento

El dispositivo policial comenzó a desplegarse este martes en la zona desde las 8 de la mañana. Lo primero que se encontraron estos efectivos cuando llegaron a la zona es que prácticamente la totalidad de las chabolas divisables desde el camino de huerta, habitadas fundamentalmente por inmigrantes búlgaros, ya habían sido desmanteladas. Mientras, un par de moradores de origen africano hacían portes, con la ayuda de un carrito de la compra, para sacar del terreno parte de los materiales y restos allí acumulados.

«Ellos no tienen culpa de nada y han sido muy asertivos; este lunes les estuvimos pidiendo, por favor, que se marcharan porque el Ayuntamiento amenazaba con ejecutarnos subsidiariamente la limpieza con un coste de 40.000 euros y han colaborado con nosotros, empezando ellos mismos a recoger; ya llevamos dos contenedores», indicaba una de las propietarias de la parcela, Trinidad Salazar, dispuesta a acometer ella misma y sus familiares las labores una vez que el terreno se encontrara despejado.

De hecho, la salida de los ocho ocupantes que permanecían en este primer terreno ha sido pacífica y han colaborado en todo momento con la Policía y los servicios del Consistorio. Intervinieron en el dispositivo 18 agentes municipales, una veintena de efectivos de Policía Nacional y nueve trabajadores del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (Semas), que realizaron 21 entrevistas para tratar de desviar a los ocupantes a otros recursos. Finalmente, la maquinaria de la empresa contratada por el Ayuntamiento para ejecutar este tipo de tareas de limpieza entraba a la zona.

Hizo posible este desalojo la orden judicial emitida tras el procedimiento puesto en marcha para ello por la Concejalía de Urbanismo, dadas las condiciones de insalubridad detectadas en este enclave y el riesgo para la seguridad que presentaba, acreditado por los sucesivos incendios registrados en él. Queda, sin embargo, pendiente la actuación en la parcela existente a espaldas de aquella donde se ha actuado y donde residen otra veintena de personas.

«Nos ejecutan a nosotros, pero dejan el terreno colindante sin tocar, lo cual, además, puede facilitar que nos vuelvan a ocupar; no es justo», defendía Trini Salazar. Confirman desde el Consistorio que se trata en este caso de un solar también de propiedad privada y que habrá que reactivar el procedimiento que pesa sobre este para desmantelar el asentamiento. «No se tramitó en su momento, porque se constató que no había ocupantes, pero se deben haber instalado en fechas recientes», indican desde el Consistorio.

«Asentamientos de este tipo [abiertos y con estructura de poblado], no quedan muchos en el municipio; quizás este sea el último», explicaba Eugenia Varea, trabajadora social del Consistorio, señalando que el perfil de la población que los ha venido habitando tradicionalmente se ha desplazado hacia viviendas ocupadas. «Enclaves como el que hoy desalojamos generan problemáticas sociales y de seguridad ciudadana, porque acaban asociados a conductas que deben ser abordadas como la explotación de mujeres a través de la prostitución, matrimonios forzados de menores con personas adultas o el riesgo para la salud por la situación de insalubridad», apostillaba José Morales, coordinador del Semas.