Choque vecinal en un edificio de Murcia por el cambio de un histórico ascensor de posguerra

No todos los residentes avalan esta propuesta y, de hecho, varios de ellos llevan años dando la batalla, administrativa y judicial, para tratar de frenar lo que consideran un «atentado patrimonial» –a punto de consumarse– y que, defienden, «ni siquiera se encuentra permitido por la ley». Señala una propuesta de protección para este elemento, elaborada por el arquitecto Jerónimo Granados, que es este «uno de los ascensores más antiguos conservados en la ciudad», que mantiene tanto un importante valor cultural e histórico –como testigo de una época y de la exclusividad asociada a una alta clase social– como tecnológico e industrial.

De hecho, fue fabricado por una de las grandes empresas de producción nacional de ascensores, Jacobo Schneider –fundada a finales del siglo XIX y absorbida más tarde por la estadounidense Otis–en base a la patente del ingeniero alemán Auguste Stigler. Artilugios como este se instalaron en edificios emblemáticos de Madrid, como el Congreso de los Diputados, el Palacio Real o el Círculo de Bellas Artes. Esta relevancia tampoco había pasado desapercibida en el ámbito regional, ya que el citado estudio fue incluido en las XXVII Jornadas de Patrimonio Cultural, celebradas en 2021.

Seña de identidad de este diseño es un sistema a la vista, gracias a un cerramiento de rejería metálica –con llamativas formas geométricas– que dejaba pasar la luz a las zonas comunes y que estaba rematado con una cabina de madera. Concluye el informe que «su desaparición o alteración desvirtuarían la imagen y percepción espacial del corazón del edificio», terminado en 1941 y que se encuentra catalogado dentro del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (Pecham) con grado 2 o protección estructural.

Todo ello hace pensar a los propietarios partidarios de su mantenimiento que el ascensor se encontraba igualmente cobijado bajo el paraguas de esta figura, a pesar de que este elemento no aparezca recogido expresamente en la ficha de protección, como si lo hace, por ejemplo, la gran lámpara del Cine Rex. Por ello, no dieron crédito cuando la comunidad de vecinos aprobó en 2021 sustituir el elevador por uno nuevo, una vez que varias inspecciones determinaron su necesaria adaptación a la normativa actual de seguridad.

Vino esta decisión seguida de una obra para colocar un cerramiento traslúcido en el hueco del ascensor, retirando parte de la rejería, «sin título habilitante para ello», según denuncia Pablo Mauriño, historiador de formación y uno de los vecinos litigantes. Iniciaron entonces estos una carrera para que se reconociera expresamente la protección del elevador y que se sustanció en una petición a la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma.

El inicio de este procedimiento motivó la suspensión de la licencia de obra concedida más tarde para el cambio de cabina. Esta paralización se estimó una vez que la Consejería consideró protegido el ascensor e instó al Ayuntamiento a incluirlo en la ficha del Pecham en marzo de 2023. Incluso el Servicio municipal de Arqueología asumió «la necesidad de conservación, en la medida de lo posible, de su aspecto estético, manteniendo las condiciones de seguridad».

Buscaron entonces estos vecinos opciones, de la mano de la empresa Fain, para adaptar el elevador a la normativa conservando el diseño. Sin embargo, recientemente, la Consejería cambió de criterio y revisó su propia decisión, señalando que «el ascensor nunca formó parte del catálogo de protección», lo que llevó al Consistorio a levantar la citada suspensión.

Los comuneros partidarios de la sustitución, hartos de lidiar con un ascensor precintado, optaron entonces por acelerar el cambio de cabina por una más moderna, apelando al cumplimiento de la normativa de accesibilidad en favor de un propietario enfermo, que, según Mauriño, no vive en el edificio. Mientras, la cabina original aguarda en estos momentos en el descansillo de la quinta planta a su retirada definitiva. «Queremos conservarla y musealizarla», señala un portavoz de la parte mayoritaria de la propiedad. «Lo que procede es restituirlo todo», zanja Mauriño. El conflicto continúa.