El buzón obligatorio para denuncias en instituciones arranca a medio gas en Murcia
El ejecutivo de Ballesta reponsabiliza al anterior equipo de gobierno del retraso que acumula la entrada en vigor de este servicio
El nuevo buzón ético para denuncias ciudadanas anónimas, que las instituciones públicas y las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a implantar ... desde el pasado 13 de junio, según la normativa, ha arrancado en la Región de Murcia con distintas velocidades. Mientras algunos ayuntamientos se pusieron las pilas incluso antes de la entrada en vigor de la ley que obliga a activar este servicio, otros consistorios aún se escudan, tres meses después, en el trabajo que se dejaron por hacer en esta materia los anteriores equipos de gobierno municipales para justificar el retraso. En otros casos, como la Comunidad Autónoma, ni siquiera se ha facilitado la información solicitada al respecto, a pesar de que el llamado Buzón del Informante de la Comunidad se creó en el Consejo de Gobierno del pasado 18 de mayo.
Las empresas obligadas a implantar este nuevo canal de denuncias son una minoría en la Región, ya que las firmas murcianas con plantillas por encima de 50 empleados apenas rondan el 1% del total. Según la patronal Croem, «en su día se mandaron circulares con toda la información al respecto, y nos consta que la mayoría de las empresas afectadas por esta medida ya tienen el buzón en marcha».
Una de las primeras instituciones públicas en implantar el buzón fue la Delegación del Gobierno en la Región, «mucho antes de que naciera la obligatoriedad de la medida», indican fuentes del organismo. Y matizan que se trata de un canal «tanto de denuncia anónima ciudadana como de denuncia interna». Y, hasta ahora, «no se ha recibido denuncia alguna».
Desde el Consistorio dicen que «la Concejalía de Gobierno Abierto ya está trabajando para cumplir la obligación legal»
Otra de las instituciones que se apresuró a poner en marcha este sistema, por el que se pueden tramitar quejas y denuncias de ciudadanos y proveedores, fue el Ayuntamiento de Cartagena. «No se ha recibido ninguna denuncia susceptible de investigación desde que se puso en marcha el buzón, en junio», aseguran fuentes del consistorio cartagenero.
Más de cinco años en Lorca
El buzón, que ya funcionaba en algunos organismos del Estado como la Agencia Tributaria o la Inspección de Trabajo, también está operativo desde mucho antes de la entrada en vigor de la ley en el Ayuntamiento de Lorca, donde presumen de llevar más de cinco años con este canal integrado en la Administración local, con un plazo máximo de respuesta al ciudadano que oscila entre los 30 días y los tres meses. El año pasado, el Ayuntamiento de Lorca recibió un total de 59 sugerencias y 104 reclamaciones a través de este buzón.
La cosa parece ir más lenta en los ayuntamientos de Murcia y de Molina de Segura. En ambos casos, fuentes municipales culpan a los anteriores equipos de gobierno (PSOE) de no hacer las gestiones necesarias para tener activo el servicio desde junio. «Si ese canal de denuncias tenía que funcionar desde el 13 de junio, el equipo de Gobierno de entonces no inició ningún trámite para ponerlo en marcha. Cabe recordar que la actual Corporación tomó posesión el 17 de junio. La Concejalía de Gobierno Abierto está trabajando ya para poner en marcha el buzón lo antes posible y cumplir así la obligación legal», indican fuentes del Ayuntamiento de Murcia.
Tres cuartas partes de lo mismo ocurre en el Ayuntamiento de Molina de Segura, gobernado ahora por la coalición PP-Vox. En este caso, la puesta en marcha del servicio solo está pendiente del nombramiento de la persona responsable, que se realizará en los próximos días, «por lo que se prevé que el buzón esté operativo sin mayor dilación».
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