El Ayuntamiento de Murcia se enfrenta de nuevo a una demanda por el ocio nocturno

En el primero de los casos, son los vecinos de la calle Santa Quiteria los que, hartos de no poder descansar, han presentado una demanda contra el Ayuntamiento que está en trámite en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Murcia, personalizada en uno de sus afectados. El procedimiento abierto se basa en la vulneración de los derechos fundamentales, de la intimidad personal y familiar y de la inviolabilidad domiciliaria por supuesta inactividad municipal en el control del ruido en esta calle. Esta vía estrecha de Santa Eulalia tiene una de las mayores, si no lo mayor, concentración de bares del casco histórico: cinco, a los que se suman otros en calles adyacentes. Por ello, además de l ruido de los bares en sí, los vecinos tienen que soportar las voces de sus clientes a las puertas de los establecimientos, según relatan a LA VERDAD.

«Por aquí viene mucho público joven porque son bares baratos, y sobre todo durante los fines de semana no hay tranquilidad hasta pasadas las 4 o 5 de la madrugada», apunta el vecino que ha presentado la demanda, cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato. Lleva dos años viviendo en esta calle y antes de dar el paso y poner la demanda ha llamado a la Policía Local y presentado quejas al Ayuntamiento.

«A raíz de la presentación de la demanda, sabemos que ha habido inspecciones en cada negocio, y pese a estar catalogada esta zona en la ordenanza de ruidos como zona de protección especial acústica, no se aplica», añade. Asegura que tiene peritado un cuadro médico «de ansiedad, insomnio y estrés».

El presidente de la asociación No más Ruido, Pedro Pérez Piernas, tiene claro que la única solución es sacar este tipo de establecimientos del centro de la ciudad o de los barrios. Además, considera que el Ayuntamiento «no es contundente a la hora de ejecutar la suspensión de las actividades cuando hay incumplimientos». También critica que la Comunidad Autónoma no tenga aún aprobada («siendo de las pocas que no tiene») una normativa de espectáculos públicos «que regule este tipo de negocios».

La denuncia llegó al juzgado el 18 de enero y el Ayuntamiento ha presentado el expediente administrativo abierto y formulado alegaciones de fondo y forma pidiendo la inadmisión del recurso; negando por un lado que exista inactividad municipal y, por otro lado, la inadecuación del procedimiento empleado.

Fuentes municipales explican que ante las quejas vecinales recibidas, el Servicio de Actividades ha realizado inspecciones en los locales y les han pedido que instalen carteles pidiendo que se respete el descanso vecinal y no se consuma en la calle a los que no los tenían colgados. A la vez, «se ha incrementado la presencia policial». «Desde los servicios municipales se está actuando con un aumento de las inspecciones y se ha instalado un sonómetro en la zona para controlar los niveles de ruido que se registran en distintas franjas horarias», concluyen.

María (nombre ficticio) es la hija de una de las familias de la calle Juan Ramón Jiménez, del barrio Infante Juan Manuel, que sufre el impacto de la música alta y el ruido del aire acondicionado de un local de copas abierto en el bajo comercial del edificio donde vive. Dos años lleva soportando este problema, que ha plasmado en una redacción escolar. La familia se mudó al barrio después de la pandemia «a una casita que reformamos, y al principio estaba muy contenta», pero los problemas comenzaron con la apertura del local, que llevaba años cerrado. «Pone reguetón todas las noches; he perdido la cuenta de las que llevo sin dormir porque la música sube por el techo de la discoteca». Además, justo al lado de su habitación está la máquina de aire acondicionado «cuyo ruido es insoportable». María también siente lástima por su hermano «que madruga mucho y tampoco puede dormir por el ruido que hace la gente en la calle haciendo palmas, cantando o peleándose». Y concluye con un deseo: «Ojalá alguien lea esta carta y ayude a mi familia a recuperar el descanso para poder vivir tranquilos».

María pone negro sobre blanco la odisea que están sufriendo decenas de familias del mismo edificio, que, pese a haber hablado en varias ocasiones con el dueño del local, que lo tiene alquilado, y con el Ayuntamiento «no ha cambiado nada; nos sentimos impotentes y encima recibimos amenazas», apuntan.

«Necesitamos dormir, estamos agotados», explican y se preguntan cómo es posible que cada vez que llaman a la Policía Local –y ya lo han hecho cientos de veces, aseguran– para que mida el ruido «antes de que llegue bajan el volumen, que luego vuelven a subir». De sus balcones ya cuelgan pancartas reclamando el descanso vecinal y van a contactar con juristas expertos, «para ver qué podemos hacer, porque hemos puesto varias denuncias y esto no para».

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Medio Ambiente, Antonio Navarro, subrayó que se está haciendo «un seguimiento constante y sistemático del local» y que, según los informes que maneja de los agentes, «en general no muestran que esté habiendo un incumplimiento sistemático de las normas en materia de ruido».

Añadió que sí consta que el aparato de aire acondicionado emite 14 decibelios de ruido por encima de lo permitido; que hay un expediente abierto con medidas correctoras y que si en la próxima inspección no lo han arreglado «se precintará».