Cinco ministerios ponen objeciones al nuevo Estatuto antes de su entrada en el Congreso

El Ministerio más duro ha sido Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dirigido por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. En concreto, alega sobre la disposición transitoria que recoge la celebración de un referéndum en la Región para la aprobación definitiva del nuevo Estatuto, una vez que pase el filtro de las dos cámaras legislativas: el Congreso y el Senado.

«Una vez aprobada, mediante la correspondiente ley orgánica, esta reforma del Estatuto de Autonomía de la Región, el Gobierno de la nación autorizará, en los términos que se establezca, la convocatoria en el plazo de seis meses del referéndum al que se refiere el artículo 98.3 de este Estatuto», dice la disposición aprobada en la Asamblea. «Tal y como está redactada esta disposición, remite para la convocatoria del referéndum relativo a la reforma estatutaria a un precepto incluido en el texto de la reforma. Esto es manifiestamente inconstitucional, porque no cabe aceptar que una cuestión relativa al procedimiento de aprobación de una norma venga establecida en el mismo texto de la propuesta de reforma, y no en una norma precedente, como correspondería», responde el Ministerio.

El departamento de Carmen Calvo recuerda que el Estatuto en vigor no fue aprobado por la vía del artículo 151 de la Constitución Española, por lo que no se le aplicaría el 152.2, que es el que abre la puerta a los referendos. Se regularía, dice el informe de Presidencia, por el artículo 147.3 de la Carta Magna, por el que basta la aprobación de las Cortes Generales mediante una ley orgánica. «Tal y como está previsto el precepto, implica someter a referéndum una norma ya aprobada y en vigor, pero no se concretan los efectos de dicho referéndum. Cabe entender que, en caso de que el texto no fuera ratificado en la votación, la reforma del Estatuto debería entenderse derogada. Sin embargo, nuestra Constitución no admite esta modalidad de referéndum abrogativo, que sí existe en otros ordenamientos. Por esta razón, el precepto es igualmente inconstitucional y debe suprimirse en la tramitación parlamentaria», apostilla el Ministerio de Calvo.

Otro informe duro es el que realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que cuestiona cuatro artículos de la reforma estatutaria. El de más calado es el 60.6, que establece que la Comunidad «participará y colaborará en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión estatal de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pertenezcan a cuencas intercomunitarias que afecten a los intereses en esta materia de la Región de Murcia y, en particular, respecto de cualquier propuesta de obras hidráulicas o transferencia de aguas que pudieran afectar a la misma».

Pese a que las competencias de agua están en manos de Transición Ecológica, el departamento de Luis Planas exige la reformulación de este artículo y recuerda de forma tajante que «la Comunidad Autónoma de Murcia no puede asumir en su Estatuto la competencia exclusiva sobre los recursos hídricos y aprovechamientos hidráulicos que pertenezcan a cuencas intercomunitarias, aunque indudablemente afecten a los intereses en esta materia de la Región». El Ministerio de Agricultura apela a la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el intento de la Junta de Andalucía de arrogarse las competencias de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir.

Estas actuaciones respecto a la gestión del agua conducen «a un modelo de gestión fragmentada de las aguas pertenecientes a una misma cuenta hidrográfica intercomunitaria», en la que una parte de los recursos serían competencia autonómica y otra parte quedarían en manos del Estado. Así que Agricultura propone una nueva redacción de este artículo 60.6, que elimine la participación de la Comunidad en los órganos de gestión de los recursos de cuencas intercomunitarias. Sí se mantendría la posibilidad de colaborar en la planificación hidrológica «en los términos que fije el Estado».

Todos estos cambios que proponen los ministerios se podrán introducir cuando el Estatuto entre en la Comisión Constitucional del Congreso, presidida por Patxi López, siempre que la Cámara Baja acuerde en el Pleno de hoy admitir a trámite la propuesta procedente de la Asamblea.