Hasta cinco años de prisión planean sobre una veintena de acusados
Las defensas del caso recurren en masa para tratar de tumbar el procesamiento en la pieza principal
Después de un lustro de tramitación judicial, el 'caso Topillo' comienza ya a vislumbrar en su horizonte una vista oral en la que, previsiblemente, comparecerán como acusados tres altos cargos de la Administración: el exconsejero Antonio Cerdá, la antigua presidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Rosario Quesada y el excomisario de Aguas Manuel Aldeguer. Les acompañarán en el banquillo casi cuarenta propietarios, administradores y encargados de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena, a quienes el juez instructor, Ángel Garrote, les atribuye la autoría material de los vertidos de salmuera que, procedentes de desalinizadoras ilegales, acababan en apariencia en la albufera.
Las defensas de los 38 propietarios y encargados de explotaciones agrícolas de la comarca del Campo de Cartagena procesados, sin embargo, van a agotar hasta la última de sus balas para tratar de evitar el banquillo. Han comenzado ya a recurrir ante la Audiencia Provincial, de manera casi unánime, el auto por el que el instructor inició la fase preparatoria del juicio oral contra todos ellos.
Existe una casi total coincidencia de las defensas en resaltar el hecho de que estas diligencias solo se centran en los aparentes efectos contaminantes de los vertidos de nitratos procedentes de la actividad agrícola y, más concretamente, del uso de desalinizadoras ilegales que servían para obtener los caudales necesarios para regar. La mayoría de los letrados defensores apuestan, asimismo, por negar la mayor; esto es, que sus clientes estuvieran usando las desalinizadoras y arrojando el rechazo a las ramblas o directamente al acuífero subterráneo.
