La cifra de menores que van a juicio por agresión sexual se dispara en solo un año en la Región de Murcia

La estadística que el Ministerio Público ha puesto encima de la mesa recoge los 87 menores que fueron enjuiciados por supuestos delitos de agresión sexual el pasado año, frente a los 52 que lo hicieron en 2022. La cifra supone un repunte de un 67,3%. Los casos de presuntos abusos sexuales, por su parte, llevaron a estrados a medio centenar de jóvenes, un número algo inferior a los 65 que lo hicieron en 2022.

El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, ya aludió el pasado año, con motivo de la presentación de la memoria del organismo, a la cifra de adolescentes enjuiciados por delitos sexuales, que prácticamente se había duplicado en el último ejercicio. Advirtió de que están llegando casos de víctimas menores de 14 años y de agresores que, al no haber superado los 13 años, son inimputables. «Es un problema social y hay que hacer un profundo análisis de las causas», remarcó. «Hay que hacer cambios en el acceso a las nuevas tecnologías de los menores».

En todo el país hasta 3.261 menores tuvieron que responder ante un juez por delitos sexuales el pasado año. En 758 de esos casos, los adolescentes afrontaban una agresión sexual. En otros 2.502 eran casos de supuestos abusos.

El incremento de la delincuencia sexual es generalizado –se produce también entre los adultos– y encuentra, además, en la infancia a muchas de sus víctimas. El avance de los datos de la Fiscalía pone de relieve que el año pasado llegaron, asimismo, a los tribunales murcianos 142 casos de agresiones sexuales contra menores de 16 años, prácticamente el doble que el año anterior (79). El Ministerio Público precisa que siete de esos casos fueron violaciones.

En términos generales la cifra de diligencias instruidas el pasado año por la Fiscalía por delitos sexuales cometidos por adultos se reduce levemente. Fueron 1.391 casos frente a los 1.450 que llegaron a manos de estos profesionales en 2022. A lo largo del pasado año se denunciaron 951 agresiones sexuales, prácticamente una media de dos diarias. Esta categoría delictiva, que alcanzó un mayor peso en base a la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del 'solo sí es sí', aumentó un 65% en ese ejercicio. Los abusos sexuales, por su parte, se redujeron de 472 en 2022 a 105 el pasado año.

Hasta 476 adolescentes fueron condenados el pasado año –la mayoría de ellos en sentencias por conformidad– por delitos de toda clase, según revelan los datos desplegados por la Fiscalía.

Los delitos de lesiones siguen siendo los principales por los que los jóvenes murcianos se las ven con la Justicia. El año pasado fueron 759 las diligencias iniciadas por la Fiscalía por este tipo de delitos. Le siguen de cerca los hurtos (432), los delitos de daños (139), los robos con fuerza (202) y los asaltos con violencia e intimidación (135), aunque estos últimos se redujeron notablemente. Llamativo fue también el descenso de los jóvenes que se las ven con la justicia por tratar de sacarse un dinero con la venta de drogas: el año pasado fueron 21, la mitad que un año antes (46).

Hasta 165 adolescentes, además, se las vieron con la justicia el pasado año en la Región por circular sin permiso. El año pasado un chico de 17 años fue detenido por un accidente mortal en La Manga del Mar Menor. La cifra es bastante mayor a la que se registraba en la Comunidad un año antes (112). Este delito contra la seguridad vial es, obviamente, el más frecuente entre los menores de edad, pero no es el único. Dos chavales fueron enjuiciados, además, el pasado año por circular bajo la influencia del alcohol o las drogas y otros dos tuvieron que dar explicaciones al juez al ser acusados de supuesta conducción temeraria –esto es, poniendo en riesgo su vida y la de los demás conductores–.

La Fiscalía registró el pasado año, asimismo, un descenso de los menores procesados por homicidios o asesinatos dolosos –intentados o en grado de tentativa– . Fueron cinco frente a los ocho registrados el año anterior. La cifra de jóvenes que acaban en el juzgado por violencia doméstica se mantuvo estable. En 2023 fueron 74 los adolescentes que fueron enjuiciados por agredir o amenazar a alguien de su familia, la misma cifra que en el ejercicio anterior. Otros 37 adolescentes tuvieron que responder ante el juez acusados de atacar a su pareja o expareja. La Fiscalía de Menores también se encargó el pasado año, asimismo, de aplicar medidas a 68 adolescentes que fueron acusados de delitos de atentado, resistencia y desobediencia grave –una cifra muy similar a la del año anterior (64)–.

En términos generales, fueron 476 los menores que acabaron condenados el pasado año, un 29,6% menos que en el ejercicio anterior. De los jóvenes que pasaron en 2023 por el juzgado, gran parte de ellos salieron con una medida a cumplir bajo el brazo. Hasta 128 ingresaron en un centro, sea en régimen cerrado (18), semiabierto (75), abierto (13) o terapéutico (22), según los datos recogidos por el Ministerio Público.

El internamiento es el castigo más severo, pero no el único, ni el más habitual. Los jueces de Menores son más proclives a corregir las conductas de estos chavales con la prestación de servicios a la comunidad, arrestos domiciliarios de fin de semana o convivencias en grupos educativos. La libertad vigilada se aplicó, por ejemplo, en 175 casos. Esta medida implica que se le apliquen unos horarios, la obligación de acudir al instituto, de seguir un curso de habilidades sociales o de participar en una mediación familiar.

Cuarenta adolescentes saldaron su cuenta con la justicia prestando trabajos comunitarios y en otra quincena de casos los jueces consideraron que la medida más favorable para el menor sería una convivencia educativa. En esos casos el chaval pasa los siguientes meses en una vivienda conviviendo con un grupo de educadores y con otros jóvenes con ese mismo problema. Allí se les inculcan unas normas y tareas y se trabajan las carencias que pueda tener.

La Fiscalía de Menores inició el pasado año hasta 519 expedientes de protección a menores que, consideró el organismo, se encontraban en una situación de riesgo. Según refleja el Ministerio Público en su avance de datos, esta cifra supone un importante repunte respecto a los expedientes de protección que el organismo registró solo un año antes (133). En cinco años se ordenó la tutela automática de menores por parte de la Comunidad tras recibir una alerta de la administración.

El fiscal de este área realizó, además, a lo largo del pasado año cuatro visitas de inspección a centros de menores en su labor de defensa de los derechos de los jóvenes.