La central de compras de Salud gestionó el año pasado unos 135 millones en más de 27.000 operaciones

La UAI está bajo los focos desde que la Consejería de Salud informó el pasado viernes del presunto «fraude económico» cometido en el proceso de compra de prótesis vasculares para el área I de salud (La Arrixaca). Se trata de unos tapones de embolización que pasaron de costar 400.000 euros en 2022 a más de un millón en 2023, con un aumento de unos 700.000 euros en las facturas. El jefe de servicio de la UAI y un jefe de sección se encuentran suspendidos de forma cautelar, así como un radiólogo intervencionista de La Arrixaca. Los hechos fueron objeto de una investigación interna por parte de la Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, y el expediente ha sido elevado a la Fiscalía. La empresa proveedora de estos tapones de embolización es Logimed. Fuentes de esta compañía negaron el martes a LA VERDAD que se haya producido un «fraude económico», y achacaron lo sucedido a un «error administrativo» fruto de la ausencia de un código específico para el producto suministrado a La Arrixaca.

Todas las fuentes consultas apuntan a la complejidad de los procesos de compra en el SMS. La UAI centraliza solo una parte de estos. LA VERDAD preguntó ayer a la Consejería por estos procedimientos y por los controles existentes. Este departamento se limitó a responder que «en cuanto a las formas de adquisición, son las previstas en la legislación vigente».

El SMS cifra en unos 135 millones de euros las operaciones de compra gestionadas desde la UAI. Aquí se tramitan facturas a centenares de proveedores por adquisiciones para las diferentes áreas. Mientras, la Cuenta General del SMS recoge en 2023 un gasto de 274 millones en material sanitario y de consumo, frente a los 271 millones del ejercicio anterior.

El secretario general del Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS), Antonio Martínez, cuestiona que se haya suspendido cautelarmente a los dos jefes de la UAI y a un radiólogo de La Arrixaca «sin esperar al expediente sancionador». Según el SPS, la directora gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala, transmitió el lunes a los trabajadores de la UAI «su convencimiento de la inocencia de las personas suspendidas». Fuentes del SMS responden que la gerente informó al personal, «para transmitir tranquilidad», de la remisión del informe de Inspección a la Fiscalía. Estas mismas fuentes señalan que «el expediente disciplinario está iniciado como consecuencia del informe de la Inspección».