Vecinos del barrio cartagenero de San Antón tapian una docena de casas para ahuyentar a los okupas

Tan solo en lo que va de año, este colectivo ha impedido que sean ocupadas más de una veintena de viviendas, ya sea a través de denuncias a la Policía Local y Nacional o impidiéndoselo por sus propios medios. Además, han tapiado una docena de inmuebles con sus propios recursos y el permiso de los dueños. «Gracias a su labor vivimos un poco más tranquilos, porque aquí, si le soy sincera, hemos pasado verdadero miedo. Sin ir más lejos, hace unos días, unos chavales intentaron entrar a una casa de la calle, menos mal que no lo consiguieron», contó Blaya.

La crisis económica de 2008 fue el detonante de un fenómeno que se extendió tan rápido como la pólvora, también en Cartagena. Estuvo incentivado por los miles de pisos que quedaron vacíos, producto de desahucios hipotecarios y promociones abandonadas por la quiebra de sus promotores.

Desde el verano de 2018, los propietarios tiene un nuevo aliado con la ley de desahucio exprés. La norma estatal permite a las personas cuyas viviendas han sido habitadas sin autorización acudir a un juicio civil para poder recuperar su propiedad en un periodo de tiempo de entre 20 y 30 días y con muchos menos costes. Pero como «más vale prevenir que curar», los vecinos continuarán impidiendo que casas de San Antón sean ocupadas de manera ilegítima. Y lo harán a su manera.

«Nos cuesta nuestro dinero, alrededor de cien euros por casa, pero no nos preocupa. Lo importante es que vivamos tranquilos y sin el temor de que cuando salgamos de casa, al volver a ella la tengamos ocupada», señaló Albaladejo, el presidente de la asociación vecinal.

Las rondas por las decenas de viviendas vacías del barrio son continuas por parte de ese equipo. «Cuando salta la alarma llamamos directamente a la Policía Local y si no han pasado 48 horas desde que entraron, los agentes los puede echar, porque no han creado morada. Es entonces cuando buscamos a los dueños, que nunca es fácil, y ponemos un candado a la puerta. Si vuelven a intentarlo la tabicamos», indicó el vicepresidente vecinal, Ginés Gallego.

Pero no a todos los echan. José Muñoz, un hombre de unos 45 años en diálisis y con dos hijos menores de edad, ocupó una de las casas del antiguo destacamento de la Cruz Roja, en la calle Hermanos Pinzón. «Me he encargado de arreglarla poco a poco y de mantenerla limpia. Si no tuviera esto no tendría dónde vivir», contó. Vive de su pequeña pensión y de lo que le aportan los vecinos y Servicios Sociales.

«No podemos echar a una persona así a la calle. Lo hacemos con los que molestan, destrozan e intentan montar sus negocios sucios», afirmó otra vecina del equipo de Albaladejo, Concepción López.

Sí lo hicieron, y en varias ocasiones, con los que entraron en casa de Nieves García, una mujer que dejó su domicilio, en la calle Real, para trasladarse a una residencia. «Hemos echado ya a gente de esa vivienda en tres o cuatro ocasiones. Ya no queda nada en ella. Se lo han llevado todo, incluso las pertenencias de nuestra vecina», contó López.

Como en tantas otras ciudades, en San Antón también hay mafias que controlan los pisos vacíos y se los alquilan a familias necesitadas de hogar, que no dudan en pagar dinero para vivir en ella a sabiendas de que lo hacen de forma ilegal. De estas las hay en las casas de Marina, aseguraron los vecinos. Eso fue lo que le estuvo apunto de suceder a otro vecino de la calle Recoletos, quien tras comprar la viviendas unos ocupas intentaron hacerse con ella, pero con poca fortuna al ser sorprendidos por la Policía, que fue avisada por testigos.