Urbanismo reserva todo el Monte Sacro y el Molinete para hacer viviendas protegidas

Reconstruir el Monte Sacro y el entorno del Cerro del Molinete, para incorporarlos como zonas residenciales que revitalicen el casco antiguo es algo que está en el punto de mira del Ayuntamiento desde hace dos décadas. Hasta ahora todos los planes han fallado, desde la venta directa a promotores hasta los planes de urbanización parcial. Sin embargo, la coalición liderada por Ana Belén Castejón (PSOE), Noelia Arroyo (PP) y Manuel Padín (Cs) se ha propuesto dar aprovechamiento a estas bolsas de suelo, para que dejen de ser pasto de los matojos y la suciedad, o de servir únicamente como aparcamientos gestionados por 'gorrillas'. La Sociedad Municipal Casco Antiguo, controlada por Castejón ha enviado al Ministerio de Fomento un expediente en que ofrece todos los solares, para conseguir ayudas que le permitan construir 150 viviendas con un alquiler a precio tasado. Es el primero paso para recuperar una zona hábil para hacer 900 pisos. Sin embargo, en los planos no aparecen los restos arqueológicos de la época romana que hay en ambos emplazamientos ni la necesidad de reservar un acceso para el molino recién rehabilitado.

«Enviamos una propuesta con todos las parcelas que teníamos, pero eso no quiere decir que todos sean edificadas, ni que se haga de golpe y sin tener en cuenta las características de los terrenos», aseguró un portavoz de la Alcaldía. «El dictamen de los técnicos municipales será el que cuente respecto a la conveniencia de excavar y sobre la urbanización y el entorno», añadió.

El Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico (Peopch) es el que rige el urbanismo en el casco histórico, incluidos los descampados de ambos cerros. «Obliga a cumplir con la obligación de excavar en busca de restos arqueológicos. Si en esa operación se halla algo de valor, será obligado dejar diáfano el sótano y quizás el bajo, y se compensará esa pérdida con uno o dos pisos más, retranqueados», indicaron desde la Alcaldía. Para los técnicos de Urbanismo, todo eso está previsto y no hay por qué ponerlo explícitamente en un documento de adhesión a un plan de vivienda. Esta forma de proceder se ha aplicado ya en inmuebles nuevos y rehabilitados de todo el entorno, desde la Calle Mayor hasta la del Carmen y desde la Plaza del Rey hasta la de la Merced.

El Ayuntamiento tiene la opción de iniciar el proyecto como promotor, ya que todas las parcelas son de su propiedad. También puede establecer convenios con empresas y con fundaciones y organizaciones sociales y decidir quién urbaniza, quién construye y a quién autoriza para que gestione los alquileres.

El portavoz consultado indicó que el Ejecutivo municipal podría ampliar incluso su propuesta e incluir también parcelas que posee en núcleos urbanos de las diputaciones, como La Palma. «Es algo que está muy abierto», señaló.

Al abrir la puerta al desarrollo urbanístico del Molinete y el Monte Sacro, con una oferta de todo el suelo, el Ejecutivo local ha levantado las primeras suspicacias en el grupo mayoritario de la oposición: MC, porque cambia radicalmente la estrategia que se siguió cuando el PSOE de Castejón gobernó en coalición con esta formación localista. Por entonces -corría el año 2016- el portavoz, José López, era alcalde y se negó rotundamente a asumir planes de urbanización y promoción de vivienda que no llevaran incluido, como fase preliminar, el desarrollo de campañas de prospección y excavación arqueológica. En el Cerro del Molinete, gran parte del trabajo está hecho, por lo que la obligación del Ayuntamiento es garantizar que se respeten y, en su caso se mantengan como visitables los restos hallados (un horno y unas escaleras de época remota). En el Monte Sacro, una inspección con georadar realizada en 2016 dio algunas pistas sobre la existencia de restos de antiguas villas romanas en la parte superior de las laderas, pero no se ha hecho ninguna prospección para confirmarlo.

También advirtió de que era necesario un control férreo del proceso de urbanización y construcción, entre otras cosas, para garantizar la creación de infraestructuras básicas, como un colegio. Asimismo, desde hace años, el plan parcial de la zona incluye la creación de un bulevar ajardinado que ascienda desde la Iglesia de la Caridad.

El precedente a evitar es el del Barrio Universitario, en el que se recurrió a una empresa mixta participada por promotores privados y por el que el Ayuntamiento salió mal. Supuso la pérdida de parte de los beneficios que deberían haber ido a parar a las arcas municipales. Por eso, durante la cohabitación de 14 meses entre Ana Belén Castejón como alcaldesa y López como teniente de alcalde, la urbanización del Monte Sacro siguió bloqueada. Fue en los últimos meses de la legislatura, cuando ella, liberada ya del control de MC en el Ejecutivo, planteó en su programa electoral el plan de hacer vivienda protegida destinada al alquiler en esa zona. El asidero para hacerlo es el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021El programa puesto en macha el año pasado para toda España hace un diagnóstico al que Cartagena no es ajena. «El mercado de alquiler es muy débil», indica el documento, que cifra en un 22% el porcentaje de inmuebles cuyos inquilinos lo son en régimen de arrendamiento. La media europea es del 30%. Esa cantidad tan exigua y el hecho de que las nuevas generaciones no puedan permitirse comprar una casa ha hecho subir la demanda y ha disparado los alquileres. Por eso, hay un apartado específico dedicado a los jóvenes.

Por eso, el plan estatal sigue la estela del anterior, en cuanto a la necesidad de orientar las ayudas a este sector y ampliar hasta los 600 euros el tope de precios sobre los que se subvenciona hasta el 40%, en función de los ingresos agrupados de los inquilinos. La ayuda no es para siempre. Tendrá un plazo máximo de tres años de duración.

El Ayuntamiento de Cartagena pretende acogerse al apartado que impulsa «el fomento del parque de viviendas en alquiler, en el entendido de que esas 150 viviendas previstas, que podrían ser más, tienen que permanecer 25 años con el mismo régimen, antes de ser liberalizadas. El plan establece «ayudas directas proporcionales a la superficie útil de cada vivienda de hasta un máximo de 360 euros por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda». La cuantía de la subvención no podrá superar la mitad de la inversión en la promoción y construcción de las viviendas, con un límite máximo de 31.500 euros por unidad. El coste del suelo, que supondría detraer una parte para comprarlo, no será un problema en este caso, puesto que ya es municipal.

Para conseguir las ayudas a la promoción de bloques de viviendas en alquiler, el Ayuntamiento también tendrá que cumplir con una serie de condiciones en cuanto a los precios a los que los alquilará. El precio tope es de 5,5, euros por metro cuadrado y mes, lo cual establece un máximo de 500 euros para una de 90 metros cuadrados. En el caso de los aparcamientos, el precio no podrá superar los 3,3 euros por metro cuadrado.

La Administración regional ejercerá, como el resto de Comunidades, de intermediaria en la concesión y el pago de las ayudas. A cada región le corresponde poner un 30% de los fondos.