Regantes, empresarios y la UPCT firman junto a los alcaldes del Campo de Cartagena un manifiesto contra el recorte al Trasvase

Para arropar en sus reivindicaciones al presidente de Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, Noelia Arroyo volvió a dar cobijo bajo los techos del Palacio Consistorial a los alcaldes de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, La Unión, Torre Pacheco y Fuente Álamo, con los que ya ha impulsado una asociación de municipios. Además, se sumó en esta ocasión también el alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez, en tanto que la localidad también cuenta con suelo regable dependiente del Trasvase y de la comunidad del Campo de Cartagena.

Por parte del sector empresarial, participaron la presidenta de la COEC, Ana Correa, y el de la Cámara de Comercio cartagenera, Miguel Martínez. En representación de la UPCT estuvo el rector, Mathieu Kessler, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández. También asistió el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac), Tomás Sánchez Ojaos.

Todos ellos alcanzaron una postura común y expresaron en un manifiesto su rotunda oposición al recorte del acueducto Tajo-Segura, evidenciando la absoluta dependencia que la agricultura comarcal tiene de esta infraestructura hídrica.

Asimismo, los regidores y representantes sociales acordaron con los regantes instar y dejar constancia vía oficial ante el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige la ministra socialista Sara Aagesen, de los acuerdos alcanzados este jueves.

Las próximas decisiones habrán de venir en la próxima reunión de la denominada Mesa Comarcal del Agua, a la cual no pusieron todavía fecha. A preguntas de este diario, la Comunidad de Regantes no descartó emprender más acciones en la calle y en los juzgados. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, valoró que llegar a un manifiesto común ya era un gran logro y señaló que harán todo lo que esté en su mano para presionar a Madrid y rescatar el acueducto.

La regidora sí señaló que la voluntad unánime de los miembros es que los integrantes crezcan y señaló a LA VERDAD que los alcaldes hablarán con los representantes de la Cámara y la COEC para ver de qué manera integrar más en la causa al sector industrial y turístico, los cuales, defendieron todos, también se verán afectados de forma colateral por la destrucción de empleo y la situación económica que, auguran, se derivará del cerrojazo al grifo del Tajo.

Para Arroyo, el recorte al Trasvase que impulsa y avala el Gobierno central responde a una decisión ideológica. En los mismos términos se manifestó también el director general del Agua del Gobierno regional, José Sandoval, quien aseguró que el aumento de los caudales ecológicos carece de aval técnico y exigió al gobierno de Pedro Sánchez acceso a toda la documentación justificativa de la controvertida decisión.

Por su parte, el secretario general del Scrats, José Ángel Pérez, incidió mucho sobre la idea de que, gracias a las lluvias de marzo, los embalses de la cabecera del Tajo disponen de agua suficiente para abastecer al Levante español y que ellos, subrayó, solo están peleando por 100 hectómetros cúbicos de los más de 1.000 que hay almacenados.

La presidenta de la COEC, Ana Correa, puso el foco es que la lucha de los regantes es una cuestión de soberanía alimentaria. Incidió en que es un asunto de interés nacional y que el recorte del Trasvase va a generar una dependencia externa para un bien esencial y que, en lugar de producir alimentos propios, España va a tener que importar cosechas de otros países con normativas en materia fitosanitaria más laxas que las europeas.

El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, puso de relieve el varapalo económico que podrían suponer las menores entradas de caudal trasvasable para su municipio, especialmente dependiente de la agricultura. Asimismo el primer edil pilareño, José María Pérez, quien también dirige una de las cooperativas agrícolas más grandes del Campo de Cartagena, defendió que la desalación no es, a su juicio, una alternativa viable. Argumentó que faltan conexiones y añadió que tanto desalobrar como depurar dispara los costes de suministro y hace inviable vender los productos hortofrutícolas a precios competitivos.