La redacción del Plan General recibe un impulso económico para que esté en 2023
Urbanismo dispondrá de un millón de euros el año que viene para hacer la cartografía y el texto necesario para la aprobación inicial
El proyecto para desbloquear el desarrollo urbanístico del municipio durante las próximas tres décadas mediante un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que debería estar aprobado en 2023, será impulsado con alrededor de un millón de euros en los presupuestos municipales del año que viene. Así lo confirmó ayer un portavoz de la alcaldía, que indicó que en 2020 habrá reservados al menos 800.000 euros para contratar la cartografía que le servirá de base. También está previsto poner la redacción del plan en manos de un equipo externo. En concreto, de la empresa que se comprometa a hacerlo mejor, más rápido y por el precio más ajustado. El objetivo este tener en un año, aproximadamente, un proyecto para llevarlo a su aprobación inicial en Pleno.
Los trámites para contar con el Plan General en vigor son tres. Después de la aprobación inicial está la provisional y por último, la definitiva. Entre la primera y la segunda hay un periodo de alegaciones, abierto a la participación de todos los ciudadanos. También una primera evaluación ambiental, que corresponde a la Comunidad Autónoma.
El documento fruto de añadir las alegaciones que se consideren justas y las recomendaciones de la Comunidad pasará a aprobación provisional. Entre ese trámite y la aprobación definitiva no podrá haber ningún cambio urbanístico. Después, solo resta la evaluación integral de los técnicos de Medio Ambiente y de Urbanismo de la Administración regional, para darle el visto bueno final.
El Ayuntamiento acepta las 885 alegaciones al avance del documento y dejará que técnicos externos decidan
Los expertos en urbanismo fijan entre seis y ocho años el tiempo que se necesita para hacer todo esto sin prisas. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, que ha asumido esta tarea dentro de sus competencias, se ha comprometido a hacerlo en cuatro.
El procedimiento comenzó hace un año. Por entonces, el Ayuntamiento puso en manos de la empresa Incotec la realización de consultas a los vecinos, barrio a barrio, para hacer el avance del Plan General. Las conclusiones, presentadas en primavera de este año, no contentaron a todos. De hecho, el Ayuntamiento recibió 885 sugerencias (casi 15 al día) durante los dos meses posteriores en los que el documento estuvo expuesto al público. «Ninguna de esas recomendaciones ha sido desechada. Todas han sido adjuntadas al expediente, con consideraciones sobre sus fundamentos, para que el equipo redactor que sea contratado las tenga presentes», explicó el portavoz municipal.
Años de incertidumbre
La elaboración de un nuevo Plan General lleva tres años en solfa. El anterior, aprobado en 2012, fue suspendido en 2015 y anulado en 2016 por el Tribunal Supremo. A principios de 2017, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó los recursos presentados por el Ayuntamiento.
En ese momento se inició un procedimiento de dos velocidades. En primer lugar, se abordó la redacción de unas normas transitorias para no dejar desamparados proyectos que habían nacido gracias al Plan General anulado. Entre ellos está la implantación de empresas en el Valle de Escombreras, cuyo terreno libre ha dejado se estar disponible con el Plan General de 1987, junto a proyectos residenciales como los previstos en el antiguo patio del colegio Adoratrices y en un solar en Wssel de Guimbarda, por ejemplo.
Los expertos fijaron entre seis y ocho años el plazo para hacerlo; la alcaldesa prometió tenerlo en cuatro
El Ayuntamiento hizo un borrador de normas transitorias. Pero la Comunidad modificó aspectos esenciales que las descafeinaron. Por eso fueron rechazadas por la alcaldesa, Ana Belén Castejón.
La preparación de un nuevo Plan General iba lenta hasta que se consumó ese rechazo a las normas transitorias. A finales del año pasado, Castejón dio un impulso al proyecto para acortar los plazos y la incertidumbre de los empresarios. La Asociación de Promotores de Cartaegna alertó hace dos años de la posible fuga de inversiones que genera tener en vigor un Plan General de 1987. Además, advirtió de aspectos de este texto tan desfasados como la obligación de tener un cuarto de baño por sexo en todos los establecimientos comerciales, so pena de incurrir en una falta y tener que cerrar.
Sugerencias sobre Calblanque, barrios deprimidos y viales
Entre las 885 alegaciones al avance del Plan General destacan las de residentes en La Palma y Molinos Marfagones, que piden cambios en el trazado de sus circunvalaciones. En el caso de la localidad palmesana, hay posturas encontradas entre la asociación de vecinos, que pide un itinerario, y las monjas de una congregación, que se quejan de que el planeamiento hace pasar la carretera demasiado cerca de su monasterio. Además, hay sugerencias cruzadas sobre la calificación de Calblanque como núcleo rural. Quienes viven allí temen que eso abra la puerta a la especulación y el resto de propietarios cree que anularlo dejará sin protección sus fincas. Por último vecinos de San Antón, Los Mateos y Lo Campano solicitan que el planeamiento incluya el desarrollo de sus barrios.
