La UE recuerda que las empresas que explotaron la Sierra Minera deben costear la restauración

Corta minera Los Blancos, adonde Portmán Golf llevó los restos de la Balsa Jenny. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM
Corta minera Los Blancos, adonde Portmán Golf llevó los restos de la Balsa Jenny. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM

El comisario de Medio Ambiente responde a Podemos que «la entidad operadora de una instalación» extractiva ha de ocuparse del cierre

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

El comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE), Karmenu Vella, ha recordado, en respuesta a una pregunta de la eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez, sobre la contaminación de la Sierra Minera de Cartagena, que la obligación de costear la restauración de las antiguas balsas corresponde a las empresas que explotaron las minas.

«La entidad operadora de una instalación de residuos extractiva debe sufragar los costes de las medidas que se deban emprender tras el cierre de la instalación», en aplicación de la Directiva 2006/21/CE, señala el alto cargo comunitario. Y añade que «la autoridad competente debe solicitar una garantía financiera o un equivalente para, entre otras cosas, asegurarse de que los fondos estén fácilmente disponibles en cualquier momento para rehabilitar el terreno afectado por la instalación de residuos».

Sánchez remitió el 5 de septiembre a la Comisión una pregunta escrita sobre las obligaciones de Portmán Golf, como empresa titular de los terrenos donde «durante más de dos décadas Peñarroya SA explotó a cielo abierto recursos mineros». La europarlamentaria cartagenera añadió que Peñarroya «dejó sin sellar las balsas de residuos tóxicos, que hoy afectan a la población local», y que «varios estudios han acreditado niveles de metales pesados y metaloides hasta cien veces superiores a los permitidos». También se refirió a la existencia de «una alta prevalencia de patologías respiratorias y renales y de cánceres».

A partir del principio legal de «quien contamina, paga», la representante de Podemos planteó al comisario tres preguntas, entre ellas si «debe Portmán Golf acometer los trabajos de restauración del daño medioambiental derivado de su actividad o, en su caso, sufragar los costes de dichos trabajos».

En su respuesta sobre este asunto de «residuos tóxicos», Karmenu Vella se refiere de forma genérica a «la entidad operadora» de las industrias mineras como la obligada por la legislación.

Portmán Golf no se ve aludida

No obstante, en su cuenta de la red social Twitter Lola Sánchez escribió: «@KarmenuVella ha confirmado nuestro criterio: la actual empresa Portmán Golf deberá hacerse cargo». Ya en su escrito, vinculó a las dos empresas, con la expresión «Peñarroya SA -hoy Portmán Golf SL-».

Un portavoz de la compañía manifestó, sin embargo, a 'La Verdad' que Portmán Golf ni ha tenido ni tiene la condición de «operador», puesto que las minas fueron explotadas «hace cincuenta o sesenta años, por empresas en su mayoría extinguidas». Este portavoz extendió esta condición de simple propietario de los terrenos a Peñarroya; añadió que esta ultima sociedad tampoco extrajo mineral de la zona; y aseguró que, según ha acreditado la Justicia, Portmán Golf no tiene derechos mineros.

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente indicó que esta ha impulsado el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam). Es «un marco general, que contempla acciones claras para determinar qué hacer y a quién exigir la restauración». Medio Ambiente añadió que «las garantías para restaurar solo pueden ser exigidas a partir del Real Decreto 975/2009; es decir, para instalaciones nuevas o que estuvieran en funcionamiento, principalmente». «Una vez indicado esto -concluyó la Consejería-, por supuesto, se va a aplicar el principio general de que quien contamina, paga».

Recuerda a España la protección de la salud y ambiental

El comisario deja sin responder a Lola Sáchez si la Comisión «tiene constancia» de que haya un «plan de acción de rehabilitación» de la Sierra Minera. Y, respecto a si la CE cree que ha habido «negligencia» de la Comunidad Autónoma, indica que «los Estados miembros» [España] «deben asegurarse de que se elabora un inventario de las instalaciones de residuos cerradas, incluidas las abandonadas», como «base» de un programa de rehabilitación adecuado. El fin es evitar «un impacto medioambiental negativo grave o que pueda convertirse a medio o corto plazo en una amenaza grave para la salud de las personas».

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