El Pleno de Cartagena da luz verde a las ordenanzas fiscales y al Plan Económico Financiero

Si bien los asuntos que han pasado por comisión, de normal, suelen pasar de soslayo por el Pleno, es decir, con votación, pero sin debate, este caso no fue así. Los partidos fuera del gobierno buscaron hacer bandera de la crítica contra el ejecutivo de Noelia Arroyo y particularmente de la gestión de su edil y también portavoz del PP.

Tras dar visto bueno al dictamen de la Comisión de Hacienda sobre diferentes cuestiones como la concesión de la medalla de oro de la ciudad al Colegio de Abogados o la propuesta de denominación para varios parques, el debate comenzó con la modificación del presupuesto 2025 para el transporte urbano para después tratar el remanente de tesorería (dinero presupuestado y no ejecutado acumulado para los siguientes ejercicios), las ordenanzas fiscales y el famoso Plan Económico Financiero que Madrid obliga a hacer a todos los ayuntamientos que incurren en déficit. En el caso de Cartagena, de cinco millones al cierre de 2024.

El edil de Hacienda centró su discurso en atacar la política presupuestaria del Gobierno central y del presidente, Pedro Sánchez. Jáudenes arremetió contra Madrid porque, a su juicio, está encorsetando la capacidad de los ayuntamientos para gastar mientras que la deuda pública del Gobierno de España continúa ascendiendo. En este sentido, volvió a reclamar los 12 millones prometidos que nunca han recalado en las arcas municipales y urgió una reforma de la financiación local ante la gran cantidad de competencias impropias que están asumiendo los consistorios en todo el país. Para el portavoz de los populares, el Gobierno de Pedro Sánchez es el que no está aprobando presupuestos y debería someterse a un Plan Económico.

Por su parte, desde la oposición prácticamente todos los ediles que intervinieron acusaron a Jáudenes de tratar de ocultar su mala gestión de las finanzas locales tras un discurso en clave de política nacional. Así se lo reprochó el concejal socialista Pedro Contreras, que acusó al PP de presentar el documento tarde y de hacerlo con cifras que, vaticinó, no se van a cumplir.

La edil de MC Isabel García, en la misma línea, vio una mala praxis presupuestaria del ejecutivo municipal y recordó al PP que la ley que les obliga a someterse a un Plan Económico por incurrir en déficit se aprobó durante el gobierno de Mariano Rajoy. La exalcaldesa, Ana Belén Castejón acuso por su parte al Gobierno local de incurrir en gastos superfluos y despilfarrar y valoró que el Plan constituye un obra de «ingeniería financiera» y «maquillaje contable» orientada a encubrir la situación económica real del municipio.

Más bronca suscitó el debate sobre las ordenanzas fiscales. Mientras el portavoz popular defendió que el Ayuntamiento está implantando bonificaciones a las familias numerosas y a los emprendedores al mismo tiempo que grava con un IBI superior a los propietarios de solares que no edifican, desde el PSOE Contreras vio un tendencia a la subida de tipos impositivos. Relató como el año pasado se aprobó la subida del agua y la de las basuras, en este caso obligados por normativa europea. Algo a lo que sumó una serie de incrementos en el impuesto municipal de circulación y la retirada de los bonificaciones a los vehículos eléctricos. Asimismo Contreras recriminó que se implante un «tarifazo» a la cultura, con subidas en las entradas del Luzzy, el Batel, la Mar de Músicas o los cursos de la Universidad Popular. Toda una serie de subidas que Jáudenes negó desde el otro lado de la bancada.

El equipo de gobierno, pese a la lluvia de críticas centradas en su concejal de Hacienda, dio visto bueno a todas y cada una de las iniciativas tal y como se adelantó en el dictamen de la comisión previa. La oposición, como ya hizo entonces, votó mayoritariamente en contra de las medidas de ajuste fiscal y financiero del equipo de gobierno de Noelia Arroyo, que sí contaron con las manos alzadas de PP y Vox.

De poco o nada sirvieron las enmiendas presentadas por Contreras. El edil socialista impugnó la totalidad del Plan Económico, seis a las ordenanzas fiscales y siete a los precios públicos a la cultura. Entre otras medidas, el PSOE sugería bonificaciones en el IBI a víctimas de la violencia de género o descuentos a los vehículos con etiqueta Eco.

El polémico proyecto para intervenir en la Catedral vieja volvió a aterrizar en el pleno. Después de que la corporación diera visto bueno a que se hiciera una actuación con respeto a su naturaleza religiosa, ahora el gobierno decidía, a instancias de una moción presentada por la edil María Dolores Ruiz, dejar el procedimiento en 'stand-by'. En concreto, a la espera de que el obispo, José Manuel Lorca Planes, se pronuncie.

La moción de Ruiz señalaba que, en tanto que el proyecto ganador propone una actuación orientada a conservar los restos existentes y no una rehabilitación integral, el Ayuntamiento no debía correr con esos gastos, ya que la ley regional reserva las tareas de mantenimiento en patrimonio de propiedad privada a sus propietarios, en este caso a la Diócesis de Cartagena.

Ante esta petición de renuncia a continuar con el procedimiento, el concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, solicitó a la edil Ruiz que incorporara a los puntos de su moción la apostilla «temporalmente» porque, dijo, está a la espera de que el prelado exprese su opinión respecto de la propuesta ganadora del concurso de ideas municipal, 'Spartaria', del arquitecto valenciano Carlos Campos.

Esto supone un giro de guión en el recorrido del asunto. Hasta ahora el equipo de gobierno venía defendiendo la profesionalidad de un jurado formado por expertos. Ahora, tras la oleada de críticas procedentes de diferentes asociaciones defensoras del patrimonio, la cosa queda en un compás de espera que el Obispado se encargará de romper cuando estime oportuno.

María Dolores Ruiz agradeció el apoyo de todos los grupos municipales, que apoyaron la moción a excepción de MC. Ruiz reprochó a sus excompañeros de partido que optasen por la abstención con la que responden a todas y cada una de sus propuestas tras ruptura entre la edil y los cartageneristas. Todo tratándose además de un tema como este, en el que MC ha hecho bandera en contra del proyecto ganador del concurso de ideas. De hecho, la formación encabezada por Jesús Giménez Gallo anunció que trataría de revertir la decisión del jurado recurriendo ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El Pleno dio su apoyo unánime a una moción presentada por el concejal socialista Fulgencio Soto en la que solicitaba que se retomara un proyecto propuesto en 2008 para conectar todos los municipios de diputaciones del Mar Menor a través de un carril bici. El edil resaltó que, actualmente, son muchos los ciclistas que recorren las riberas de la laguna salada jugándose la vida por el mal estado de algunas calzadas y el comportamiento poco cívico de determinados conductores, que no respetan las distancias de seguridad.

La propuesta tuvo buena acogida y salió aprobada sin apenas dar lugar a debate. Por parte del equipo de gobierno, el edil de Litoral, Gonzalo López Pretel (Vox), expresó que este será uno de los objetivos que se marcará la recién constituida Asociación de Municipios del Campo de Cartagena y Mar Menor. Respecto a la misma resaltó que su principal fin es el de captar fondos europeos por medio de la presentación conjunta de varios municipios en torno a proyectos de los que toda la comarca sale beneficiada, facilitando así la obtención de los fondos por resultar estas iniciativas más atractivas a ojos de las instancias europeas.

El concejal Soto, no obstante, hizo público su deseo de que esta decisión plenaria -que no es vinculante- no caiga en saco roto o acabe durmiendo el sueño de los justos sin que el Ayuntamiento dé pasos en este sentido mostrando especialmente su desconfianza hacia el Gobierno regional, que fue de quien partió la idea del carril bici hace más de una década.

Menos aceptación por parte del ejecutivo local tuvo otra moción de Soto para pedir mejores infraestructuras en las playas del litoral de Los Urrutias y Los Nietos. López Pretel recordó que ya ha instalado los lavapiés y las pasarelas, pero que la reparación de pantalanes y la recogida de ova y biomasa corresponde a la Comunidad.