Los 29 millones impagados al Ayuntamiento de Cartagena lastran un 14% del presupuesto de este año

La liquidación de las cuentas del ejercicio pasado fue aprobada en junio con un balance de impagados que es 12 millones superior al declarado hace un año respecto a 2020. La morosidad se triplicó en el capítulo de impuestos directos, al pasar de 6,3 a 19,5 millones. Entre ellos está el de Bienes Inmuebles (IBI) que es el que más ingresos deja al Ayuntamiento y también el que más acreedores concentra. A continuación está el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para obtener licencias, y también destaca el de Vehículos de Tracción Mecánica, el 'sello'. Los tributos indirectos subieron de 1,9 a 4 millones, mientras que la morosidad descendió de 5,5 a 4,7 en la categoría de tasas, precios públicos y otros ingresos. Baste decir, para poner estas cifras en contexto, que todo el presupuesto de inversiones del Ayuntamiento para este año ronda los 17 millones.

Solo el Ministerio de Defensa debe alrededor de cuatro millones de euros, según informan fuentes municipales. La inmensa mayoría de ese importe es por el IBI de sus numerosas instalaciones repartidas por todo el término municipal. Su resistencia a pagar se debe a que durante mucho tiempo ha argumentado que gran parte de los cuarteles, instalaciones y bases tienen funciones esenciales para la defensa nacional y, por tanto, deben estar exentas.

«Sin embargo, en los últimos meses parece que son un poco más flexibles. Ha habido acercamientos en cuanto a las formas de pago que se pueden pactar. Sus representantes hablan de una parte en edificaciones que ya no tienen uso militar y otra en metálico. Pero el problema es que no es lo mismo que te cedan algo en buen estado o que te den una antigua batería de costa mal conservada», indicaron desde el Ayuntamiento. Y hasta ahora, todo lo ofrecido como pago en especie resulta un caramelo envenenado para el municipio, pues el importe del mantenimiento y puesta en valor es mucho mayor que el de la deuda.

En el caso de la entidad estatal pública del suelo Sepes, que tiene importantes propiedades en el polígono industrial de Los Camachos, la cantidad adeudada depende del cómputo que se haga. Por eso y porque «hay que respetar la Ley de Protección de Datos», indicaron, el Ayuntamiento prefiere no hablar de cifras concretas.

En este caso, una reciente sentencia reconoce a la empresa pública del suelo el derecho a compensar sus impagos del IBI entre 2002 y 2018 por sus terrenos en Los Camachos, con 3,68 millones de euros, en virtud del cumplimiento de una cláusula del convenio de gestión del polígono de Los Camachos.

En total, los cinco máximos acreedores, entre ellos Defensa y Sepes, acumulan 15 de los 29 millones de euros de deuda, según el Ayuntamiento, que se atuvo también al obligado cumplimiento de la ley de Protección de Datos para no informar qué entidades, empresas o particulares figuran entre sus principales deudores. La Agencia Tributaria sí hace pública esa lista anualmente, como ocurrió durante el pasado mes de junio.

Respecto a la marcha de los ingresos en el primer semestre del año, «están en cifras similares a otros años e incluso por encima de lo que se alcanzó a la altura del ejercicio en el que nos encontramos. Hay que tener en cuenta que hasta el 5 de agosto no finaliza el periodo voluntario de pago del IBI. Según los datos, lo que queda pendiente de recaudar es similar o algo menor que en 2021 y 2020. Hay que tener en cuenta que hay personas que apuran hasta el último momento para contribuir. Actualmente hay 34 millones de euros pendientes de abono», indicaron fuentes municipales. Los ingresos por la contribución urbana superan de media los cincuenta millones de euros cada año.