El juez notifica a Bascuñana y Cerdá que los lleva a juicio por 'Novo Carthago'

Ricardo Fernández

Miércoles, 27 de marzo 2019 | Actualizado 28/03/2019 10:19h.

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Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, exconsejeros de varios gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, ya saben oficialmente que se sentarán en el banquillo de los acusados por el 'caso Novo Carthago' de supuesta corrupción urbanística. Los dos antiguos altos cargos de la Administración regional tuvieron que comparecer ayer por la mañana en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, que preside Ángel Garrote, para que les notificaran formalmente el auto de apertura de juicio oral. Un trámite por el que también han tenido que pasar los otros seis ex directores generales, altos funcionarios y asesores acusados en estas diligencias, Carlos Brugarolas, María Antonieta Fernández, Antonio Alvarado, José María Ródenas, Manuel Alfonso Guerrero y Luis María Romero, quienes están acusados de haber contribuido a la aprobación supuestamente ilegal de un gran desarrollo urbanístico, Novo Carthago, en unos terrenos parcialmente protegidos por las leyes ambientales en el entorno del Mar Menor.

El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, atribuye a Antonio Cerdá los cargos más severos, un delito de falsedad en documento público en concurso ideal con otro delito continuado de prevaricación, por los que reclama una condena de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación. A Bascuñana, en cambio, solo le atribuye un delito de prevaricación, con una condena solicitada de seis años y medio de inhabilitación.

El ex director general de Medio Natural, Carlos Brugarolas, afronta una petición de tres años y tres meses de prisión y otros tantos de inhabilitación, mientras a la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, se le piden tres años y ocho meses de prisión. El resto de los encausados, el ex director general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado; el ex director general de Administración Local y de Urbanismo Manuel Alfonso Guerrero; el ex subdirector general de Urbanismo José María Ródenas Cañada y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo Luis María Romero Agulló están señalados por presunta prevaricación -en calidad de partícipes- y que se enfrentan a peticiones de inhabilitación que rondan los seis años.