El exgerente de Portmán Golf declara que la firma negoció la solución a 'Jenny' con Valcárcel

Las negociaciones en 2003 para buscar una solución a la balsa 'Jenny', cuyos residuos mineros amenazaban la localidad de El Llano del Beal, las llevaron directamente el entonces presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y los integrantes del Consejo de Administración de la sociedad propietaria de ese terreno contaminado, Portmán Golf: Alfonso García, conocido popularmente por el apelativo 'Pan de Higo', Antonio García, Mariano Roca Meroño y Mariano Roca Inglés. Así lo declaró ayer el antiguo representante legal de la mercantil minera, Miguel José Martínez, quien declaró como investigado en las diligencias que se siguen, por presunto delito contra el medio ambiente, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena.

El antiguo gerente explicó que él solo se encargaba de mantener el contacto formal con la Administración regional, pero que las negociaciones se hacían entre las personas mencionadas y el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel. Eso sí, reconoció que desconocía el contenido concreto de las conversaciones, como tampoco si en las mismas participaron el consejero Antonio Cerdá y su secretaria general, María José Sánchez.

El investigado, que estuvo asistido por el penalista Evaristo Llanos Sola, señaló que Portmán Golf se limitó a ceder a la Administración murciana los terrenos de la balsa 'Jenny' y que puso también a su disposición la corta Los Blancos I, a la que fueron trasladados los residuos en función de los planes elaborados por la propia Comunidad Autónoma. Según su declaración, los costes del traslado de las cientos de toneladas acumuladas en la balsa los asumían las arcas públicas a través de la empresa Tragsa. A Portmán Golf le correspondía acometer el sellado.

Cuando se le interrogó acerca de las razones por las que tal sellado no llegó a hacerse realidad, explicó que los trabajos para trasladar los residuos se prolongaron al menos hasta 2010, fecha en la que se produjo su salida de la empresa, y que hasta ese momento la Administración regional no había informado de que su labor estaba concluida. Añadió que en la autorización que otorgó la Comunidad a la empresa gestora para mover los inermes no se hacía distinción entre material peligroso y no peligroso, e igualmente admitió que no se impermeabilizó el terreno sobre el que se depositaron los desechos.

El juzgado investiga los altísimos riesgos que en apariencia se derivaron, para la salud de las personas y para el medio ambiente, de la dejación de la Administración o de su supuesta connivencia con la compañía minera Portmán Golf en la gestión de los residuos tóxicos. Estos no fueron sellados durante diez años, pese a su elevada toxicidad.

Además de la Fiscalía, en la causa interviene como acusación particular Ecologistas en Acción. La asociación denuncia que persisten los riesgos en el antiguo emplazamiento de 'Jenny' y en Los Blancos.