La deuda por los convenios equivale a la mitad del ingreso local por el IBI
MC denuncia que la sentencia sobre El Vivero de La Manga engorda el 'agujero' municipal por los fallidos convenios urbanísticos del PP
La «deuda comercial con convenios de pago aplazado» que mantiene el Ayuntamiento de Cartagena es ya de 31,6 millones de euros, lo que equivale a cerca de la mitad de la recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) prevista por el Ayuntamiento para este año: 65,3 millones.
Con motivo de la Comisión Informativa de Hacienda e Interior, donde el equipo de gobierno entregó la Cuenta General del Consistorio del año 2018, MC denunció que la deuda no financiera aumentó en 5,2 millones de euros por el incumplimiento del convenio urbanístico del Plan Parcial El Vivero de La Manga. Se trata de uno de los fallidos acuerdos de la anterior etapa de gobierno del PP, que exige pagar en seis años esa cantidad a la empresa Técnicas de Inversiones Gamma SL.
La concejal de MC Isabel García denunció, asimismo, que el informe trimestral del Presupuesto y Estabilidad Presupuestaria refleja «un notabilísimo incremento de otras operaciones de crédito en el segundo trimestre de 2019, que no son otra cosa que pagos aplazados de sentencias condenatorias, producto de los desmanes urbanísticos del PP, que van viendo la luz».
«Todas estas operaciones que intentan ocultar implican la obligación de pedir préstamos para poder afrontarlas. O lo que es lo mismo, un mayor endeudamiento que acabarán pagando los de siempre, los vecinos», añadió García. Aludió también, así, a que el Ejecutivo formado por PSOE, PP y Cs se plantea pedir un préstamo para pagar indemnizaciones millonarias ligadas al urbanismo, como desveló ayer 'La Verdad'.
Estabilidad presupuestaria
La Cuenta General fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. Y, según la información facilitada por la concejal de Hacienda, Esperanza Nieto, como el nivel de deuda viva de carácter financiero (con los bancos) asciende a 50,6 millones de euros, y el de la deuda con proveedores a 31,6, «el conjunto de ambas se sitúa por debajo del 75% de los ingresos liquidados». Esto permite cumplir con la normativa de estabilidad presupuestaria.
