Un detenido en Cartagena en una macrooperación policial contra la mafia armenia

La Fiscalía Anticorrupción ordenó el martes una macrooperación policial para practicar 142 detenciones -una de ellas en Cartagena-, la mayoría ciudadanos armenios, y 73 registros relacionados con las «poderosas estructuras» dominadas por los llamados 'ladrones en ley' de la mafia asentada en España, principalmente en Cataluña, Madrid y Valencia, pero también en otros países europeos.

La operación de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra está coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Terrassa, y tiene su origen en la investigación iniciada por el doble crimen en esta ciudad de Barcelona de dos miembros de la organización criminal el 4 de enero de 2016. En esa fase anterior, este mismo Juzgado ordenó la desarticulación de una de las organizaciones mafiosas de origen georgiano más antiguas y arraigadas en España.

Según la Fiscalía, la investigación del martes tiene por objeto la averiguación y el descubrimiento de delitos de organización criminal, contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contrabando de tabaco, tráfico de estupefacientes, corrupción entre particulares, extorsión, amenazas y coacciones, tentativa de asesinato y lesiones, receptación, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y falsedad en documentos oficiales y mercantiles.

Los 'ladrones en ley' que lideraban la organización «controlaban y supervisaban actividades criminales hasta ahora desconocidas por la policía, con ámbito en todos los países de la Unión Europea», según especificó Anticorrupción.

Estos capos gobiernan uno o más territorios, que pueden coincidir o no con las fronteras políticas establecidas. El reparto de dichos territorios y de las especialidades delictivas se adoptan en las llamadas 'skhodkas', donde se deciden las líneas estratégicas y se «coronan» a los nuevos jefes. Anticorrupción detalló el funcionamiento interno de estas organizaciones que manejan, custodian y blanquean grandes sumas de dinero almacenado en las 'obschak' o caja común, que gestiona un 'ladrón de ley'. Los integrantes deben contribuir con un porcentaje de los beneficios obtenidos de sus actividades criminales, además de realizar aportaciones periódicas.