La descontaminación de Zinsa cae en más enredos judiciales

El conflicto afecta a los juzgados de Instrucción 5 de Cartagena y de lo Mercantil 1 de Murcia. La Consejería de Medio Ambiente se ha dirigido al primero de esos órganos para solicitar, de nuevo, que dos antiguos directivos de Zinsa presenten un estudio de riesgos de la parcela para la salud de los vecinos y para el medio ambiente. El expresidente de la compañía, Juan Martínez, y el exconsejero delegado Manuel Pérez fueron absueltos por el Juzgado de lo Penal 1 de Cartagena de un presunto delito contra el medio ambiente. Pero la Consejería argumenta que, en la fase previa al juicio, quedó pendiente ejecutar la orden del juez de que los imputados entregaran ese informe.

Así lo señalaron fuentes de este departamento del Gobierno regional, quienes recordaron que la Comunidad planteó al juzgado como alternativa que los investigados depositaran una fianza de 30.000 euros, con los que la Administración regional pudiera contratar el mencionado estudio.

En la Consejería recordaron que Zinsa, afectada por el principio legal de «quien contamina paga», y Quorum Capital Investments, la promotora inmobiliaria que compró los terrenos de Torreciega para construir viviendas, entraron en concurso de acreedores y están en proceso de liquidación.

El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, anunció ayer que estudia incluir Zinsa y Peñarroya (cuya limpieza corresponde a la Autoridad Portuaria) en la investigación sobre El Hondón. Evaluará si esa «área de influencia» y si concurre la «misma conducta» presuntamente omisiva de propietarios, políticos y funcionarios.

Fuentes del Ministerio Público afirmaron que, según su criterio, la Comunidad debería dirigir su acción contra los antiguos ejecutivos de Española del Zinc no por la vía penal sino a través de un procedimiento administrativo. El motivo, explicaron, es que al haber sido eximidos de toda responsabilidad penal, Martínez y Pérez carecen también de obligaciones en el ámbito civil. En la Comunidad indicaron que esperarán a que el juzgado se pronuncie sobre este asunto.

Entre tanto, la Fiscalía indagará si la Comunidad actúa de forma diligente o si, por el contrario, se mueve con «pasividad». Sus obligaciones son garantizar que haya un vallado que impida acceso a la parcela y, eventualmente, que se retire los escombros y otros residuos apilados en la zona, que ocupa unos 600.000 metros cuadrados.

Sobre la subasta del suelo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región confirmaron a este diario que la subasta aún no está cerrada, pues falta por resolver un recurso. El empresario Tomás Olivo, a través de Emasa Constructora, ha rechazado ante el Juzgado de lo Mercantil 1 de Murcia hacerse cargo de una deuda de 3 millones de euros con Iberdrola, por recibos de la luz que Zinsa dejó sin pagar.

La Comunidad advierte de que no puede dirigirse a Olivo, para instarle a vallar la zona y presentar un proyecto de descontaminación, mientras él no figure como dueño del suelo en el Registro de la Propiedad.