Crecen las quejas vecinales por los okupas de una decena de pisos del casco antiguo de Cartagena

Desde la Federación vecinal creen que donde primero hay que actuar es sobre este foco, no tan solo con el desalojo, sino también ayudando a esas personas con alquileres sociales. Eso es lo que quieren para los okupas de la calle San Vicente, donde, al menos, hay dos edificios con moradores en esa situación.

Uno está junto a la confitería del mismo nombre que la calle y otro frente a la parte trasera de la Basílica de la Caridad. Las peleas, amenazas a residentes de la zona y otros incidentes protagonizados por okupas han alterado la tranquilidad de esta zona del centro de la ciudad, mientras las autoridades siguen a la espera de que la Justicia acuerde si los inmuebles deben pasar a manos de Hacienda, para que este organismo nacional pueda sacarlos a subasta, como ya ocurrió hace cinco años con algunos de esa misma calle.

El problema es que la venta de algunos edificios, que en algunos casos estaba ya avanzada mediante el pago de la correspondiente señal, está paralizada precisamente por la falta de una decisión judicial firme. Este problema también lo sufren en la calle Escorial. En este caso, el edificio está justo enfrente de una peluquería y los nuevos moradores han destrozado el telefonillo y los cristales de la puerta de entrada. Ayer se podían ver mantas colgando de las ventanas. «Entraron a principios de este año. Lo que más nos preocupa es que esta calle se convierta en una zona solo de okupas. Alguien debería hacer algo», explicó un vecino de la zona que prefirió mantener el anonimato por temor a posibles represalias.

En la zona del Barrio Universitario hay varios, uno junto al edificio de la ONCE, cuyo interior ya ha sido saqueado, según los residente de la zona. Pese a que fue tabicado, los okupas aún se cuelan escalando por las ventanas. En esta misma zona también hay otro en la calle Montanaro número 6. Una familia entró a vivir en un ático hace relativamente poco.

Igual de saqueado quedó otro edificio de la calle San Diego haciendo esquina con la Plaza de Jaime Bosch. Se trata de un inmueble con la fachada en blanco y gris, con grandes ventanales. Fue ocupado casi en su totalidad. Pese a que varias viviendas ya han sido tapiadas, aún quedan moradores, estos sin servicio de agua ni de luz.

Donde han vuelto ha sido a un viejo edificio de la calle San Cristóbal la Larga, casi en la esquina con Serreta y a dos pasos de la céntrica plaza de San Francisco. Un incendio en 2023 ahuyentó a los que allí vivían, pero hace relativamente poco lo han ocupado otra vez.

Fuentes del Ayuntamiento de Cartagena indicaron al respecto que la forma de trabajar de Servicios Sociales, en general, con familias que ocupen viviendas, es cubriendo sus necesidades básicas. «Se ofrece vivienda alternativa y el trabajo es especialmente intenso cuando se ha ocupado la vivienda de un particular. Es más difícil detectar ocupaciones cuando la propiedad está en manos de una entidad bancaria, circunstancia que se da en una mayoría de los casos», indicaron.

Cuando hay menores entre las personas que ocupan una vivienda, la Concejalía de Servicios Sociales actúa de manera inmediata si se detectan problemas. «Es muy difícil que se escape a nuestro radar la situación de un menor desatendido», señalaron las mismas fuentes municipales a LA VERDAD.

El edificio de la calle San Diego haciendo esquina con la Plaza de Jaime Bosch, la que sube hacia Sor Francisca Armendáriz, es uno de los muchos en que viven okupas desde hace años y uno de los que en peor estado se encuentran. En él aún viven varias familias de forma ilegal, pero lo hacen sin servicio de agua ni luz. Los anteriores moradores se llevaron «hasta las tuberías de cobre y los cables de la electricidad», explicó a LA VERDAD María Luis Ramírez, una de las pocas propietarias que aún queda en ese bloque y que aguanta. «En mi casa tengo una puerta de seguridad antiokupa y alarma para evitar que entren en ella», añadió.

Lo peor ya lo ha superado esta vecina. Cuenta que ahora, los que quedan en el edificio, unas familias de Marruecos, no son conflictivas, pero los que estuvieron antes que esos hacían la convivencia «insoportable». El destrozo del mobiliario de las zonas comunes fue total, tanto que todas las cerraduras están forzadas. Recientemente robaron las ventanas de las escaleras y mantienen fundidas las luces.

Ha sido destrozado hasta el local que hay en los bajos del inmueble. En este llegó a haber un bar que intentó dar vida a la zona atrayendo a los alumnos que estudian en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), pero la llegada de los primeros okupas obligó a cerrar al dueño. Tras ello y con el paso del tiempo, el establecimiento sufrió un saqueo del que aún quedan huellas si uno se asoma por sus grandes ventanales desde el exterior.

«No hay aire acondicionado ni calefacción después de que arrancaran los compresores de las terrazas. Y en el interior de algunas casas no queda nada. Se han llevado hasta las ventanas para venderlas», indicó la vecina. Ahora, para evitar que esto siga ocurriendo, los propietarios del inmueble tabican la puerta de los pisos que se quedan vacíos, para impedir que vuelvan a ser ocupados. Los dueños son unos constructores de Albacete y un grupo inversor que se hizo con parte de las viviendas. La intención es deshacerse de los okupas que aún quedan en esas dieciséis casas, para volver a dar vida a un edificio que fue construido hace apenas dos décadas. Ramírez sabe que esta situación se repite «desgraciadamente», en otras calles próximas a la suya. «Cuando salen de un edificio se van a otro», aseguró.