Costas lanza el deslinde de un tramo de Cabo de Palos ocupado por veinte casas

Esta última iniciativa forma parte del Plan de Recuperación del Borde Litoral del Mar Menor, aprobado en junio de 2021, y afecta a una veintena de parcelas, ocupadas en su mayoría por viviendas. Las fincas, incluida la del antiguo restaurante Katy (derribado en 2023 por orden del Ayuntamiento de Cartagena ante su estado de ruina), están entre la playa y la carretera de subida al faro, a pocos metros del puerto de Cabo de Palos.

Una vez que el Gobierno de España delimite el área de titularidad estatal, revisará la situación legal de cada parcela. Este proceso implica examinar si los propietarios de las viviendas, algunas de ellas con porches, tienen concesiones administrativas en vigor para ocupar el dominio público y si pueden optar a prórrogas de hasta treinta años o deben entregar las llaves a la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, paso previo al derribo de las construcciones.

Los interesados tienen hasta el 14 de febrero de 2025 para consultar los planos y el resto de la documentación de la propuesta de deslinde en la sede de Costas en Murcia, en la Avenida Alfonso X el Sabio, y en la web del Ministerio. Los afectados, que han recibido notificaciones individuales, también pueden presentar alegaciones en dicho plazo.

El Ministerio recuerda en el expediente que la parte central de la playa de Levante está «ocupada por una serie de edificaciones construidas en su mayor parte durante la primera mitad del pasado siglo XX». Y explica que el deslinde vigente debe adecuarse a la Ley de Costas de 1988 y su reglamento de 2014. También recuerda que «gran parte del tramo objeto de deslinde discurre sobre una zona urbana muy antropizada, en la que había deslindes antiguos y concesiones» para edificaciones realizadas antes de los deslindes «sobre terrenos de dominio público, en su práctica totalidad playas».

La actual propuesta de deslinde se refiere al «tramo» 2 de la playa de Levante, entre el final del paseo marítimo, en la calle Punta Galera, y la calle Laminarias. El Ministerio traza el límite del dominio público (identificado en fotografías y planos con una línea continua verde), basándose en una detallada «investigación». Esta incluye los antecedentes administrativos (deslindes y títulos de ocupación), fotografías históricas de la zona, bibliografía (mapa geológico y geomorfológico), un estudio sedimentológico y un reportaje fotográfico de distintas épocas «para acreditar el alcance del oleaje y la presencia de materiales sueltos (arenas)» en el «interior» de la Zona Marítimo Terrestre.

Acerca de los sedimentos, los técnicos del Ministerio que dirige Sara Aagesen se guían por «la presencia de materiales sueltos, arenas, que ocupan totalmente la parcela de deslinde número 3 (antiguo restaurante Katy)», vallada por sus dueños tras la demolición del inmueble, «y llega hasta la mediana que separa la carretera de subida al faro de Cabo de Palos del paseo del Puerto». En cuanto al oleaje, la Demarcación recoge en su expediente imágenes de los efectos del temporal del 20 de enero de 2020, que provocó el «arrastre de arenas hasta la carretera de subida al faro en la parcela».

En el plano judicial, la Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre el recurso de los propietarios de las dos viviendas más próximas al paseo marítimo contra la orden de Costas de entrega de las llaves. Esta causa adquirió notoriedad en mayo de 2021 por una movilización de los dueños, la conocida familia cartagenera Luque, y el auto de la Audiencia Nacional que ordenó la paralización cautelar del desalojo.

José Antonio Luque, que en la actualidad tiene como abogado a Salvador Pérez Alcaraz, encabezó una protesta ante las casas. Y el Pleno del Ayuntamiento -por acuerdo de PP, MC, Cs, Unidas Podemos, Vox y ediles no adscritos- acordó pedir a Costas que «estudie aplicar en la zona las excepciones que prevé la Ley 2/2014 de Protección de Costas de 2013». La corporación solicitó al Ministerio «excluir del dominio público terrestre terrenos que resulten absolutamente innecesarios para la protección o utilización del dominio público marítimo terrestre». El PSOE, que integra ahora el Gobierno central junto a Sumar, no tenía entonces representación municipal. Asimismo, titulares de viviendas de Cabo de Palos afectados por la aplicación de la Ley de Costas se han agrupado en una plataforma de afectados, que está coordinada con otros colectivos similares tanto a nivel regional como nacional.

El Plan de Recuperación del Borde Litoral del Mar Menor, que incluye Cabo de Palos y la vertiente mediterránea de La Manga, sitúa 326 edificaciones en terrenos de dominio público, algunos de ellos con deslindes pendientes de actualización. Hay 248 viviendas, cuatro hoteles, un parking, 15 restaurantes, tres centros deportivos, cinco quioscos y ocho construcciones de otro tipo. Hay que sumar 42 chiringuitos, sometidos a concesiones administrativas.

Tres de los últimos deslindes tramitados son el de Los Nietos, con 80 viviendas afectadas y recursos judiciales de los titulares, el de La Hita y el del Carmolí. En toda la Región, como publicó en octubre este diario, hay doce viviendas de los municipios de Cartagena y Mazarrón cuyo futuro depende de la Audiencia Nacional. En todo caso, vecinos de estas zonas, de Puerto de Mazarrón y de Puntas de Calnegre (Lorca) han advertido de que, si es preciso, llevarán su batalla al Supremo, el Constitucional ya la justicia europea.