La Comunidad rechaza el informe del Seprona y dice que no hay cultivos con metales en el Llano
Agricultura considera errónea la interpretación de los datos sobre tres parcelas remitida al juez y afirma que «no hay riesgo para la salud pública»
Con la misma rotundidad que el Seprona de la Guardia Civil aseguró al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena que tres parcelas agrícolas de Llano del Beal ... y las cosechas de 'girasol ecológico' producidas en ellas son un «grave riesgo y peligro la seguridad alimentaria», debido a la contaminación por plomo y otros metales pesados, la Comunidad Autónoma lo ha negado públicamente. «Los resultados» de las muestras de suelos tomadas en mayo, dentro de la investigación judicial sobre la falta de sellado del vertedero de residuos mineros peligrosos Los Blancos, «arrojaron una presencia de metales pesados en la tierra analizada, pero también demostraron que no existía transferencia al producto cultivado», aseguraron este viernes a LA VERDAD fuentes oficiales de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Y remarcaron su mensaje «No existe riesgo para la salud pública».
En el departamento que dirige Antonio Luengo explicaron que hay un error en la metodología con la que el Servicio de Protección de la Naturaleza interpretó los datos para el juzgado que investiga a la empresa Portmán Golf, propietaria del vertedero, por un presunto delito contra el medio ambiente. «Respecto a la fracción» de metales «asimilable» por las plantas, «los niveles tendrían que valorarse en cosecha», afirmaron.
Precisaron que, según los especialistas de Sanidad Vegetal, «la capacidad de absorción por parte de la planta es menor» a la señalada en el informe oficial, «al tratarse de suelos ligeramente básicos». «Las muestras se llevaron precintadas a un laboratorio privado acreditado, el cual se limita a dar resultados cuantitativos y no hace una evaluación de los resultados», añadieron en el área autonómica de Medio Ambiente.
Sin evaluación de las plantas
Señalaron, también, que «todas las empresas, obligatoriamente, para el cumplimiento de la legislación en materia de higiene tienen que tener establecido un análisis de riesgo y puntos críticos». Eso, apuntaron, incluye «el muestreo de cosecha respecto a los niveles de metales pesados, entre otros contaminantes». El Gobierno regional salió así al paso de las conclusiones incluidas por el Seprona en su informe, que en su trabajo del 3 de octubre afirmó: «Los análisis de metales biodisponibles revelan concentraciones elevadísimas de plomo biodisponible, que superan incluso el valor genérico de referencia en 7.4, 14.9 y 6.8 veces en las muestras M2, M3 y M4 respectivamente».
El informe también ve «evidente que las verduras, hortalizas y cereales que sobre ellos se cultivan estarían acumulando estos metales en sus tejidos, produciéndose la transferencia de estos contaminantes a la cadena trófica, siendo el consumidor final, dependiendo del cultivo, el ser humano, el ganado o la fauna silvestre».
A partir de esta interpretación de los datos y de distintas normas europeas y nacionales, la Guardia Civil planteó al juzgado la obligación de «suspender inmediatamente las prácticas agrícolas en estas parcelas y cualquier comercialización de los productos sobre ellas cultivados». Según los agentes, el deficiente sellado del vertedero que almacena los desechos de la antigua Balsa Jenny causan desde el año 2005 «un daño concreto» con lixiviados, arrastres de tierras contaminadas y partículas dispersadas por la lluvia y el viento. Fue hace 17 años cuando la Comunidad ordenó trasladar a Los Blancos un millón de toneladas de restos mineros desde el solar de la Balsa Jenny, situado en el núcleo urbano de Llano del Beal y que Portmán Golf le cedió.
Además de altas concentraciones de cadmio y arsénico, el Seprona alerta sobre la superación en más de cien veces de la concentración de plomo, respecto al nivel genérico de referencia. Y al ser un valor «inadmisible», instan a que Medio Ambiente declare los terrenos como contaminados y se cubra con urgencia el vertedero con una capa vegetal y se construya una red de recogida de aguas pluviales.
No retirará las cosechas ni declarará contaminado el suelo junto al vertedero de residuos peligrosos de la minería Los Blancos
Contaminación de «caminos»
En la Consejería insistieron en que el «contenido medio de metales», fijado a partir de muestras tomadas en el centro de las parcelas, hace que estos suelos sean «aptos para el cultivo». Y ello, sobre la base del Real Decreto 1310/1990. Asimismo, aclararon que el juzgado solicitó tomar muestras de vegetales, pero limitó el requerimiento al suelo, «al no haberse plantado en esta campaña por motivo de la no disponibilidad de agua». Al final, sí que había «girasol recién sembrado pero no estaba germinado».
Recordaron que en esta zona de la Comunidad de Regantes Arco Sur, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) restringió el uso del agua en aplicación de la Ley de protección el Mar Menor. Según el Seprona, en mayo había dos parcelas en cultivo ecológico de girasol y otra en barbecho. Esta última fue destinada en su momento a cultivar patatas.
«Hemos colaborado con el Seprona en esta investigación. Tomamos veinte muestras en la zona perimetral de esas parcelas, colindantes con caminos por los que transcurre el agua cuando llueve. Los puntos de toma de muestra de suelo fueron elegidos por el Seprona y se centraron en el borde de la parcela, a unos cuatro metros del camino donde hay arrastres en las épocas de lluvias procedentes de la Sierra Minera», añadieron en la Consejería.
Dos causas judiciales
Respecto a la declaración de los suelos como contaminados, por los riesgos para la salud de los vecinos y para la cuenca del Mar Menor, en la Comunidad indicaron que «tendría que pedirlo el juzgado, si así lo entiende tras valorar los informes». Y acerca de si Portmán Golf ha sellado el vertedero, no lo aclararon porque el asunto «está en procedimiento judicial».
Se refirieron, así, a la causa de Cartagena y a la del Juzgado de Instrucción 7 de Murcia, que investiga a técnicos de la Consejería por presunta prevaricación, pues el vertedero estuvo años sin impermeabilizar. Portmán Golf declinó dar su versión.
Peñas Castejón respalda el criterio científico y legal de la Guardia Civil
El científico José Matías Peñas Castejón, experto en suelos y asesor de la asociación Ecologistas en Acción (que ejerce la acusación particular contra Portmán Golf), mostró ayer su respaldo al informe del Seprona y rechazó el cuestionamiento técnico realizado por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Según comentó a LA VERDAD, «la interpretación de los datos por parte del Seprona es impecable desde el punto de vista científico».
Precisó que «respecto a la biodisponibilidad de los metales para las plantas, es decir qué parte de los metales contenidos en un suelo están disponibles para ellas, los resultados reflejan claramente cómo las muestras de suelos en puntos por los que discurren los lixiviados alcanzan cifras verdaderamente alarmantes».
«Los cultivos hortícolas tienen la capacidad de absorber el plomo y otros metales. Y en Llano del Beal, junto al vertedero de residuos peligrosos Los Blancos, existe un riesgo clarísimo de transferencia a ellas y, por lo tanto, un riesgo para los consumidores», aseguró el investigador de la Fundación Séneca en la Universidad de Limoges (Francia). Además, Peñas Castejón indicó que el Seprona acierta al señalar el Reglamento 2021/1317, que regula los contenidos máximos de plomo en determinados productos alimentarios. Y cita «que las concentraciones de plomo biodisponible superan el nivel genérico de referencia en hasta 14,9 veces».
Asimismo, aseguró: «El Real Decreto 1310/1990, al que se acoge la Consejería, no es de aplicación, porque regula la aplicación de lodos de depuradora como enmienda agrícola. Y aunque tuviéramos en cuenta los valores límite de esa normativa, las concentraciones de plomo, cadmio, arsénico, zinc y otros metales en el Llano son demoledores».
«Principio de precaución»
Por ello, concluyó, «hay que declarar los suelos como contaminados, conforme a la Ley de suelos contaminados y al Real Decreto 9/2005, y actuar conforme al principio de precaución. Este nos exige que, en caso de amenaza para el medio ambiente o la salud, y en una situación de incertidumbre científica, se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño».
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