Cinco imputados por el derribo de una casa del camping del Portús

Un juzgado de Cartagena mantiene como imputados al director del camping naturista de El Portús y a otros cuatro empleados que el miércoles fueron arrestados por la Guardia Civil como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada y daños al vecino de este complejo desde hace doce años, Javier Suárez, a quien derribaron su vivienda dentro de ese complejo turístico.

Suárez denunció que su vivienda, que es de obra, había sido derribada sin su consentimiento. Cuando llegó el martes a las instalaciones, sobre las seis de la tarde, un guardia de seguridad le dio un ordenador portátil y un teléfono móvil y le dijo que el resto de sus pertenencias «estaban en el suelo». Suárez entiende que fue un intento de «humillarlo, como si fuera lo único de valor que tenía».

El propietario recibió una comunicación del camping el miércoles advirtiéndole que sus cosas habían sido trasladadas a otra parcela. «No se puede desplazar porque es una casa de hormigón. En cualquier caso, son las ruinas. También me decían que trasladaban mi caravana, y no tengo», aseguró. Así que llamó a la Guardia Civil, que procedió contras los empleados del camping. El juicio rápido que debía celebrarse este jueves se transformó en diligencias, que ahora serán enviadas al Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena.

Cuarenta propietarios de viviendas se resisten a salir del camping de El Portús un año después de recibir una carta de la nueva propiedad del complejo instándoles a desalojar las parcelas en las que muchos de ellos, la mayoría extranjeros, llevan viviendo décadas. Todo ellos temen que sus viviendas acaben como la de Javier Suárez. «La gente no abandona sus casas por si al volver ya no existen. Es todo lo que tienen», lamentó este vecino, que se ha quedado sin su segunda residencia.

La empresa propietaria de las instalaciones envió hace más de un año a todos los arrendatarios, unos 210, requerimientos para que, conforme se cumplen sus contratos de alquiler de larga duración de las parcelas, las dejen libres. Les daba de tiempo poco más de un mes para llevar a cabo un desalojo que no han cumplido cuarenta inquilinos, que solicitan una alternativa.

Los afectados insisten en que se quedarán en sus viviendas y que pelearán en los juzgados por evitar el desalojo o, al menos, lograr una indemnización de los propietarios. Denuncian «coacciones», como «cortes en los accesos» para dejar sus propiedades. Casi todos invirtieron sus ahorros en esas casas.

Por su parte, la gerencia del camping se escudó en que están «abordando un proceso de renovación y modernización de las instalaciones, para dotarlas de mayores estándares de calidad y sostenibilidad, y adaptarnos a la normativa vigente en la Región de Murcia en materia de campings».

La dirección del camping del Portús ha vuelto a notificar a los cuarenta vecinos que continúan en el complejo turístico que no pueden acceder a sus viviendas.

La gerencia recuerda que denegará el acceso a las instalaciones a «cualquier persona que no cuente con la debida autorización de la dirección facultativa de la obra y los técnicos responsables en materia de Coordinación de Seguridad y Salud».

Según la comunicación, las instalaciones permanecen cerradas sin prestar servicios a ningún cliente de manera «temporal» por «las obras y tareas de acondicionamiento que se están llevando a cabo».

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