Castejón pide saber si Lhicarsa debe aún 2,1 millones a Cartagena

A principios de febrero, el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, reunido en sesión extraordinaria, aprobó de manera unánime que técnicos municipales cuantificaran el dinero que suponen las irregularidades detectadas en los contratos de la empresa de limpieza viaria y recogida de basuras Lhicarsa, formada por FCC y el Consistorio. Pero poco ha trascendido del trabajo de la comisión técnica ni de las gestiones que el Ayuntamiento debía realizar para reparar las ventajas sin justificación que dicha empresa obtuvo por obtener sin cobertura legal dos prórrogas del contrato y elevar los costes del servicio, según dictaminó el Tribunal de Cuentas en su último informe. El órgano de fiscalización del Estado también detectó falta de control a la empresa por parte municipal.

Ahora, la concejal de Sí Cartagena, Ana Belén Castejón, exalcaldesa y también exconsejera de Lhicarsa, ha elevado al Pleno una batería de preguntas para saber qué ha hecho al respecto el nuevo gobierno municipal elegido el pasado 28 de mayo. En concreto, cuestiona si el equipo de gobierno ha reclamado ya a FCC el abono de 2.158.196,34 euros, que es el 100% del importe generado por los beneficios de la venta de subproductos, «tal y como concluye el informe» de los técnicos municipales.

No es la única cifra millonaria por la que Ana Belén Castejón pregunta a la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien fue su socia de gobierno durante la anterior legislatura. Quiere saber si Lhicarsa ha justificado los 2.585.607,19 euros que dice haber invertido reposición de material. Igualmente pide conocer si Lhicarsa ha justificado el número medio anual de trabajadores que por contrato debe tener. Y quiere datos hasta 2017, que es el último año por el que se podría reclamar.

Según Castejón, en el año 2022 el equipo de gobierno fijó «y la empresa aceptó» que el número medio de trabajadores fuera de 362,21, ante las evidencias de que la empresa no contrataba al personal necesario para la prestación del servicio. El grupo de trabajo formado por técnicos municipales en febrero de 2023 concluyó en su informe que para cuantificar las cantidades indebidamente cobradas por Lhicarsa al Ayuntamiento la empresa debía aportar el número de empleados desde 2017. Y Castejón tampoco tiene constancia de que lo haya hecho.

La exalcaldesa, que anunció su dimisión del consejo de administración de la empresa de las basuras, días antes de acabar la legislatura, pretende saber además si los consejeros disponen del informe técnico «para que se den por notificados de su contenido» y si están aprobadas las cuentas de 2022 de la empresa mixta.

La última reunión del consejo de la que hay constancia se celebró en diciembre de 2022, en plena crisis entre el Ayuntamiento y FCC porque, entre otros motivos, esta empresa fue descubierta realizando trabajos particulares con medios del contrato municipal de basuras y despidió empleados del departamento de administración sin consensuarlo con su socio.

• Temas
• Ayuntamiento de Cartagena
• Ana Belén Castejón
• Noelia Arroyo