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Sobre estas líneas, una mujer camina junto al antiguo fuerte militar llamado 'El Caballero de Despeñaperros'. Abajo, proyecto de restauración de Aforca. antonio gil / agm
Ayuntamiento y Aforca pierden el dinero para restaurar Despeñaperros

Ayuntamiento y Aforca pierden el dinero para restaurar Despeñaperros

El TSJ devuelve al Ministerio de Fomento los 435.000 euros que debía pagar por haber autorizado la coronación de la Muralla de Carlos III

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Jueves, 19 de septiembre 2019, 01:38

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Veinte años después de rehabilitación de la Muralla de Carlos III mediante la colocación de una corona, dentro del Plan Especial de la Muralla impulsado por el Ayuntamiento de Cartagena, esta actuación sigue generando polémica y dando quebraderos de cabeza judiciales. El Ministerio de Fomento, junto al Consistorio y la Comunidad Autónoma (que dieron su visto bueno al proyecto de 1999), fue condenado en 2008 a pagar la demolición del pretil por haber alterado sin justificación este Bien de Interés Cultural (BIC). Ante las dificultades técnicas y presupuestarias para ejecutar la sentencia, los tribunales accedieron en 2015 a que la indemnización impuesta al Ministerio fuera destinada a construir una réplica de las antiguas Puertas de Madrid. A ello accedió el colectivo Aforca, que ganó el pleito junto a la Asociación Cultural Emma Egea.

Ya en mayo de 2017, Aforca (Asociación de Amigos Veteranos de los Castillos Cartageneros, su Fortalezas, Murallas, Viejas Torres y Baterías de Cartagena) y la institución municipal decidieron sustituir este proyecto alternativo por uno de rehabilitación del antiguo fuerte militar de Despeñaperros, situado entre el antiguo cuartel de Antiguones y el hotel Los Habanero. Para ello, ambas partes firmaron un convenio.

Pero cuando todo parecía dispuesto para recuperar una de las joyas del patrimonio local, construido en el siglo XIX para reforzar el sistema defensivo de la ciudad, los jueces han ordenado devolver el dinero a Fomento, al no ver cumplidos los requisitos que impuso para liberar la indemnización: 435.600 euros. Y tanto el colectivo cultural como la Corporación, que se han reprochado mutuamente el haber incumplidos sus obligaciones, están haciendo un último esfuerzo para rescatar esta 'ayuda' a la conservación del casco histórico. Lo hacen en los juzgados y por la vía política.

El tribunal aceptó el arreglo del fuerte en vez de la retirada del pretil de la muralla, pero no ve cumplidos sus requisitos

El acuerdo inicial alcanzado entre las partes el 1 de octubre de 2015 para no tener que retirar la coronación de la Muralla, lo que implicaba una compleja actuación de rebaja del nivel de la calle Muralla del Mar, «no ha podido llevarse a efecto por razones que esta Sala desconoce. La actuación para la que Aforca pide que se libere la cantidad consignada no reúne los necesarios requisitos para considerarla obra sustitutoria de la obra que, por imposibilidad de ejecución de la sentencia, iba a sustituir a la que había de ejecutarse según el fallo de la sentencia», concluyó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un auto dictado el 5 de diciembre de 2018, y que no ha trascendido hasta ahora.

Sin el informe regional

La resolución, a la que ha accedido 'La Verdad', fijó que «procede la devolución de la cantidad consignada por el Ministerio de Fomento, mediante transferencia bancaria», y archivar las diligencias. No obstante, y a ello se ha aferrado Aforca para presentar un recurso ante este órgano y otro simultáneo ante el Tribunal Constitucional, el TSJ (a través de su Sala de Lo Contencioso-Administrativo) dejó abierta la puerta a un arreglo. Lo hizo con estas palabras: «No es posible mantener abierto este incidente» de ejecución de sentencia «hasta que Aforca plantee una actuación que cumpla las condiciones que tantas veces hemos señalado». Con ello, se refirió a que haya un acuerdo entre todas las administraciones (la Abogacía del Estado se opuso a la solución de 2015); a recibir de la asociación un proyecto y un presupuesto; a que el Ayuntamiento informe de las «actuaciones seguidas»; y aportar un informe autonómico favorable a las obras en Despeñaperros, catalogado BIC.

El TSJ explica que el Ayuntamiento (ya con el PSOE en solitario en el Gobierno local y Ana Belén Castejón en la alcaldía) agotó primero el plazo de dos meses para enviarle la documentación. La Corporación alegó en julio de 2018 que no podía entregar los pliegos de contratación de las obras, porque la licitación correspondía a Aforca. Pero, como, según un informe municipal, la jefa de la Unidad Administrativa afirmó que había actuaciones en las áreas de Hacienda e Interior y de Cultura, Educación y Juventud, el tribunal dio un plazo de diez días para recibir estos papeles. No hubo respuesta.

El auto judicial recuerda asimismo que, mediante el convenio, Aforca se comprometió a costear la rehabilitación del fuerte hasta el límite de los 435.600 euros y que el Ayuntamiento asumió la limpieza y desbroce superficial del cerro. El tribunal señala que la corporación cumplió su parte en mayo y junio del año pasado, mediante un gasto cercano a los 6.500 euros, pero que por parte de Aforca «no se ha presentado proyecto de rehabilitación, ni un presupuesto en forma, solo una Memoria Presupuestaria, con un presupuesto de ejecución material por importe de 302.521,01 euros, realizado por los Arquitectos Alberto y José Amorós Martínez».

Control del dinero público

«Difícilmente puede valorarse el ámbito afectado, la obra a acometer, la posible implicación de otras Administraciones o de otros órganos, ni, fundamentalmente si el presupuesto es o no adecuado para la obra a ejecutar, sin la presentación de un proyecto técnico debidamente visado», sostienen los magistrados. Y añaden que, además, «se ignora qué empresa va a llevar a cabo la intervención, y toda vez que se va a ejecutar con dinero público para la licitación y adjudicación, deberá supervisarse la contratación por las administraciones afectadas, lo que tampoco consta».

Por último, el TSJ avisa de que «si todo lo anterior no fuera suficiente para no acceder al pago de la cantidad a Aforca, se ha de añadir un obstáculo esencial: que se pretende ejecutar una obra sobre un BIC, sin que haya ni un solo informe del órgano competente de la Comunidad».

Aforca confía en un recurso y el Gobierno local habla con Madrid

El Gobierno local indicó, a preguntas de 'La Verdad', que está «trabajando» con el Ministerio de Fomento para encontrar una solución a la restauración del Fuerte de Despeñaperros. No dio más detalles de los contactos, pese a que el auto judicial es de hace nueve meses. El Ejecutivo -integrado ahora por PSOE, PP y Cs- indicó que el TSJ ha constatado que Aforca no presentó el proyecto al que se comprometió, mediante un convenio. El Ayuntamiento no aclaró por qué no facilitó al TSJ la documentación solicitada por este, ni si pidió un informe a la Consejería de Cultura. El alcaide de Aforca, Juan Lorenzo Gómez-Vizcaíno, lamentó lo ocurrido y criticó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento por haber actuado «sin diligencia». También comentó que, ante la lentitud del procedimiento, pidió una reunión con el concejal de Cultura y Patrimonio, David Martínez, y que en ella el edil le garantizó que el Consistorio haría todo lo necesario para impulsar el plan. Si Aforca no presentó el proyecto, afirmó Gómez-Vizcaíno, fue porque es una asociación sin ánimo de lucro y necesitaba que el juzgado liberara el dinero. Aforca confía en que la Justicia «nos diga cómo se ha de ejecutar la sentencia», y afirmó que, «para salvar la situación hace falta voluntad política y judicial, porque es un montante de dinero impresionante, un dulce para cualquier corporación porque se trata de entregar a la ciudad una joya su patrimonio rehabilitado».

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