Guillén niega haber cobrado comisiones y liga sus 49 cuentas a la venta de su farmacia

Ni para poner a salvo su imagen pública; ni para responder a las expectativas que levantó entre un amplio sector del Partido Popular (PP)«indignado» por la «deslealtad» que había sufrido; ni para defenderse en los tribunales; ni tampoco por la 'invitación' pública de la Fiscalía para que colabore en el esclarecimiento de un presunto caso de corrupción urbanística aclarando directamente ante el juez y el fiscal las presuntas «falsedades, inexactitudes y omisiones a conciencia» del testimonio de una relevante persona imputada que él mismo se dijo dispuesto a «desmontar» si aquélla no lo hacía en un plazo de 24 horas.

Ninguna de esas posibles razones hizo ayer rectificar al exconcejal de Urbanismo y exvicealcalde de Cartagena, Agustín Guillén, su decisión de renunciar a combatir la declaración prestada hace una semana en el Tribunal Supremo por la alcaldesa y diputada nacional, Pilar Barreiro, sobre el caso 'Novo Carthago'.

En ella, Barreiro descargó sobre Guillén, como delegado en materia urbanística, la responsabilidad de la recalificación de unos suelos protegidos por parte del Ayuntamiento para permitir una macrourbanización con 10.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles junto al Mar Menor, el humedal protegido de Lo Poyo y los regadíos del Trasvase.

A pesar de las peticiones de cargos y militantes de su partido para que se mantuviese firme y forzara a Barreiro a retractarse, entre otras cosas de la afirmación de que no ha sido hasta ahora cuando ha conocido la especial protección de los terrenos a nivel urbanístico, Guillén insistió ayer en cumplir el acuerdo con la regidora para dar por zanjado el asunto, tras una reunión con los abogados de ambos, Ana Ruipérez y José Pardo Geijo, respectivamente.

Eso sí, Guillén no ha querido desaprovechar la polémica sobre las palabras de Barreiro para dejar clara su versión sobre dos cuestiones. Una es, respecto a su imputación por prevaricación, que la alcaldesa no le puede achacar ahora toda la responsabilidad de los trámites, pues él no supo «nada» del proyecto hasta que fue nombrado por ella edil de Urbanismo «tres días después de la presentación» del mismo.

Entonces, el concejal de Urbanismo era José Fidel Saura, investigado ahora por la Audiencia Nacional en el 'caso Púnica' de presunta corrupción, y la presentación se hizo en un hotel de La Manga. Asistieron la alcaldesa y el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel.

La segunda cuestión a la que ha respondido ahora Agustín Guillén, a preguntas de 'La Verdad', es si hay base para ser procesado por un presunto delito de cohecho. El exedil dijo que no y afirmó sentirse «muy tranquilo» y convencido de que la investigación patrimonial abierta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ha encontrado 49 cuentas bancarias en las que figura su nombre, acabará sin ningún resultado incriminatorio para él.

«Mis cuentas están claras»

«Mis cuentas están muy claras. Yo no he recibido ni un solo euro de Hansa Urbana [la promotora de la urbanización] ni de nadie. Jamás en mi vida he cobrado una comisión por hacer ninguna gestión política», aseguró el antiguo vicealcalde. Y explicó que el elevado número de cuentas responde, además de a motivos familiares, al hecho de que contrató productos financieros a raíz de los ingresos que le generó la venta de su farmacia de Cartagena.

Guillén abundó así en sus explicaciones a este periódico: «Todo el mundo sabe que, además de mi sueldo de funcionario, he tenido ingresos por la venta de mi farmacia. Por cierto, la vendí muy bien. En concreto, me dieron 70 millones de pesetas de la época. No tengo ningún inconveniente en ir al banco, pedir un extracto de todas las cuentas y explicar una por una de dónde sale el dinero. A mí no me van a encontrar ni comisiones ilegales ni nada, porque no hay nada. Soy una persona honrada, he sido un político honrado y estoy limpio».

En cuanto a Barreiro, Movimiento Ciudadano, Izquierda Unida-Verdes y la asociación ecologista ANSE dieron ocho razones para acusarla de mentir en el Supremo sobre su desconocimiento de la protección de los terrenos.

Los concejales portavoces de IU y de MC, Cayetano Jaime y José López, respectivamente, destacaron que en el sumario del caso consta un documento de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), fechado en Alicante el 19 de julio de 2002, en el que ésta explica por qué concede un préstamo de 9,5 millones de euros a Hansa Urbana (en la que tenía participación la propia CAM) para la compra del suelo.

«Es imposible creerla»

En la memoria del «contrato de préstamo» para la denominada 'Operación Miramar', es decir para la «compra de parcela de suelo en La Manga del Mar Menor denominada Miramar», la CAM hace constar: «Actualmente la finca descrita presenta la calificación de rústica, con una amplia protección en la franja costera lindante con el Mar Menor». Y añade: «A partir de su adquisición, se pretende continuar los contactos ya iniciados con las instituciones (administración local y autonómica), para la presentación de una propuesta urbanística». Ésta se hizo casi un año después, en concreto el 12 de junio de 2003.

A juicio de José López, «es imposible que nos creamos que Pilar Barreiro no sabía nada, ni siquiera que estaban protegidos los terrenos».

Tanto IU como ANSE recordaron que ya en el año 2000, el TSJ anuló la tramitación del proyecto de urbanización Lo Poyo, que comparte con Novo Carthago al afectar al espacio natural protegido del humedal de Lo Poyo. La sentencia (ratificada en 2004 por el Supremo), que tumbaba la modificación del Plan General Municipal, se basó en que no se hizo ni evaluación de impacto ambiental ni trámite de información pública, como exigía la elevada protección de los terrenos.

El director de ANSE, Pedro García, añadió que, en el expediente de Novo Carthago, se recoge la descontaminación del humedal y su entrega al Consistorio en compensación por la edificabilidad otorgada a la promotora por no poder urbanizarlo.

Y señaló que, en las Directrices del Litoral de la Región, la Comunidad «abrió las puertas» a edificar el sur del Mar Menor; y que, tras ello, «plenamente conscientes de que antes esa zona era no urbanizable de protección del Mar Menor, Barreiro y Guillén presentaron un avance del nuevo Plan General donde se planteaba urbanizarla».

García añadió otros dos motivos. Uno que, a pesar de la sentencia del Supremo, Ayuntamiento y Comunidad tramitaron conjuntamente los proyectos de Lo Poyo y Novo Carthago; y otro, que se fijó la restauración compartida del humedal por los promotores de ambos planes.

A estas razones, IU sumó que Barreiro era diputada regional en 1992 y 1995, cuando se aprobaron dos leyes que protegían la zona; y MC, que Barreiro no delegó las competencias de urbanismo en 2002 y 2003 en el proyecto del barrio universitario, pues «firmó el convenio con Puerta Nueva, la empresa vinculada al exalcalde socialista José Antonio Alonso».