Las empresas del Auditorio exigen en un juzgado 600.000 euros al Ayuntamiento

La irrupción de los inspectores del Tribunal de Cuentas en el Ayuntamiento de Cartagena para revisar facturas de obras y servicios sigue teniendo efectos de gran calado no solo en la gestión de la hacienda municipal, sino en los tribunales. La corporación, que tiene bloqueados desde hace más de medio año el abono de más de un millón de euros a varias empresas, vio cómo el pedáneo de La Puebla, Carlos Rosique, del Partido Popular, dimitió de su cargo para denunciar como gerente de la empresa Mantenimiento y Custodias Arqueológicas el impago de 256.000 euros por el servicio de control de yacimientos, museos y otros recintos públicos.

El año 2014 también acabó con otro recurso judicial 'bomba' a nivel económico y político, que ha trascendido ahora: el que presentó una unión temporal de empresas que tienen como directivo de referencia al presidente de la COEC (Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca), Pedro Pablo Hernández, por el impago de una subvención de medio millón de euros por la gestión del Auditorio y Centro de Congresos El Batel.

Así lo han confirmado al diario 'La Verdad' tanto la concesionaria del contrato relativo al edificio público situado en el Muelle de Alfonso XII, Gestípolis-Sonora, como el Gobierno municipal.

En concreto, la mercantil encargada de programar actividades culturales y reuniones de profesionales ha presentado un recurso contencioso-administrativo en un juzgado de la ciudad, por el que reclama al Consistorio el pago de 562.000 euros.

Se trata de la cantidad que la UTE donde participa el líder de la patronal cartagenera considera que se le adeuda en concepto de subvención por el déficit de explotación del primer semestre de 2014, más los intereses de demora por los seis meses de retraso en el abono.

El Ayuntamiento bloqueó la transferencia del dinero, a raíz de una inspección del Tribunal de Cuentas: luego, tras analizar las facturas presentadas por Gestípolis-Sonora, los servicios técnicos han determinado que no todos los gastos están debidamente justificados.

En consecuencia, según aseguró el portavoz del Ejecutivo municipal y vicealcalde, José Cabezos, la empresa tendría derecho a percibir solo una parte de la subvención, siempre que el Tribunal de Cuentas lo autorice.

El edil no precisó la cantidad que se le reconoce a las compañías, un dato que éstas también se reservaron. Cabezos aseguró que todo se ha hecho con el «máximo rigor legal», a través de la participación de técnicos de los departamentos de Intervención, Tesorería, Servicios Jurídicos y Contratación.

Dos versiones oficiales

Posteriormente, el propio Ejecutivo liderado por la alcaldesa, Pilar Barreiro, difundió a través de la página web del Ayuntamiento un comunicado en el que ofreció una versión distinta. En esa nota, elaborada según fuentes municipales por el gabinete de la Alcaldía, el equipo de gobierno afirmó que la corporación tiene «retenida la subvención anual» [en realidad se trata de una semestral] y limitó el problema a que la gestora del Auditorio tiene que «acreditar sus gastos de gestión en base a los términos recogidos en la Ley de Subvenciones».

«El Ayuntamiento decidió paralizar los pagos a la empresa a raíz del expediente abierto por el Tribunal de Cuentas, que considera que la aportación municipal comprometida en el contrato de adjudicación para garantizar el equilibrio económico de la empresa es una subvención y por tanto, la justificación de su gasto está sometida a la Ley de Subvenciones», añadió la institución.

Desde el Ayuntamiento añadieron que «los distintos servicios municipales han remitido al Tribunal de Cuentas toda la documentación justificativa de la subvención anual concedida a la empresa en base a lo establecido en el pliego de adjudicación del contrato de gestión».

El contrato del Auditorio fija una ayuda anual de dos millones de euros a la gestora, durante cinco años revisables, para compensarle por las dificultades de poner en marcha la instalación. A ese importe hay que restarle un millón de euros anuales que la compañía debe abonar por el alquiler del inmueble. En resumen, la empresa puede recibir una ayuda anual de un millón de euros, que no obstante se liquida por semestres.

Mientras que el pago del periodo entre noviembre de 2013 y mayo de 2014 ha generado un conflicto que se dirimirá en los tribunales, el del resto del año está siendo analizado por los funcionarios. La compañía ha presentado ya su liquidación de gastos, y los técnicos deben revisar los recibos y determinar si los gastos están suficientemente acreditados como para aprobar la subvención.

A través de un portavoz, Gestípolis explicó que ha acudido a los tribunales en defensa de sus intereses después de numerosas solicitudes de abono y de contactos verbales con la institución municipal.

Las empresas entienden que han justificado los gastos de los semestres quinto y sexto con la misma corrección que los relativos a los primeros cuatro semestres, cuando sí recibieron las ayudas (en total 4 millones). Por eso, la UTE mostró su confianza en que la situación se desbloquee y no tenga que ir de nuevo al juzgado.