La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes

Porque el hoy jefe del Ejecutivo regional tenía en aquella época por delante a otras dos grandes promesas, mayores que él pero todavía jóvenes, quienes durante años se habían posicionado como posibles sucesores de Ramón Luis Valcárcel para cuando este decidiera ceder el testigo e irse al Parlamento Europeo. Eran Pedro Antonio Sánchez y Juan Carlos Ruiz, los delfines sobre los que hoy pesan sentencias condenatorias a penas de prisión por los casos 'Auditorio' y 'Púnica', respectivamente.

Pedro Antonio, conocido como PAS (por sus iniciales), era un político precoz afiliado a Nuevas Generaciones desde los 14 años y que, tras haber sido director general de Juventud, protagonizó la gesta de conquistar la alcaldía de su pueblo, Puerto Lumbreras, un feudo socialista. Era el ojito derecho de Valcárcel, quien tenía claro que lo quería como sucesor, aunque alentara otras opciones para disimular un poco el 'dedazo'. Así, lo aupó poco a poco en el partido y en el Gobierno regional, nombrándolo consejero de Educación como paso previo al relevo.

Juan Carlos también procedía de la cantera de NN GG, la cual jugó un papel clave para que Valcárcel se impusiera a Juan Ramón Calero en el histórico congreso de 1993. Fue diputado nacional, vicesecretario del partido y portavoz en la Asamblea. Su cercanía a Miguel Ángel Cámara le aportaba gran predicamento en el municipio de Murcia, pero a la vez hacía que Valcárcel recelara de él, cerrándole siempre las puertas del Ejecutivo.

En marzo de 2014, el todopoderoso presidente ya había elegido y todo estaba listo para el traspaso de poderes a PAS cuando, de pronto, el TSJ entra en escena y lanza un auto demoledor contra el delfín lumbrerense, al que llega a acusar de cohecho por la compra de su vivienda familiar. El plan sucesorio queda hecho trizas de la noche a la mañana.

Todas las miradas se dirigieron entonces hacia Juan Carlos Ruiz. Todas, menos la de Valcárcel, quien escudándose en una supuesta falta de apoyos del portavoz parlamentario -tras una consulta que realizó con dirigentes locales, los cuales, sabiendo de antemano sus preferencias por Sánchez, le regalaron los oídos-, prefirió que le reemplazara Alberto Garre, cuya carrera política parecía acercarse al ocaso como vicepresidente de la Asamblea. Una solución transitoria para que él pudiera marcharse a Bruselas, dejando para más adelante la designación del candidato en las elecciones de 2015.

Garre toma posesión y sienta a los dos delfines en la mesa del Consejo de Gobierno, ambos con la vista puesta en su promoción política de cara a 2015. Y como a río revuelto, ganancia de pescadores, llegan unos empresarios de Madrid (de la mano de José Antonio Alonso, entonces muy cercano a la cartagenera Pilar Barreiro) y los engatusan con la fórmula de la Coca-Cola. Ofertan a ambos campañas de mejora de la reputación en internet que a Ruiz le permitirían ganar prestigio ante Génova de cara a la elección del candidato y a PAS le lavarían la imagen manchada por los casos de corrupción que le estaban salpicando. Unos fines lícitos, siempre que el pago de los servicios no fuera con dinero público.

Juan Carlos pica de lleno y concierta contratos que camuflaban su objetivo real, según considera probado la Audiencia Nacional. Pedro Antonio no llega a firmar nada, aunque un informe de la UCO de la Guardia Civil le acusó en su momento de tener a punto un contrato de 32.000 euros que, si no se llegó a materializar, fue porque no hubo tiempo debido al inicio de las detenciones. En cualquier caso, PAS fue absuelto más adelante de todas las acusaciones del caso 'Púnica'.

A Ruiz lo imputan, presenta su dimisión al instante y Génova se decide por Sánchez como cabeza de lista, pues ya se había liberado previamente de la imputación por la compra de su dúplex. Un candidato en precario, pues además de las sospechas púnicas, le cae una querella del fiscal jefe del TSJ por la construcción de un auditorio 'fantasma' en Puerto Lumbreras, para cuyas obras recibió una subvención pública de seis millones de euros.

PAS gana las elecciones de 2015, pero sin mayoría absoluta, lo que le obliga a firmar un pacto con Ciudadanos cuyo primero punto incluía una inquietante condición: «si te imputan, te vas». Dura en el cargo 22 meses, una pesadilla de mandato en el que la Región estuvo cada día en las portadas nacionales por cuestiones relacionadas con la corrupción. Dimite el 4 de abril de 2017 y cede el sillón de San Esteban a un diputado llamado Fernando López Miras, de 31 años, en lo que aparentaba ser otra apuesta con fecha de caducidad.

El destino de los personajes de esta historia es de sobra conocido. Sánchez y Ruiz, bajo amenaza de pisar la cárcel. Valcárcel, a la espera de juicio oral por el caso de la desaladora de Escombreras. Alberto Garre es ahora diputado de Vox mientras que López Miras lleva camino de sumar una década en San Esteban con una lección aprendida: las luchas de poder las carga el diablo.