El campo de la Región de Murcia liderará a la España de la sequía para intentar revertir las pérdidas en el secano
La consejera de Agricultura, Sara Rubira, y las organizaciones agrarias y cooperativas estatales acuerdan un frente común con las provincias cuyos cultivos sufren más daños por la falta de lluvias
El secano rabioso de la Región de Murcia, ese que intenta sobrevivir pese a la falta de lluvias y la pérdida de humedad en el suelo, fue objeto de debate este lunes en un encuentro entre la consejera de Agricultura, Sara Rubira, y las directivas estatales de COAG, Asaja y UPA, junto a la organización Cooperativas Agro-alimentarias, en Madrid. En la reunión salieron a relucir datos como que las pérdidas en estos cultivos durante los dos últimos años por la sequía alcanzan los 289 millones de euros en la Comunidad. Los representantes agrarios agradecieron la cita para entender cómo se encuentra este sector productivo, pero también pidieron a la consejera no tratar la situación en Murcia como un caso aislado.
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«La sequía no es, por desgracia, un fenómeno que se produzca solo en el sureste español», explica a este periódico el lorquino Miguel Padilla, secretario general de COAG, «tenemos ahora mismo la misma situación difícil en distintas provincias». Teruel, Zaragoza, Lérida, los tres territorios de la Comunidad Valenciana, La Rioja, Almería, parte de Granada y el sur de Albacete son los rincones de España donde más preocupa el impacto de la falta de precipitaciones sobre el secano. Todas las organizaciones han acordado que se establezca un «frente común» entre todos estos territorios con el fin de lograr dos tipos de medidas: ayudas directas a corto plazo para los productores y un plan de contingencia a largo plazo para tratar esta cuestión en un contexto de cambio climático.
El Gobierno regional es el primero que ha movido ficha en este sentido, por lo que a las cuatro organizaciones presentes en la reunión no les ha parecido mal que sea la Región de Murcia quien lleve la voz cantante ante el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea. La Junta de Andalucía tenía previsto mandar a la cita en Madrid a su nuevo consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, pero la pasada semana comunicó su ausencia en la misma. La sequía extrema «no es un problema únicamente de Murcia, afecta a otras regiones; pero hay que valorar de forma positiva que ponga encima de la mesa este debate», añade Ángel Villafranca, presidente de cooperativas Agro-Alimentarias de España.
Las organizaciones optan por plantear medidas coyunturales como «ayudas extraordinarias imprescindibles», explica Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, que buscarán evitar el abandono de fincas o la quiebra de los agricultores de secano. «Esta gente lleva aguantando una sequía persistente tres años», incide Padilla, a lo que Villafranca añade que los cultivos que no entran en producción terminan por «incrementar los costes del agricultor», y pide por ello extender ese apoyo económico a las cooperativas. Rubira recordó en el encuentro que «preocupa la supervivencia del arbolado (viñedo, el olivar o el almendro, entre otros), que se están resintiendo de manera drástica por la falta de unas lluvias cada año más escasas, por lo que están en riesgo millones de plantas» en comarcas como el Noroeste o el Altiplano.
Un problema de Estado y de la UE
La segunda parte de la solución pasaría por unas medidas estructurales que permitan combatir desde el campo la subida de temperaturas, la falta de agua o eventos climáticos extremos. Las organizaciones inciden en la necesidad de crear un foro entre la España de la sequía y las administraciones autonómicas, estatales y europeas «para tratar este tema como un problema de Estado donde se implique la UE», subraya Ramos. De la misma forma piensa Pedro Barato, presidente de Asaja.
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Villafranca, por su parte, cree que «estamos en un momento en el que se puede actuar sobre alguna línea de la PAC, sin olvidar que es un paquete financiero con un presupuesto fijado: lo que se habilite para un sector se tiene que quitar de otro», aclara, en referencia al ecorregímen específico para el secano de Murcia que demanda la Comunidad.
La consejera, por su parte, apunta que esta reunión valida al Gobierno regional para «demandar la declaración como zona catastrófica [en la Región] y el establecimiento de ayudas directas a las explotaciones afectadas, así como un plan de acción en el que se determinen medidas, calendario de actuaciones y la creación de una comisión de seguimiento». Estas conclusiones de la reunión de este lunes se han enviado por carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, para «concertar la fecha de la reunión solicitada» lo antes posible, especifican desde la Consejería. Dicha comunicación también incluye la petición de diseñar un ecorregímen de la PAC específico para el sureste peninsular.
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Rubira ha presentado el informe de daños en el secano elaborado por el centro de investigación Imida de Murcia, «con el que hemos podido ver qué situación se está viviendo allí», ha empatizado Ramos. El líder de UPA cree necesario que el Ministerio vuelva a convocar, y así lo había pedido ya la organización, a la Mesa Nacional de la Sequía.
«Hemos quedado en hablar con otras comunidades para afrontar el problema»
Los próximos pasos de este foro recién estrenado entre las organizaciones agrarias y el Gobierno de Murcia pasa por sumar a más autonomías. Este fue un requisito que pusieron encima de la mesa este lunes los representantes COAG, Asaja, UPA y las cooperativas españolas. Todos están de acuerdo en la necesidad de plantear una estrategia a largo plazo que pueda activarse en periodos de sequía y cuando los cultivos de secano estén en una situación límite por falta de producción.
«Hemos quedado en que hablaremos con otras comunidades para afrontar el problema e intentar resolver una parte a corto plazo, y luego ampliar el debate», señala Lorenzo Ramos, de UPA. Esta organización fue la única que llegó a firmar un paquete de medidas con el Ministerio de Agricultura tras las protestas agrarias de principios de año: «Tenemos acordado que, ante causas excepcionales como DANA, fuertes inundaciones o sequía, no se paguen los daños con fondos presupuestarios agrarios, sino con otras vías que permitan mantener el sistema de seguros».
El presidente de Asaja, Pedro Barato, advierte al Gobierno que «si no se actúa lo que vendrá será el abandono del terreno» debido a la desertización de este, que imposibilitará su uso «útil», es decir su utilización agraria; y ha pedido soluciones específicas para cada provincia teniendo en cuenta las «singularidades» de cada una de ellas, pero desde una «visión global».
Ángel Villafranca, de las cooperativas españolas, cree que ante la sequía se necesita una política de Estado respecto al agua: «Tenemos que levantarnos y dejar de ver el agua como algo electoralista; el mapa de las comunidades autónomas fija fronteras que no son reales ni con la naturaleza ni con la sociedad». Se refiere a los agricultores intercomunitarios, que residen en una zona, pero cuyos cultivos pueden ocupar terrenos en otras provincias de España. «No hagamos fronteras de esto», concluye, «el agua hay que gestionarla con un objetivo común, el de producir alimentos».
La consejera Rubira recordó también que la ganadería extensiva también está sufriendo la falta de agua, «lo que provoca un aumento de costes de alimentación del ganado, lo que, unido a unos márgenes de producción tan ajustados, pone en peligro la viabilidad de las explotaciones».
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