El «calvario» de los extranjeros para obtener el arraigo por formación en la Región de Murcia

En concreto, según los datos facilitados por la asociación, hasta abril de este año se han presentado 77.683 solicitudes de arraigo para la formación en el país, de las que únicamente 3.702 han obtenido luz verde. «Los tiempos de espera y la complejidad del entramado burocrático no son los únicos obstáculos con los que se encuentran tanto las personas migrantes como las empresas a la hora de conseguir contratación necesaria y cualificada», señala la ONG en un comunicado. Parem explica que los interesados que logran entrar en un proceso de selección laboral en la Región de Murcia lo hacen tras haber superado «una media de 10 meses de espera y de entramados burocráticos», que incluye una formación reglada de un mínimo de 320 horas, y que tras ello, «tienen que esperar aún cerca de cuatro meses más para poder ser finalmente contratados».

Para Parem, estos tiempos de demora desbaratan la utilidad de esta herramienta, ya que son «insostenibles» tanto para las empresas interesadas en la contratación como para las personas migrantes, para las que supone «el riesgo de perder una oportunidad laboral única abocándoles a la indigencia». Además, recuerda la ONG, «implica un gasto muy difícil de afrontar en academias y abogados y sin garantías para personas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad».

«Tenemos personas que iniciaron el proceso a mediados del año pasado y, aun cumpliendo todos los requisitos, siguen a la espera de que desde la Oficina de Extranjería formalicen todo el papeleo. Después de siete meses esperando para poder acceder a la formación, cursarla, hacer las prácticas y habiendo conseguido a una persona empleadora que diga 'sí, quiero este trabajador con cualificación', desde la Oficina de Extranjería nos están diciendo que hay que esperar cuatro meses más», denuncia la Begoña Iriarte, secretaria de la asociación. «Y eso, en un caso ideal en el que se ha podido acceder a una formación gratuita del SEF, pero hay quien está pagando casi 2.000 euros por una formación y que está en una situación de vulnerabilidad continuada, porque mientras estás en este proceso no puedes trabajar de forma legal», concluye.