El periodista Manuel Buitrago, junto a los expertos Andrés Molina, Isabel Cano, Francisco Cabezas y Luis Garrote. J. C.

Cálculos «unificados» para evitar guerras por los caudales ecológicos

Expertos en hidrología y derecho de aguas apuntan al grave problema de descoordinación entre los planes del Tajo y del Segura

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:40

La falta de coordinación entre los planes de cuenca del Tajo y del Segura, cómo se calcularon los caudales ecológicos o las sentencias del Tribunal ... Supremo sobre los recursos presentados contra el recorte del Trasvase fueron los temas que centraron la mesa redonda moderada por el periodista Manuel Buitrago, y en la que arrojaron algo de luz ante cuestiones tan técnicas y jurídicas el director general del Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, los catedráticos Luis Garrote y Andrés Molina, y la abogada y asesora jurídica del Scrats Isabel Cano.

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Ninguno de ellos mostró optimismo respecto al futuro del Trasvase. Molina, catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, opinó que el acueducto vive «la situación más grave» en sus más de 45 años de existencia, y ello, en parte, porque existe «una contradicción entre la planificación del Tajo y el del Segura, y los dos tienen el mismo rango». La senda de subida de los caudales continúa «sin que las medidas compensatorias» previstas (más desaladoras e interconexión de las plantas) «se hayan establecido; es una encrucijada» porque ni hay presupuestos ni tiempo para ejecutarlas.

Garrote, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, dejó en evidencia, mencionando sus estudios, la falta de medios y los fallos en los procedimientos en el análisis de los caudales ecológicos del Tajo que conllevaron una subida de los mismos en la planificación actual. «Son unos cálculos que no están a la altura de la enorme trascendencia que tienen las implicaciones del resultado para tantas personas», y añadió la necesidad de hacer «un estudio de más envergadura» para el cuarto plan de cuenca del Tajo, ante la posibilidad de que hubiera una corrección de los mismos.

La falta de medidas compensatorias puestas en marcha no permite reducir el impacto del recorte de agua del Tajo

El experto consideró que los distintos criterios seguidos en las cuencas de España para fijar volúmenes mínimos, «donde es muy difícil imaginar una explicación que justifique toda esa heterogeneidad» de métodos, está «creando unos problemas graves de gestión».

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Autoridad nacional

En la misma línea se pronunció Cabezas, quien recomendó que para salvar ese desbarajuste se debe acometer, a través de un centro oficial, la «unificación» de todos los cálculos de los caudales en España. Este asunto «debería estar en manos de una autoridad nacional, y no en manos de una Confederación», subrayó el investigador. Los participantes reclamaron una política hidrológica nacional para que cada confederación no termine por tomar decisiones que afecten a otras. Garrote ve necesario en un futuro exigirle al Tajo un «mayor control de los recursos hídricos» y que «adecue y modernice sus zonas regables».

«En mi opinión, se está dando una trascendencia excesiva a los caudales ecológicos. En un contexto puramente legal, la planificación hidrológica tiene dos objetivos: el buen estado ecológico de las masas de agua y la satisfacción de las demandas. En algunos casos se está identificando el buen estado ecológico con la mera declaración normativa o imposición normativa de los caudales ecológicos», explicó el catedrático.

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La letrada del Scrats se muestra «profundamente convencida» de que legislar contra el Trasvase «es una decisión ilegal»

Todos criticaron que la planificación del Tajo no tenga en cuenta como usuarios propios a los regantes del Tajo-Segura. Isabel Cano-Pato mostró precisamente su sorpresa por las sentencias del Supremo, donde, «por un lado, dicen que tiene sentido que las demandas del Tajo se incluyan en los modelos de simulación y, por otro, que no son un uso del Tajo». La letrada del Scrats se mostró «profundamente convencida» de que legislar para poner fin al Trasvase «es una decisión ilegal» y dijo no entender por qué el Supremo no ha tenido en cuenta en sus fallos los «usos equilibrados, equitativos y sostenibles» que la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea pide garantizar en todas las cuencas hidrográficas.

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