La caída de Delfos, el 'putipub' de las copas, los estriptis y el sexo en reservados
El fiscal pide 25 años para cada uno de los dos propietarios del local, acusados de prostituir a mujeres inmigrantes y a una menor de edad entre 2015 y 2018 en Fortuna
A mediados de abril del año 2018, uno de los 'putipubs' (tal y como los denominó la propia Policía) más conocidos de Fortuna, el pub Delfos, cayó en una operación policial contra una red de locales del municipio en los que se estaban desarrollando actividades de alterne, tanto en el interior de los establecimientos, en zonas reservadas, como fuera de ellos: en el interior de vehículos o en hoteles o viviendas de los clientes.
En aquella operación, fueron detenidas nueve personas por delitos relativos a la prostitución de mayores y menores de edad, corrupción de menores, contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. Los investigadores de la Policía Nacional tenían en su radar este pub que funcionaba desde 2015 como un supuesto local de alterne. Las indagaciones de los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras pusieron al descubierto que los responsables del establecimiento supuestamente contrataban chicas extranjeras, algunas sin papeles, para trabajar a cambio de una comisión sobre las copas a las que eran invitadas por parte de los clientes, a los que prestaban atenciones especiales como dejarse besar y tocar sus zonas íntimas.
Algunas de estas empleadas pactaban servicios sexuales completos, de los que los dueños del local, S. G., de 67 años, y J. G., de 46 años, obtenían una parte.
Las camareras debían llevar ropa provocativa, mostrarse cariñosas con los clientes, hacerles tocamientos y dejarse tocar
El fiscal pide para cada uno de ellos un total de 25 años de prisión, cinco por prostituir a una menor de edad, otros cuatro por cada una de las cuatro mujeres a las que obligaron a vender su cuerpo y cuatro más por un delito contra los derechos de los trabajadores.
El escrito de la Fiscalía relata que los propietarios aprovecharon «la situación de necesidad de las mujeres en situación irregular o que padecían una situación económica precaria para darles trabajo, sin realizar contrato laboral alguno ni darlas de alta en el régimen de la Seguridad Social, como camareras del local».
Las camareras, procedentes de Brasil, Rumanía, Marruecos y Ecuador, debían engatusar a los clientes para que consumieran el mayor número de copas posible y para que las invitaran. Para ello, las mujeres debían llevar ropa provocativa, mostrarse cariñosas con los clientes, hasta tal punto que debían hacerles tocamientos en sus partes íntimas y dejarse tocar.
Cuando la situación subía de tono, había espacios reservados donde estos tocamientos podían efectuarse de forma más intensa e insistente. Aquí, las mujeres llevaban menos ropa aún que en la zona común y hacían estriptis. Eran estos rincones donde camareras y clientes mantenían relaciones sexuales completas. A cambio, las mujeres recibían un salario de 30 euros por día, más el 50% del precio de las copas a que eran invitadas por clientes. En el caso de mantener relaciones sexuales, cobraban el 50% del precio del servicio, que previamente había pagado el cliente a uno de los acusados; el otro 50% era para el establecimiento.
Maratón de 12 horas en 7 días
La jornada laboral tenía una duración de hasta doce horas diarias, siete días a la semana. El maratón comenzaba a las 17.00 horas y podía alargarse hasta las cinco de la madrugada. Si alguna de las camareras sometidas a estas condiciones de trabajo se rebelaba, no siguiendo el código de vestimenta provocativa, o si no lograba que los clientes consumieran y la invitaran a suficientes copas, sufría amenazas y sanciones.
Entre estas mujeres había una menor de 16 años, rumana. Tenía que alternar con los clientes y conseguir que la invitaran a consumiciones a cambio de dejarse tocar por ellos, realizó estriptis y mantuvo relaciones sexuales con clientes a cambio de dinero.
«La petición de 25 años de prisión es desproporcionada»
El abogado penalista Manuel Maza defiende a los dos propietarios del pub Delfos, acusados de los delitos de prostitución, corrupción de menores y contra los derechos de los trabajadores. El letrado argumenta que las penas solicitadas por la Fiscalía para cada uno de sus clientes, que alcanzan los 24 años de prisión –5 años por un delito de prostitución de menores, 16 años por las cuatro mujeres a las que supuestamente obligaron a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero y otros cuatro por un delito contra el derecho de los trabajadores— «son desproporcionadas, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos». «Son condenas similares a las que se solicitarían por un asesinato, no tiene sentido», asegura. Además, el abogado explica que en momento alguno las mujeres estuvieron coaccionadas ni obligadas a prestar los servicios sexuales a los clientes del pub. «Las chicas ejercían la prostitución, pero lo hacían libremente, sin horarios y sin estar sujetas a obligaciones ni control. Entendemos que no hay delito», subraya Maza. En cuanto a la menor, señala que no trabajaba en el establecimiento ni se prostituía. «Las que lo hacían, ejercían ese oficio de manera libre y sin presiones», concluye el abogado.
