La Audiencia ordena reabrir la causa por los ancianos fallecidos en Caser

Al estimar el recurso de apelación de las familias contra el sobreseimiento de la causa, los magistrados de la Audiencia afean que ninguno de los autos dictados por la titular del juzgado «dan una explicación razonada, como el caso merece», sobre si la conducta de algunos de los otros denunciados a los que se refiere la querella que en su día interpusieron las familias «pudiera haberse producido en la forma descrita o si existen indicios de criminalidad» contra los responsables de la residencia de mayores ubicada en la pedanía murciana de Santo Ángel.

Según explican los jueces en el auto, al que ha tenido acceso LA VERDAD, «no se ha valorado en la resolución recurrida si las conductas denunciadas que afectaban fundamentalmente a cargos directivos de la residencia Caser, 'prima facie' y sin práctica de diligencias, pueden ser excluidas de tipicidad penal». Continúan los magistrados asegurando que «no se trata de ofrecer a los querellantes una respuesta de por qué se produjeron en la residencia 106 contagios y 34 fallecimientos, sino si en ese resultado intervino alguna conducta humana, dolosa o negligente, que hubiera sido causante». Se trata, a juicio de la Audiencia, «de que el juzgado dé alguna explicación razonada de por qué procede el archivo y de por qué son innecesarias las diligencias» que solicitan las familias, «pero no de un modo genérico, sino explicando debidamente su falta de relación con la causa».

La primera consecuencia de este fallo, dictado el pasado mes de abril, es que el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia no ha tenido otra opción que reabrir la causa y citar a declarar en calidad de investigado al representante legal de Caser Santo Ángel el próximo viernes 4 de noviembre.

A pesar de la puerta que se abre en el proceloso camino judicial que emprendieron las familias hace más de dos años, la portavoz de los afectados, Encarna Vera-Hernández, se muestra cautelosa: «En este tiempo nos hemos llevado muchos chascos, y habíamos perdido un poco la esperanza en la justicia. Yo sigo pensando que existe la consigna generalizada de tapar todo esto, porque se podría montar un berenjenal muy gordo si en algún caso se le da la razón a los familiares. Eso podría sentar jurisprudencia y se podría exigir incluso responsabilidad al Estado».

La decisión del Juzgado de Instrucción número 9 llega también tras la orden de la Fiscalía General del Estado del pasado 7 de octubre, que insta a los fiscales superiores de todas las comunidades a escuchar a los familiares de fallecidos. En este sentido, el secretario de Comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, exigió ayer a fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, «investigar todas las muertes por Covid en residencias, más de 400 en la Región de Murcia, y llegar al fondo de este asunto», ya que «existen claros indicios de que nuestros ancianos y personas con discapacidad no recibieron en todos los casos una atención digna».

Egío lamentó que «el trato recibido hasta la fecha por los familiares ha sido poco menos que vergonzoso», y acusó a Díaz Manzanera de «lavarse las manos» en abril de 2021 con el archivo de las investigaciones». Asimismo, Podemos recuerda que la Asamblea Regional rechazó abrir una comisión de investigación en noviembre de 2020, antes de la moción de censura, con los votos del PP, Vox y Ciudadanos. «La verdad se acaba sabiendo», concluye Egío.