Arranca el juicio de la 'operación Murciélago' contra el tráfico de marihuana en la Región

No en vano, el clima favorecía enormemente su cultivo, así como la gran cantidad de naves y terrenos agrícolas donde el 'oro verde' podía crecer oculto. Y lo que terminó de convencer a los traficantes fue que las penas por el delito contra la salud pública en el caso de que les pillasen con las manos en la 'maría' eran considerablemente más bajas que con la cocaína, al considerarse que se trata de una sustancia que no causa un grave perjuicio a la salud. La diferencia es evidente. De 'comerse' hasta seis años a la sombra por trabajar con cocaína, éxtasis, MDMA, cristal, etc., a los tres años, en los casos muy graves, por cultivar marihuana y venderla. De este modo, a principios de la década del 2010, la marihuana empezó a arrebatar a la cocaína el título de droga con la que más se traficaba.

Uno de los que, en apariencia, se dio cuenta del nuevo paradigma fue Enrique Antonio C. S., alias Kike, quien, en una supuesta estrecha colaboración con Ricardo V.H., alias Richy, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), lideró presuntamente una de las primeras organizaciones dedicada exclusivamente al cultivo de marihuana a gran escala de la Región, allá por el año 2013. Y para ello, utilizaban chalés diseminados en distintos municipios de la Comunidad para cultivarla.

Esa supuesta participación en la red del policía fue descubierta por agentes del Grupo de Estupefacientes de Murcia. Los 'Estupas' informaron a la Sección IV-Grupo VIII de Asuntos Internos. Les alertaron de que un compañero parecía estar involucrado en actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico.

Según las calificaciones de la Fiscalía, «abusando de su condición de policía nacional en activo», 'Richy' accedió a bases de datos confidenciales para controlar operaciones policiales, antecedentes de personas y matrículas de vehículos sospechosos, información que posteriormente compartía con la organización. Y así, a comienzos del año 2013, desplegó sus alas la 'operación Murciélago', uno de los primeros grandes macrooperativos policiales contra la producción y el tráfico de marihuana en la Región.

El pasado lunes 20 de enero se celebró la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial contra hasta 26 presuntos integrantes de la organización, aunque fue un mero trámite en el que las defensas —entre las que se encuentran reconocidos abogados como Pablo Martínez, Evaristo Llanos, Raúl Pardo-Geijo y José María Caballero, entre otros– renunciaron al trámite de cuestiones previas. Será este lunes cuando en otra sesión arranque el juicio, y previsiblemente declaren los acusados. El Ministerio Público pide penas de trece años y ocho meses de prisión para el supuesto líder, 'Kike'; y nueve años para 'Richy', el expolicía nacional.

El fiscal sostiene que la red puso en circulación más de 12 kilos de marihuana, e incautaron 5.308 plantas de marihuana en distintas fases, cogollos secos, además de causar daños económicos en las propiedades utilizadas. Entre las pruebas se incluyen conversaciones telefónicas, registros en chalés y un esquema financiero que detallaba ingresos y gastos. «Se trataba de una organización dedicada a ejecutar cultivos masivos y estratificados de marihuana en diferentes chalés de la Región», señala el escrito de calificaciones previas. 'Kike', un viejo conocido de la Policía y la Guardia Civil con antecedentes por narcotráfico desde 2002, figuraba como el cerebro de la operación. «Supervisaba los chalés y la calidad de la droga, enviaba cuadrillas de trabajo cuando era necesario, recibía cuentas de la marcha de las plantaciones y trataba con los proveedores de semillas y los destinatarios finales de la marihuana», detalla el documento de acusación. Su residencia, un lujoso chalet en la pedanía murciana de El Esparragal, servía tanto como vivienda como punto de reunión para los miembros de la red.

La organización alquilaba chalés en urbanizaciones de La Alcayna y Los Olivos, en Molina de Segura; en el residencial Montepinar, situado en la pedanía murciana de El Esparragal; en otros puntos de Murcia, y en San Javier. Para ello, invirtieron cerca de 40.000 euros por propiedad para transformarlas en invernaderos de marihuana. Los garajes y sótanos se acondicionaban con sistemas de riego, ventilación, lámparas de sodio y otros equipos avanzados.

El 'modus operandi' parecía impecable y la maquinaria estaba bien engrasada, de tal manera que mientras unas plantaciones estaban en proceso de secado, otras estaban en plena floración, garantizando un suministro continuo.

La seguridad también fue una prioridad. Los acusados utilizaban teléfonos Blackberry con sistemas de mensajería encriptada, y 'Richy' vigilaba cualquier movimiento sospechoso de sus compañeros policías. Según la Fiscalía, Richy era «el hombre de confianza» de Kike y gestionaba la parte operativa de las plantaciones, encargándose de la compra de materiales y supervisando las instalaciones. Incluso llegó a usar vehículos oficiales para el transporte de equipos, apunta el escrito.

El fiscal también destaca la estructura jerárquica de la banda, que incluía desde electricistas y técnicos de climatización hasta transportistas y cuidadores de las plantaciones.