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El TSJ y la Fiscalía critican que los partidos políticos traten de manipular la Justicia
El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, confía en que la causa contra los responsables de la degradación ambiental del Mar Menor quede lista para juicio este año
El Mar Menor se convirtió este viernes en el protagonista indiscutible de una apertura del año judicial en la que, como viene siendo habitual, se agolparon las reivindicaciones y escasearon las buenas noticias. La Fiscalía aprovechó el acto que da pistoletazo de salida a esta nueva temporada de pleitos para anunciar el avance en la instrucción del llamado 'caso Topillo' contra los responsables de la degradación ambiental de la laguna. Apenas unas horas después de que miles de personas tomaran las calles de la capital para exigir soluciones, el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, se mostró convencido de que el auto de procedimiento abreviado estará listo antes de finales de año con lo que esta investigación, que tiene a la Región en vilo desde hace años, encaminaría ya sus pasos hacia el banquillo.
«Este el más grave problema medioambiental de esta región, posiblemente de toda su historia, con graves efectos en muchos sectores y con una compleja solución, derivado de un cúmulo de acciones y omisiones que se arrastran desde hace más de 40 años, y que debería ser tal vez tratado como un asunto no solo regional sino de Estado», remarcó el fiscal. «Se conoce la posible causa principal de ello, según opinión técnica unánime, pero su posible solución, que quede claro, que no se va a encontrar en la vía judicial». Fue, incluso, un paso más allá y advirtió que «a problemas extremos hay que aplicarle soluciones extremas».
Las frases
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Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del TSJ: «Hay un uso interesado y meramente táctico que de la jurisdicción penal hacen en ocasiones tanto partidos políticos como asociaciones constituidas a su sombra». «La administración de justicia regional es de las peor dotadas del territorio nacional»
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José Luis Díaz Manzanera, Fiscalía superior: «El Mar Menor es el más grave problema medioambiental de esta región y debería ser tal vez tratado como un asunto no solo regional sino de Estado». «Resolver esta situación patológica de deficiencias estructurales sigue siendo tarea de todos»
En su discurso, Díaz Manzanera insistió en que la solución al problema del Mar Menor no se consigue en la vía judicial sino que debe tratarse en el ámbito político y administrativo. En este sentido incidió en la «necesidad ineludible de coordinación y entendimiento entre las administraciones competentes y los sectores afectados».
La historia, avanzó, «suele quedar marcada por hitos buenos y malos». En este sentido remarcó que «esta época que vivimos debería pasar a esa historia como aquella en la que se salvó el Mar Menor, y no en lo contrario». Por último mostró su deseo de que «pongamos en valor la sostenibilidad del sistema, pero, sobre todo, del ecosistema».
El salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Murcia acogió este viernes un acto de apertura del año judicial menos multitudinario de lo habitual, pero en el que no faltó la denuncia por la lentitud del sistema y la exigencia de mayores medios humanos y materiales. Una batalla en la que el TSJ y la Fiscalía cabalgan juntos desde hace años.
Díaz Manzanera insistió en que «resolver esta situación patológica de deficiencias estructurales sigue siendo tarea de todos». Hizo hincapié en que los achaques de la administración son un problema que «afecta a todo el sistema democrático y, lo que es más grave, a la propia credibilidad de la justicia».
Critica que los bancos «lastren» los juzgados de cláusulas suelo
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, aprovechó este viernes la ocasión para lanzar un mensaje alto y claro dirigido las entidades financieras. Aludió a las elevadas cifras de litigiosidad que lastran los dos únicos juzgados de la Región especializados en cláusulas suelo. Solo en los últimos cuatro años estos órganos han resuelto más de 13.000 asuntos, un 14% de todos los casos civiles de la Región.
«El altísimo porcentaje de demandas presentadas por clientes de la banca que están siendo estimadas por los tribunales -supera el 99% de las presentadas- debería llevar a algunas de las entidades bancarias más frecuentemente demandadas a revisar su estrategia procesal de oposición sistemática a tales reclamaciones», señaló.
La estrategia de estos bancos, lamentó, «lastra injustificadamente al sistema de Justicia con una litigiosidad impostada y evitable, que consume enormes recursos públicos».
Más de 208.000 asuntos
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, aplaudió el trabajo realizado desde los juzgados en estos meses de pandemia, un esfuerzo que consiguió sacar adelante más de 208.000 asuntos. Insistió, sin embargo, en que la administración batalla con dos grandes enemigos: la infradotación de juzgados y la elevada litigiosidad.
Durante su intervención criticó, además, la instrumentalización que se hace de la administración. Concretamente se refirió al «uso interesado y meramente táctico que de la jurisdicción penal hacen en ocasiones tanto partidos políticos y asociaciones constituidas a su sombra, como particulares que se arrogan unilateralmente la defensa del interés público».
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Remarcó que «lo hacen unas veces mediante la interposición de denuncias y querellas meramente propagandísticas, cuya vida útil se agota en la fotografía de los denunciantes ante la puerta del juzgado con la denuncia sellada en sus manos». Y en otras ocasiones, precisó, «mediante la sistemática personación en actuaciones penales, instrumentalizando el ejercicio de la acusación popular para desgastar al rival político y mantener viva en el tiempo una imputación que es luego esgrimida como munición en la lucha partidista.
Con su «actitud justiciera impostada», lamentó, los denunciantes «hacen un uso indebido y abusivo de los tribunales y consumen en su propio y a veces espurio interés los siempre escasos recursos y energías del sistema judicial».
«La creación de juzgados no colma las necesidades»
El líder de la magistratura murciana volvió a incidir, asimismo, en la necesidad de medios de que adolece la justicia regional. «La creación en los últimos dos años de los dos nuevos juzgados de lo mercantil, de un nuevo juzgado de lo civil en Murcia y otro mixto en Molina de Segura no colma ni las expectativas ni las necesidades de nuestra Región en materia de Justicia», reconoció.
Pasqual del Riquelme se mostró, no obstante, optimista respecto al futuro dado que, según explicó, la programación del Ministerio prevé la entrega del palacio de Justicia de Lorca para diciembre de 2024. Además, avanzó, «Ministerio de Justicia y Ayuntamiento de Cartagena están trabajando intensamente en la identificación de la mejor ubicación de la futura Ciudad de la Justicia de esa ciudad y me consta que en breve habrá buenas noticias al respecto».
Además, arrancarán en breve las obras de reacondicionamiento y ampliación de los edificios judiciales de Jumilla y Caravaca.
El bloqueo del CGPJ genera una «anómala situación de interinidad»
El presidente del TSJ también hizo alusión en su intervención al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y advirtió de que esta situación tiene consecuencias negativas en el día a día de los juzgados murcianos.
Según precisó, «de las cinco plazas judiciales de nombramiento discrecional por el CGPJ, dos tienen ya vencido el plazo de nombramiento (las presidencias de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia desde los meses de marzo y junio, respectivamente), lo que nos aboca a una anómala situación de interinidad». A ello se suma, explicó, que el próximo diciembre, la jubilación del magistrado de designación autonómica dejará incompleta, con solo dos magistrados, la Sala Civil y Penal del TSJ, sin posibilidad de provisión de dicha plaza hasta que se produzca la renovación del CGPJ.
«No debería ser necesario recordar a nuestros legisladores y a los partidos políticos la dimensión procedimental que está en la esencia del sistema democrático».
