Antonio Jiménez: «Nos preocupa la integración en el Gobierno regional de perfiles alejados del talante conciliador»

-¿Qué le transmite la composición del nuevo Gobierno regional?

-Además del ya conocido compromiso con Vox, en la conformación del nuevo Gobierno regional el presidente ha optado por la continuidad. Lógicamente, nos preocupa la integración en el gobierno u otros altos cargos, de perfiles alejados del talante conciliador que necesitamos, que aviven debates absolutamente superados en nuestra sociedad, que nieguen la violencia machista o el cambio climático, o que denosten continuamente el trabajo de las organizaciones sindicales. Y nos preocupa que la composición de este gobierno de coalición pueda dar pie a un escenario de incertidumbre e inestabilidad política, que pueda tener consecuencias sobre la gestión pública, en un momento socioeconómico ciertamente complejo. No nos parece coherente situar Ordenación del Territorio fuera de la Consejería de Fomento e Infraestructuras; ni desgajar empresa de empleo y trabajo; ni situar estas últimas competencias laborales, con tantos retos tan complicados en la Región, en una Consejería ya cargada de otras importantes competencias.

-El pacto programático PP-Vox nació con el desagrado de los sindicatos y la patronal por la propuesta para cambiar el criterio de compensación económica que reciben por su labor consultiva. ¿Le inquieta?

-Desempeñar responsabilidades sindicales y no estar preocupado es incompatible. Todo el mundo daba por hecho, desde el día siguiente a las elecciones regionales, que este pacto llegaría, y en mi opinión no era necesario haber mantenido prácticamente paralizada la administración tres meses, con el consiguiente perjuicio que ello supone para la ciudadanía y las empresas de la Región. En el pacto programático no hay más que compromisos ambiguos e inconcretos, e invectivas contra el Gobierno de la nación. Respecto a cuestiones tan trascendentales como la protección del Mar Menor o la lucha contra la violencia de género, sinceramente creo que es censurable ponerse de perfil y no hablar claro. Pero en el discurso de investidura dio la impresión de que el presidente quiso distanciarse tanto de ese acuerdo como de sus clamorosos silencios, abogando, entre otras cosas, por el Diálogo Social. Espero, por el bien de esta Región y sus ciudadanos, que esa línea de gobierno sea la que prevalezca y que podamos ponernos a trabajar en un nuevo modelo económico, social y productivo que nos haga progresar al nivel del resto de las comunidades autónomas y salir del podio de la desigualdad, la pobreza y la precariedad laboral.

-Si se eliminara esa compensación, ¿cree que se vería UGT forzado a despedir a trabajadores como ha ocurrido en Castilla y León en otros sindicatos?

-Ha de saberse que la acción sindical de UGT se sufraga, y lo digo para los que aún insisten en que vivimos de las subvenciones, con las cuotas de nuestros afiliados. Las 'subvenciones' a las que hacen referencia no son sino compensaciones al diálogo social, a las tareas de representación y defensa de los intereses de los ciudadanos y trabajadores, que ejercemos en los más de cien órganos consultivos que la propia administración pública ha constituido para dar satisfacción a los derechos de participación institucional que reconocen la ley y la Constitución, a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Lo que ha habido son convenios y programas de responsabilidad pública y carácter finalista, justificados escrupulosamente año tras año. Además, esas cantidades totales dedicadas al Diálogo Social representan tan solo un 0,014% del presupuesto regional, muy por debajo de la media destinada en otras comunidades autónomas. En UGT, como en cualquier organización y entidad, tanto por las sucesivas crisis, como por las políticas económicas y sociales desarrolladas de carácter neoliberal y las políticas públicas regresivas, hemos tenido que adaptar continuamente la dimensión de nuestra plantilla, reduciéndola. No contemplo la eliminación de estas actividades de participación institucional y tampoco ese tipo de despidos.

-¿Qué opina de que Vox pretenda reducir la participación institucional?

-La Constitución sitúa a los sindicatos en su importantísimo Título Preliminar, el mismo en el que menciona a la Monarquía parlamentaria, los partidos políticos, las asociaciones empresariales o el propio principio de respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y ese mismo respeto exijo yo a aquellos partidos políticos que cuestionan y ponen su punto de mira en los sindicatos. Del trabajo sindical, del Diálogo Social y de la Negociación Colectiva, y de las propuestas de mejora de condiciones de vida y trabajo resultan beneficiarios el conjunto de los ciudadanos, incluidos también los votantes y dirigentes de Vox. Y lo que parece que molesta y quieren eliminar a toda costa es lo que hacemos con el Diálogo Social: asesorar y colaborar en materia de prevención de riesgos laborales o igualdad; sostener el servicio de mediación, arbitraje y conciliación laboral al que acuden empresas y trabajadores para resolver conflictos; prestar atención a personas desempleadas, extranjeras y en riesgo de exclusión; contribuir a la elaboración de los instrumentos de planificación estratégica de las políticas públicas regionales de todo tipo, etc. Por el contrario, lo que entiendo, modesta y sinceramente, es que la sociedad en su conjunto debe poner en valor y reconocer el trabajo sindical realizado y pendiente de realizar por las organizaciones sindicales y empresariales.

-En la investidura no se habló de la pobreza, parece la gran olvidada. ¿Por qué?

-En nuestra Región, el 31% de la población está por debajo del umbral de la pobreza y, sin embargo, efectivamente ha sido una de las grandes olvidadas. Por eso, hay que seguir insistiendo en mejorar las condiciones salariales, especialmente en los estratos más humildes de la población trabajadora, a través del Salario Mínimo Interprofesional, que ha demostrado ser un eficaz correctivo de las situaciones de pobreza laboral, pero también de la negociación colectiva. Y por supuesto, hay que intensificar la intervención de los poderes públicos para fortalecer la cohesión social, muy especialmente en la Región, con carencias significativas en su catálogo y cartera de servicios sociales, en sus políticas de integración y corrección de las desigualdades.

-La inflación sigue siendo alta. ¿Cómo hay que combatirla?

-A los trabajadores se les ha hecho pagar siempre las crisis con pérdidas de empleo, de derechos laborales y devaluaciones salariales. No es justo que se vean ahora abocados a ser también los únicos damnificados por la crisis inflacionista. La muy temida 'inflación de segunda vuelta' no ha venido provocada por los salarios, sino por la actitud de quienes han aprovechado la coyuntura para ampliar sus márgenes de beneficio. En UGT hemos hablado muy claro respecto a la reforma que necesita nuestro sistema de formación de precios, particularmente, en lo concerniente a los productos energéticos, donde no se pueden permitir oligopolios, y en los alimenticios, donde existe una clara falta de competencia en la distribución. El Observatorio de márgenes cifraba el crecimiento de estos hasta el 50% en la industria de la alimentación en tan solo un año.

-¿Cree que sería correcto que las empresas anuncien públicamente sus beneficios?

-Ya lo deben hacer algunas por prescripción legal, y sería interesante ese conocimiento en general, desde el punto de vista laboral, pero también desde la responsabilidad social y transparencia.

-Los datos de empleo reflejan una caída de la contratación. ¿Le preocupan los síntomas de debilidad en el mercado laboral?

-El número de contratos ha caído desde la reforma laboral de 2021, y eso obedece únicamente a la reducción de la contratación temporal. Es consecuencia de la mejora de la calidad y estabilidad del empleo. Y es innegable que, aunque ralentizado por la crisis inflacionista y las tensiones geopolíticas provocadas por la guerra en Ucrania, el ritmo de crecimiento del empleo y de reducción del paro es notable y sostenido. Del mismo modo, es innegable que la reforma laboral ha convertido en norma la contratación estable, no como antes, que era la excepción. Desde su publicación, en diciembre del 21, hasta julio de este año, los contratos indefinidos han crecido en la Región un 369,6 %, y hemos reducido la tasa de temporalidad en la contratación 44 puntos porcentuales.

-¿Cuáles son los retos en materia de trabajo?

-Mencionaré tres de ellos: salarios, política industrial y seguridad y salud laboral. Tenemos que superar la brecha salarial existente con la media española. La última Encuesta de Estructura Salarial situaba a la Región entre las cinco con una ganancia media anual por trabajador más baja. Concretamente, 2.615 euros inferior a la media nacional, un 10%. Un panorama aún más desolador para las trabajadoras de la Región, que padecen la tercera mayor brecha salarial de género del país. Lo que exigimos a las organizaciones empresariales es que se traslade lo comprometido en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) a todos los convenios regionales, y la buena noticia es que el incremento salarial medio pactado en convenio se ha alzado hasta el 5,37%. El sector industrial tiene un papel fundamental en la vertebración de la economía y como motor de creación de empleo de calidad. Es el que ha demostrado mejor resistencia frente a ciclos económicos recesivos, el que tiene mejores condiciones salariales y laborales. Es imprescindible disponer de una planificación estratégica en este sentido. Venimos años reclamándola. No hay manera. Y hay que poner fin a la lacra que supone en nuestra Región la siniestralidad laboral, con 51 fallecidos por esta causa el año pasado, 20 más que en 2021. La prevención tiene que dejar de ser un formalismo en las empresas y un asunto menor para los poderes públicos. Debe tener recursos suficientes, tiene que implicar seriamente a las empresas, y disponer de sistemas de vigilancia y control eficaces para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

-Todavía no se ha firmado el pacto por las 35 horas semanales en el sector público. ¿Cree que podría haber un retroceso en el nuevo gobierno?

-El 10 de mayo pasado se alcanzó el acuerdo en Mesa General de Negociación, que fue ratificado por el Consejo de Gobierno al día siguiente y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Este es un acuerdo consolidado que forma parte del ordenamiento jurídico y que hay que cumplir, dentro de un proceso de mejora del empleo público y de recuperación de condiciones de trabajo. El acuerdo de reducción de jornada, cuya aplicación progresiva en el ámbito docente se inició el 1 de septiembre, contenía también otras medidas, algunas de ellas ya se están ejecutando. La recuperación de algo perdido en su día, como la jornada de 35 horas semanales, es una media importantísima que tiene como objetivos la necesaria mejora en el acceso y en la calidad en la prestación de los servicios públicos regionales, la creación de empleo, la mejora de la productividad y de la salud laboral. Por lo que a nosotros respecta, vamos a defender el cumplimiento inexcusable y escrupuloso del acuerdo alcanzado, algo que exigimos que se contemple en los presupuestos. Unos presupuestos que serán la primera prueba de fuego a la que se sometan las costuras de este gobierno de coalición. De lo contrario la respuesta legal y sindical sería contundente. Pero como venimos diciendo en UGT, no es para nosotros una estación término, puesto que nuestro horizonte, para todas las personas asalariadas, del sector público y privado, son las 32 horas, algo que verdaderamente tendría el potencial de mejorar el bienestar social de las personas trabajadoras, crear empleo y modernizar los sistemas de organización del trabajo.

-¿Cuáles son los sectores más urgentes en los que se debe alcanzar un pacto salarial?

-La negociación colectiva sectorial acumula en la Región graves retrasos y bloqueos que están impidiendo llevarla al día. Alrededor de un 25%, es decir 170.000 trabajadores y trabajadoras, se encuentran en esta situación y esperamos que el AENC sea una palanca que impulse las negociaciones y las saque de este estancamiento que tanto está perjudicando a las personas trabajadoras.