Antonio Jiménez: «La patronal debe sumarse a una medida de progreso social como la reducción de jornada»

–¿Cómo sale UGT de este congreso confederal? ¿Qué prioridades se marcan el sindicato para esta nueva etapa?

–Del 44º congreso confederal, en el que hemos participado unos catorce delegados y delegadas de la Región, sale una organización mucho más cohesionada y fortalecida, que va a perseverar en los objetivos que tenemos como sindicato. Hemos repasado el trabajo y el esfuerzo desempeñado en estos años por nuestra organización, a través de un diálogo social que ha dado muchos y muy buenos frutos, a nivel estatal y regional, en materia de empleo, pensiones y protección social. Nos sentimos orgullosos de cómo a través de este diálogo social, que es la principal herramienta de progreso de este país, damos respuestas a los problemas reales de las personas trabajadoras e impulsamos significativas transformaciones en nuestro mercado de trabajo. Creo que se ha iniciado, en el mercado de trabajo y en el modelo de relaciones laborales, un camino hacia la dignificación y la modernización. Además, hemos marcado una serie de retos ilusionantes, a la vez que complicados: la reducción de la jornada laboral, la reforma de los costes del despido improcedente, la eliminación de las brechas de género que persisten en el mercado laboral, la transición digital y ecológica, la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, la reforma de la ley de extranjería y la protección efectiva del derecho a la vivienda. Este último es un tema clave para los trabajadores y las trabajadoras, y ha tenido un tratamiento especial en el 44º congreso.

–Ustedes defienden que la reducción de la jornada laboral potenciará la productividad. ¿Cuál es la fórmula para que, con menos horas de trabajo, se pueda producir más?

–El tema de la reducción de la jornada hay que situarlo cronológicamente. La jornada diaria de trabajo de ocho horas se estableció en 1919 y la semanal, hace 41 años. Es evidente que los avances tecnológicos y organizativos han hecho que se produzcan incrementos de la producción y beneficios que no se han trasladado a los trabajadores, como sí ha pasado en numerosos países de todo el mundo. Insistimos en que la reducción de jornada beneficia a la productividad por muchos aspectos: crea empleo, como ha hecho la subida del salario mínimo interprofesional, mejora la seguridad y la salud laboral... En definitiva, todas las experiencias de reducción de jornada han sido positivas en los países de nuestro entorno. Algunas organizaciones patronales han mantenido siempre un 'no' rotundo a cualquier progreso del mercado de trabajo, y luego se han convencido cuando han visto sus beneficios. Con la reducción de jornada, verán nuevamente cómo va a suponer un incremento de la productividad del país, que ahora es de las más bajas de la OCDE.

–¿Ve posible alcanzar un acuerdo con los empresarios o es partidario de avanzar sin ellos?

–Creo que esta sociedad merece la reducción de jornada, porque beneficiará a millones de personas trabajadoras y familias. No hay que olvidar que se tiene que aprobar por ley y espero que haya un suficiente respaldo parlamentario para que esto se produzca. De hecho, nosotros estamos recabando el voto favorable de todo el espectro parlamentario, haciéndole ver todas estas razones positivas que he enumerado antes. Los empresarios ahora mismo están en la postura del 'no', que desde mi punto de vista es obcecada, pero creo que la patronal debe sumarse a esta medida de dignificación de condiciones y de progreso social.

–Otro frente se abre con la reforma de la indemnización por despido. ¿Qué plantean?

–Aquí hay que resaltar que existe una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales que insta a incrementar la indemnización por despido en España. Y como España es firmante de la Carta Social Europea, entendemos que el Gobierno está obligado a acometer esta reforma. ¿Para qué? Pues para que el despido sea algo verdaderamente disuasorio y, en todo caso reparador, en nuestro país. Ya no sirven los topes establecidos en el actual Estatuto de los Trabajadores, hay que reconfigurarlos, eliminarlos o elevarlos. Nosotros, cuando vayamos a la mesa de diálogo social para negociar con el Gobierno esta modificación de los costes del despido improcedente, lógicamente estamos obligados a trabajar en la misma línea que dice el Comité Europeo de Derechos Sociales. Vamos a pedir, lógicamente, la eliminación o la elevación de los topes, que actualmente son de 33 días por año de servicio. Vamos a pedir también la recuperación de los salarios de tramitación, suprimidos en la reforma laboral de 2012, y que se introduzcan asimismo mecanismos que incentiven la reincorporación al trabajo. También habrá que abordar la agilización de los despidos judiciales.

–Ha comentado que estos últimos años han sido positivos respecto a la mejora de las condiciones de trabajo. No obstante, la Región de Murcia se mantiene a la cola en la mayoría de indicadores sociales que se publican. ¿Qué está pasando aquí?

–El principal problema que veo es que una herramienta importantísima para el avance social como es la negociación colectiva se encuentra bloqueada en varios sectores en la Región desde hace muchos años. La negociación colectiva es una fuente de derechos, una fábrica de mejora de las condiciones laborales y, por tanto, de las condiciones de vida de los ciudadanos. Es evidente que tiene que tomar un cauce distinto en la Región. Con una negociación colectiva en condiciones, se mejora la política salarial, se combaten las pérdidas de poder adquisitivo y se afianza un sistema retributivo más equilibrado, más justo, en consonancia con los nuevos avances tecnológicos y con los mayores beneficios empresariales. Hay que mejorar la productividad en la Región, y eso se consigue con una reducción equilibrada de la jornada laboral y con la mejora de la negociación colectiva. También es necesaria una mayor inversión pública para atender bolsas de pobreza, para que la renta básica de inserción y el ingreso mínimo vital sean verdaderos instrumentos de reiniciación social. Ahora, en el ámbito regional, estamos trabajando en la conformación de un plan estratégico industrial, con el que pretendemos introducir mejoras en el mercado de trabajo regional, porque el empleo asociado al sector industrial es de mayor calidad, con más salario, con más estabilidad. En el corto y medio plazo, espero que podamos ver avances significativos en esta materia.

–Han firmado distintos pactos con el Gobierno regional en estos años. ¿Se cumplen esos acuerdos? ¿Alguien lo vigila?

–Es una demanda que hay que hacer, y desde UGT la hacemos, a la Administración. De hecho, en todos los pactos y planes estratégicos que tenemos en la Región, siempre hemos solicitado la creación de comisiones de evaluación del desarrollo y la ejecución. Es verdad que hay algunos aspectos de estos planes que no se cumplen, pero son temas que nosotros no dejamos de seguir reivindicando y exigiendo al Gobierno regional. Los representantes de los trabajadores tenemos que estar siempre en el diálogo social, intentando influir en las políticas públicas. Debemos intentar marcar la hoja de ruta de los gobiernos, dentro de nuestras posibilidades. Próximamente termina la vigencia de la Estrategia de Empleo de Calidad y ya negociamos una nueva. Revisaremos las medidas que se han aplicado y las que no, lo que ha salido bien y no tan bien, para diseñar una estrategia mejor que la que existía.

–Hablando de negociación colectiva, en la última reunión con Croem, se comprometieron a desbloquear antes de final de año tres grandes convenios (agrícola-forestal, transporte de mercancías y establecimientos sanitarios). ¿Hay algún avance?

–Tanto desde UGT como desde CC OO planteamos a Croem en esa reunión que teníamos que resolver con carácter inmediato estos bloqueos y renovar cuanto antes estos tres convenios, como hicimos con otros convenios que también estaban estancados como el de la hostelería. Pero todavía no hemos tenido una respuesta subsiguiente por parte de la patronal tras esa reunión.

–El Gobierno regional no tiene mayoría para aprobar los Presupuestos y Vox, que no simpatiza con ustedes, es clave. ¿Temen que la ley de Participación Institucional y las aportaciones públicas a patronal y sindicatos sean moneda de cambio?

–Espero que no, sobre todo porque la labor que desempeñamos los agentes sociales es una cuestión democrática, constitucional. Insisto en que el diálogo social es fundamental para el sistema democrático y para la consolidación del progreso social de esta Región y de este país. Son evidentes los frutos del diálogo social en todos estos años y lo que hay que hacer es fortalecerlo. En el congreso de UGT estuvieron presentes el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, y ambos hicieron una valoración absolutamente positiva del diálogo social, considerándolo imprescindible. Además, el presidente expresó su intención de realizar una ley de participación institucional a nivel nacional, una ley que en la Región ya tenemos, aunque sigue sin desarrollarse de una manera integral y eficiente. Respecto a lo de las subvenciones, me gustaría aclarar que en realidad son aportaciones para sufragar una serie de gastos muy importantes que tenemos las tres organizaciones representativas del diálogo social para poder mantenerlo. Yo pienso que esas aportaciones, en vez de ir en detrimento, tendrían que ir en aumento. Principalmente, porque nos darán más posibilidades de actuar para mejorar las políticas públicas, con el consiguiente beneficio para toda la sociedad.

–¿Qué falta por desarrollar de esa ley de Participación?

–Lo que está más vinculado a temas de gestión, a nuestra participación específica en determinados órganos que tiene el Gobierno, pues la ley dice que los agentes sociales tenemos que estar en todos los sectores y ámbitos donde se diseñen políticas públicas. Después, desde el punto de vista de las compensaciones, pedimos que se haga una asignación más equilibrada para el esfuerzo que tenemos que hacer desde nuestras organizaciones sindicales y empresariales, que tenemos escasos recursos y muchas tareas importantes.

–¿Percibe que haya calado entre la sociedad ese discurso antisindical, que les caricaturiza como burgueses y privilegiados?

–Es cierto que hay una campaña general de descrédito, basada en bulos y falsedades, que no solo afecta a los agentes sociales, sino a todas las instituciones. Pero trabajando se hace camino y en eso estamos los sindicatos, en trabajar para conseguir avances a través del diálogo social. Creo que la gente percibe eso. Desde 2020, UGT tiene más delegados en la Región y mantiene la afiliación.

–Estamos en la era digital y hay cierto temor entre los trabajadores de que avances como la inteligencia artificial puedan suponer una pérdida de puestos de trabajo. ¿Comparten esa preocupación los sindicatos?

–Nosotros estamos desde hace muchísimo tiempo encima de estos procesos de avance tecnológico, valorando los impactos que las tecnologías tienen en el mercado de trabajo. La irrupción de la inteligencia artificial, evidentemente, tendrá repercusiones. Nosotros abogamos por una transición digital justa que no deje a nadie atrás, que ofrezca al conjunto de trabajadores y trabajadoras alternativas y posibilidades de formarse, capacitarse y adaptarse a todos los nuevos métodos de funcionamiento y producción. Y, lógicamente, estamos en plena vigilancia para evitar que se produzcan pérdidas de puestos de trabajo y que, ahí donde tengan que producirse inevitablemente, los trabajadores tengan alternativas.

–En marzo de 2025 celebran su congreso regional. ¿Se presentará usted a la reelección?

–En el confederal se ha aprobado una resolución que mantiene y reconfigura la limitación de mandatos de los secretarios generales. Nuestra apuesta también está por el relevo generacional. Tenemos que analizar la resolución y ver el alcance de su aplicación a escala regional. Paralelamente, iniciaremos un proceso de reflexión con todos los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones. Y en función de ese proceso, decidiremos.