El año 'horribilis' de la Justicia, con 150.000 casos pendientes en la Región de Murcia y la sombra de otra huelga

El imponente reto que la Justicia regional tiene por delante de cara al nuevo curso se ve agravado, además, por la falta de constitución de un Gobierno -central- y por la amenaza de los funcionarios, que advierten de que retomarán su huelga, que dejaron en 'stand by', una vez que se constituya un nuevo Ejecutivo.

El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, reconoce que la situación de la justicia, de cara a este nuevo arranque, es «muy preocupante». Incide en que «lamentablemente se sigue observando, un año más, que esa justicia sigue siendo la gran asignatura pendiente en este país, y la solución a esto, obviamente, es política, al tener las riendas de las decisiones».

Esa huelga, que podría continuar por los funcionarios una vez se constituya el nuevo gobierno, «requiere un plan de refuerzo o de choque serio y efectivo, que al final va a suponer más dinero al tener que doblar los señalamientos y los juicios, ya que se tendrán que reforzar las plantillas». Lo primero para ponerse manos a la obra, remarca, «es un gobierno nacional estable lo antes posible, por lo que llegamos siempre al punto de partida: que el problema sigue dependiendo de decisiones políticas y de un gobierno cuya constitución está aún en el aire, pudiéndonos ir a enero de 2024 a nuevas elecciones».

Díaz Manzanera recuerda que los fiscales ya tuvieron sobre la mesa hace unos meses la posibilidad de iniciar una huelga y que la opción de emprender nuevas movilizaciones no está descartada. La Región, incide, es la comunidad peor dotada en número de fiscales -aunque en el último año ha habido siete incorporaciones-, pese a estar a la cabeza en carga de trabajo.

La decana del Colegio de Procuradores de la Región, María Dolores Cantó, tampoco esconde su preocupación ante un año que califica de «'horribilis', para los profesionales del derecho, para los ciudadanos y para la economía en la Región de Murcia, ya que ésta tiene una relación directa con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia». Cantó recuerda que a las cifras «astronómicas» a las que la justicia tiene que hacer frente -más de 150.000 asuntos en tramitación y más de 18.500 actuaciones suspendidas y pendientes de reseñalar- se suma «una sobredosis de clima enrarecido y de desmotivación que impregna en las oficinas y sedes judiciales».

La decana de los procuradores subrayó que «todos nos enfrentamos a un nuevo reto, el más ambicioso tras la pandemia, el de intentar de nuevo reconstruir el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, sin dilaciones indebidas e injustificadas». Cantó incidió en que «tanto el TSJ, como los colegios profesionales, hemos solicitado de forma reiterada al Ministerio, un aumento de medios materiales y humanos,». Hasta que esos refuerzos lleguen sugiere «retomar más que nunca, ese plus, el plus que siempre hemos dado todos los que formamos el conjunto de la Administración de Justicia, proponiendo la realización de un trabajo en equipo, eficiente, sostenible y conciliador». Pone encima de la mesa medidas concretas, como el cumplimiento de los horarios por parte de todo el personal, fijar objetivos de trabajo semanal con criterios de eficiencia, regular el teletrabajo...

El decano del Colegio de la Abogacía de Murcia, Francisco Martínez Escribano, hizo hincapié, por su parte, en que el colectivo que representa está «preocupadísimo». La incertidumbre que genera la apertura de este nuevo año judicial hace mella en unos profesionales a los que, remarca, la situación de los tribunales ha comenzado a pasarles factura. «Muchos están sin facturar desde febrero», recalca.

Martínez Escribano llama, además, la atención sobre el «desafecto absoluto hacia la Administración de Justicia» que, asegura, está anidando en los ciudadanos, que no ven atendidas sus demandas. El representante de la abogacía murciana incide en la necesidad de recibir refuerzos y reclama una mayor implicación política a la hora de reivindicarlos. «En ningún debate político he oído hablar de justicia», lamenta.

Mientras, el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Ángel Méndez, tilda, por su parte, de «crítica» la situación de la justicia a la vuelta del verano. «Los abogados llevamos sin poder ejercer normalmente nuestra profesión desde hace 8 meses, y la situación es límite para muchísimos compañeros que temen no poder mantener abiertos sus despachos», advierte. Méndez insiste, además, en el perjuicio que esta realidad está causando a sus clientes. «Los ciudadanos están absolutamente desencantados por cuanto sus procedimientos, que implican situaciones personales muy estresantes, no avanzan ni se solucionan». Una situación, recalca, que se ve agravada por la inestabilidad política.

«Esta situación de paralización de la Administración de Justicia conlleva poner en altísimo riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en nuestra Constitución», incide. «Creo que ya está bien, y es momento de priorizar esos derechos fundamentales de todos los ciudadanos y profesionales, dejando a un lado los meros intereses particulares».